Bloque Constitucional en España rechaza reforma del TSJ y exige mayor participación ciudadana

El Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela rechazó la reforma anunciada de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y calificó de “absoluta e inequívocamente inconstitucional” la propuesta de modificación del artículo 65.

El grupo de opinión, con sede en España, señaló que la reforma plantea que el Comité de Postulaciones Judiciales esté integrado por 23 miembros designados por la plenaria de la Asamblea Nacional, de los cuales 11 serían diputados y 12 postulados por otros sectores de la sociedad.

La organización cuestionó que representantes del Poder Legislativo formen parte del Comité, al considerar que esta disposición contradice el artículo 270 de la Constitución de 1999, que establece que dicho organismo debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, conforme a lo establecido en la ley.

Exigen eliminar el artículo en segunda discusión

El Bloque Constitucional exigió que durante la segunda discusión legislativa sea eliminado el artículo 65 en los términos en que fue planteado y sustituido por una norma que garantice una representación plural, equilibrada y efectiva de la sociedad civil.

La propuesta, según el grupo, debería incluir a sectores vinculados con la defensa de los derechos humanos, la administración de justicia, las academias, universidades, gremios profesionales y otras expresiones organizadas de la sociedad.

Asimismo, pidió que no existan exclusiones por razones políticas, ideológicas, económicas, sociales, de género, origen, condición u otras circunstancias.

Piden criterios públicos para seleccionar postulados

El Capítulo España también planteó que, antes de recibir las postulaciones, sean publicados los criterios de evaluación, ponderación y selección que regirán el proceso.

A su juicio, estos mecanismos deben garantizar la independencia, idoneidad, integridad, pluralidad y representatividad de las personas postuladas, además de promover la participación efectiva de mujeres, hombres y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados o vulnerables.

La organización insistió en que la participación de los distintos sectores sociales no puede convertirse en una mera formalidad ni quedar subordinada a criterios de representación política partidista.

Finalmente, el Bloque Constitucional demandó garantizar una participación autónoma, plural y efectiva de la sociedad civil en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, al considerar que esto resulta indispensable para preservar la independencia, legitimidad y credibilidad del proceso de selección de las altas autoridades del Poder Judicial.

El acuerdo fue suscrito en Madrid, España, el 31 de agosto de 2026, y la organización anunció que será remitido a organismos nacionales e internacionales vinculados con la administración de justicia y los derechos humanos.