Audiencia Nacional de Madrid investigará a Rodríguez Torres y Luis Ortega por presuntas torturas
Se trata de una querella solicitada por una opositora venezolana, Dulce Bravo, registrada además por los abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex). La acción penal fue interpuesta el pasado lunes por los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle, en nombre de la mujer de 57 años, refugiada en Argentina desde 2013. Ella relató una serie de torturas que sufrió a manos de la inteligencia venezolana
La Audiencia Nacional de Madrid investigará al exministro de Relaciones Interiores y exdirector del Sebin, Miguel Rodríguez Torres, y a la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ambos asilados en España, por crímenes de lesa humanidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, solicitó a la Fiscalía española que emita un informe que determine si es competente para conocer de esta querella presentada contra los dos altos cargos venezolanos, reseña TheObjective.
Se trata de una querella solicitada por una opositora venezolana, Dulce Bravo, registrada además por los abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex).
La acción penal fue interpuesta el pasado lunes por los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle, en nombre de Bravo, de 57 años, refugiada en Argentina desde 2013. Manos Limpias también se adherirá al escrito, que señala a Rodríguez Torres y a Ortega Díaz, quienes abandonaron Venezuela tras criticar al gobierno de Nicolás Maduro.
Los juristas que representan a la denunciante opositora sostienen que el exministro y la exfiscal habrían incurrido en "conductas susceptibles de tener encaje en el tipo de lesa humanidad", previstas en el artículo 607 del Código Penal, así como en los delitos de tortura y contra la integridad moral que establece la misma norma entre los artículos 174 y 177. Peiró sostiene que la Audiencia Nacional, en virtud al principio de justicia universal, es competente para investigar a los querellados porque ambos residen en España.
Por su parte, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, asegura que Rodríguez Torres y Ortega tienen "la protección del ministro del Interior (de España), Fernando Grande-Marlaska".
Torturas
La opositora relata las torturas que sufrió por colaborar desde finales de 2002 con un grupo de militares opositores al gobierno chavista que se instalaron en la Plaza Altamira de Caracas, agrega TheObjective.
Destacó que el pasado 9 de mayo de 2003, tres hombres con acento cubano se bajaron de un coche negro, le pusieron un pañuelo en el rostro y la montaron en el vehículo medio adormecida. Cuando se despertó, estaba en una sala medio desnuda y con las manos atadas en una silla mientras le hacían preguntas.
Me administraron hipnóticos y me escribieron en la espalda, vientre y pechos amenazas contra el general Felipe Rodríguez y los disidentes de la plaza Altamira", describe Bravo. El chavismo detuvo y torturó a la mujer en varias ocasiones más, como explica en la querella. En una de esas ocasiones, un funcionario pidió que avisaran al jefe, Rodríguez Torres, que "dio la orden de que fuéramos llevados al famoso cuartico de la verdad".
Bravo narra que permaneció con una capucha negra y que le colocaron en las muñecas unas esposas. "Me sentaron en una silla y comenzaron a hacerme preguntas, darme golpes en la cabeza con algo que se sentía como un tubo. Luego me golpeaban las rodillas con algo metálico y me ardía muchísimo".
Más tarde fue violada por varios agentes y la llevaron a una zona de ordenadores para que escribiera unos mensajes. Como no quería hacerlo "me dieron un golpe a puño cerrado que me dislocó la mandíbula y perdí el conocimiento". Cuando despertó estaba bañada en sangre y "me dolía hasta el alma".
La dama señaló a Rodríguez Torres (entonces director de la Disip -transformado años después en el Sebin-) de ofrecerle una finca y una maleta llena de dinero si le decía dónde estaba el general (el opositor Felipe Rodríguez).
Además, lo acusó de ordenar que la obligaran a firmar a punta de pistola que no había sido torturada.
Sobre la exfiscal, Bravo afirmó que ella le negó el derecho a declarar en tribunales y además emitió una orden en su contra. Esa orden decía que "debía ser investigada y que se me siguiera a todas partes".
Ambos exaltos funcionarios optaron por asilarse en España. Ortega fue destituida como Fiscal General por la entonces Asamblea Nacional Constituyente en 2017, mientras que el exministro y exdirector del Sebin fue detenido en 2018 por expresar su desacuerdo con Maduro.
La exalto cargo solicitó asilo en España en octubre de 2021 y Rodríguez ya tiene dos años en la capital española.