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Clippve exige derogar leyes que restringen derechos en Venezuela

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos se reunió con la delegación opositora y solicitó la derogación de la ley contra el odio y otras normativas que limitan derechos fundamentales. En medio de un contexto de reformas legislativas, la presión por la liberación de presos políticos se intensifica.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha alzado la voz este viernes, exigiendo a la delegación opositora en diálogo con el chavismo que intervenga para derogar la polémica ley contra el odio y otras normativas que, según su criterio, "restringen el ejercicio de los derechos fundamentales" en Venezuela.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el Clippve denunció que estas leyes han sido utilizadas para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, y restringir la libertad de expresión, además de amenazar la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. "Esto contraviene las garantías consagradas en la Constitución", subrayó la ONG.

Durante la reunión, que tuvo lugar el jueves, también se abordó la Ley de Fiscalización de las ONG, aprobada en 2024, que diversas organizaciones consideran un ataque a la libre asociación. Además, el Clippve reiteró su solicitud para la liberación de los 322 presos políticos que, según Foro Penal, permanecen encarcelados en el país.

Esta declaración del Clippve se produce en un momento crítico, ya que el Parlamento evalúa una reforma parcial de la ley contra el odio, a solicitud de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, quien reconoció en septiembre que la ley ha sido mal aplicada y utilizada de manera abusiva, tal como han denunciado durante años varias ONG y la oposición.

Desde la aprobación de esta ley en 2017, al menos 927 personas en Venezuela han sido acusadas de "incitación al odio", según datos recientes de Foro Penal. La legislación, que establece penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio, fue impulsada por el entonces presidente Nicolás Maduro en un intento por sofocar las protestas masivas que sacudieron al país ese año.

Defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, han criticado esta ley, señalando que ha sido utilizada como un instrumento para "perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas" hacia ciertos sectores del poder.

La delegación opositora en el diálogo ha informado que ha mantenido reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales para revisar las garantías civiles y políticas en el marco de la renovación de las instituciones en Venezuela.

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