Cierre de oficina de la ONU en Caracas afectaría a víctimas y a Maduro, dicen expertos

Defensores de derechos humanos expresaron su rechazo ante las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro de tomar medidas bilaterales y multilaterales en represalia ante la extensión del mandato de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela.

Los activistas calificaron de "insólita" e irrespetuosa hacia el sistema internacional que busca la protección de los DD. HH., la participación del representante de Miraflores ante el Consejo de DD. HH. de la ONU, Héctor Constant, durante la votación de este 7 de octubre, en la que se sometió a consideración la prórroga a la Misión por dos años más, aprobada por 19 países.

"La actitud del Gobierno ante la extensión del mandato de la Misión revela aún más su naturaleza no democrática y ratifica las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela", expresó el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.

El activista recordó que Miraflores y la anterior Alta Comisionada de DD. HH., Michelle Bachelet, firmaron un acuerdo de cooperación en septiembre de 2019, que dio acceso a sus funcionarios al territorio nacional, aunque con restricciones.

En este sentido, advirtió, el Ejecutivo nacional podría no renovar el trabajo con el nuevo Alto Comisionado, Volker Turk, o solo suspender la agenda y someterla a un proceso largo de negociaciones. En este último caso, que considera el escenario más probable si Maduro cumple sus amenazas, los funcionarios en el país quedarían en un limbo y no podrían recibir a víctimas, representantes ni ONG, reseñó Efecto Cocuyo.

La abogada Andrea Santacruz, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), recalcó que el Estado venezolano tiene el deber de cooperar con todos los mecanismos de protección de derechos humanos y no solo con los de su elección. Resaltó que fue una petición de países como México, pese a que este país se abstuvo en la votación junto a otras 23 naciones como Argentina.

Subrayó que la verdadera voluntad de mejorar la situación de derechos humanos en el país se evidencia en una cooperación genuina con el Sistema Universal de Protección. Advirtió también que cualquier acto de retaliación por la extensión de la Misión es contrario al Derecho Internacional.

"Para las víctimas tendría como consecuencia el cierre de un espacio valioso para dar información inmediata de los casos y violaciones de derechos humanos. Para el Estado, evidenciaría una importante falta de voluntad que tendría efectos en sus relaciones con la comunidad internacional", señaló Santacruz sobre el riesgo de cierre de la oficina del Alto Comisionado de DD. HH. en Venezuela.

El abogado defensor de presos políticos y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Joel García, apuntó que la reacción del gobierno de Maduro es un "huir hacia adelante" frente a los señalamientos por crímenes de lesa humanidad, por los que tienen una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI).

Advirtió que Miraflores con su manejo comunicacional intentará convertir en "victoria" el fracaso no solo en la ONU sino en la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que tampoco logró que se le retiraran las credenciales a Gustavo Tarre Briceño como representante del Parlamento de 2015. Lo cierto, recalcó, es que sufrió dos reveses importantes.

"Venezuela quiere mantener un puesto en el Consejo de DD. HH., pero no es merecedor de estar sentado allí por el talante poco democrático demostrado y porque no está dispuesto a tomar decisiones para que no se violen más derechos humanos en Venezuela, para que se liberen presos políticos y no se encarcele a nadie más por motivos políticos, para que cesen las torturas", sostuvo.