Canadá también se pronuncia contra inhabilitación de María Corina Machado
Condena las acciones antidemocráticas en Venezuela, respaldando a la precandidata y exigiendo un proceso electoral transparente, lo que aumenta la presión sobre el régimen de Maduro
La inhabilitación a María Corina Machado sigue elevando el termómetro de países demócratas. Esta vez Canadá se ha pronunciado en contra de la medida del Gobierno de Maduro que pretende eliminar de las elecciones presidenciales de 2024 a la precandidata opositora del partido Vente.
Ha sido un tuit lanzado desde la cuenta oficial de Twitter de la embajada de Canadá en Venezuela @EmbCanVenezuela, donde se expresa preocupación por las prácticas antidemocráticas empleadas desde Miraflores.
El rechazo de Canadá, donde gobierna el primer Ministro Justin Trudeau, se une a los llamados desde Colombia (el primero en pronunciarse al respecto), Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Paraguay y Uruguay, desde donde demandan elecciones libres y transparentes para 2024.
Canadá expresa su preocupación por la inhabilitación de María Corina Machado y otros candidatos presidenciales e insta a las autoridades venezolanas a tomar medidas inmediatas para garantizar unas elecciones libres y justas. El pueblo venezolano merece la vuelta a la democracia.
— Canadá en Venezuela (@EmbCanVenezuela) July 4, 2023
La inhabilitación
José Brito, diputado por del PSUV a la Asamblea Nacional solicitó a la Contraloría General de la República la inhabilitación de Machado por violar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control Fiscal. El pasado 30 de junio el propio Brito hizo público el estatus de su solicitud y confirmó que la inhabilitación contra la precandidata de oposición, una de las que lidera hoy las encuestas de cara a las primarias de octubre próximo, se hacía efectiva.
El texto al que hacía referencia Brito llevaba la firma el director general de Procedimientos Especiales de este poder público, Antonio José Meneses Rodríguez, quien acusó a Machado de actos que "atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela".
Entre los argumentos expuestos hablan de fondos por aclarar de su patrimonio en entidades financieras nacionales e internacionales, pero además dicen que está supuestamente implicada en "la trama de corrupción orquestada por el usurpados Juan Gerardo Guaidó Márquez". Mencionan entre esos hechos la "entrega de Citgo a la minera canadiense Crystallex, la de Monómeros en Colombia y en el bloqueo de 10 millones de dólares para la compra de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo Covax".
Igualmente la inculpan de sustracción de recursos de la ayuda humanitaria que en 2019 se intentó ingresar por Cúcuta y solicitar sanciones contra Venezuela. Por último dicen que en su condición de diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela incumplió el artículo 191 de la Constitución de 1999 al aceptar un cargo de un gobierno extranjero, al referirse a la acreditación de representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que cumplió anteriormente una sanción de un año.
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