Clamor por presos los políticos en Venezuela: “Tememos otros crímenes como el de Fernando Albán”

Este lunes, 28 de octubre, Yandir Loggiodice, secretario general del Partido Centro Democrático (PCD) y miembro del Comando Venezuela a nivel nacional, hace un llamado urgente a la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que intervengan por la situación de 1905 presos políticos en Venezuela.

“Esta solicitud la hacemos de conformidad con la carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de Roma. Queremos que representantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Fiscalía de la CPI vengan a Venezuela y se conviertan en veedores de los detenidos. No podemos esperar que ocurra otro crimen como el de Fernando Albán. Tememos lo que pueda suceder”, expresa en entrevista con Versión Final el dirigente nacional del PCD e integrante del Comando Venezuela.

Loggiodice advierte que la situación de los presos políticos en Venezuela alcanza niveles críticos de violación de derechos humanos, con denuncias alarmantes sobre la falta de garantías judiciales, desinformación sobre su ubicación y situación de salud, además de las condiciones inhumanas en los centros de reclusión.

La medida forma parte de una campaña que iniciará el Partido Centro Democrático en todas las instancias nacionales e internacionales para solicitar que organismos de defensa de derechos humanos de la comunidad internacional, entre ellos la Unión Europea, el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos y la propia CPI.

“Solicitamos que visiten Venezuela y en conjunto con organismos nacionales, como el Foro Penal o la ONG Sin Mordaza y la propia Red de Familiares de las Víctimas de la represión puedan servir de garantes y de observadores de las condiciones que hoy tienen los presos políticos en Venezuela”, sostiene el dirigente opositor.

Violación del debido proceso

En palabras de Loggiodice, abundan los testimonios de familiares de las víctimas que denuncian que las audiencias preliminares de muchos detenidos se realizan de forma telemática desde Tocorón y Tocuyito, limitando gravemente el acceso a una defensa adecuada.

La mayoría de las audiencias se realizan sin contacto directo entre los detenidos y los defensores públicos, lo cual socava el derecho a un juicio justo, advierte.

El dirigente del PCD menciona lo ocurrido en el Alto Apure con la muerte del dirigente de Voluntad Popular, Edwin Santos, y recuerda además la muerte, hace cuatro años en la misma entidad, del concejal en ejercicio opositor Carlos Andrés García.

“Estamos muy preocupados por la situación de los presos políticos postelectorales. Entre ellos, jóvenes de 16 y 17 años que fueron detenidos sin el debido proceso ni derecho a la defensa privada. Tenemos información por parte de familiares que están siendo extorsionados por funcionarios de la PNB, Sebin y Dgcim para permitir el ingreso de medicinas y comida para los reclusos”, denuncia.

Otro caso que resalta son los de la dirigente y diputada Dinorah Hernández, quien a pesar de sufrir episodios de alergia extrema, no ha sido atendida de sus afecciones por médicos especialistas en su sitio de reclusión.

“Dentro de los calabozos del Sebin sufrió signos de maltrato extremo William Dávila, quien tuvo que ser transportado de emergencia a una clínica. Todo este conjunto de situaciones que ocurren nos obliga a levantar la voz ante la comunidad internacional sobre lo que viene sucediendo”.

De acuerdo con Loggiodice los familiares de los presos políticos también denuncian la falta de acceso a los actos conclusivos del Ministerio Público, lo que deja a los detenidos en completa indefensión frente a la maquinaria judicial del Estado.

Vicios legales de acusación

En múltiples casos, según el secretario general del PCD, los tribunales aceptaron las acusaciones de la fiscalía sin la participación de las víctimas en la fase de investigación y sin resolver los vicios legales de la acusación pruebas contundentes, creando un desequilibrio importante en el proceso penal, que finalizará seguramente en condenas injustas.

Por último, el líder opositor denuncia que los detenidos enfrentan condiciones inhumanas en los centros penitenciarios. Según los testimonios de allegados, los presos sufren una rápida pérdida de peso debido a la pésima calidad y escasez de los alimentos.

“La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado mientras se violan impunemente los derechos humanos en Venezuela. La CPI, la OEA y la ONU deben intervenir para exigir rendición de cuentas y poner fin a estas prácticas inhumanas que atentan contra la dignidad humana y el derecho internacional”, concluye.