Arreaza minimiza detención de Oscar Morales, pero las secuelas son inquietantes
La reacción del diputado chavista Jorge Arreaza al caso de Óscar Morales es un claro ejemplo de la estrategia de deslegitimación que el oficialismo utiliza frente a las denuncias de abusos. En lugar de ofrecer una explicación sobre las circunstancias de la detención del activista, Arreaza optó por relativizar el hecho y compararlo con situaciones en Estados Unidos.
Parece que para ellos el señor salió demasiado rápido. Se les aguó la fiesta de manipulación sentimental y política que estaban armando. Como si en cualquier país del mundo no se produjera alguna detención en el marco de protestas. Ni hablar de lo que ocurre en la Florida…”, escribió Arreaza en X, tras la liberación de Morales el 12 de septiembre, quien había sido detenido por varias horas después de participar en una movilización de familiares de presos políticos hacia Miraflores.
La detención de Morales generó alarma, ya que durante horas su familia y organizaciones que apoyan a los presos políticos desconocieron su paradero. Sin embargo, lo que Arreaza despacha como una simple “fiesta de manipulación” esconde una serie de episodios que el propio Morales calificó de inquietantes. El activista relató que fue trasladado entre distintas sedes policiales, esposado y encapuchado, mientras los funcionarios alegaban que actuaban por una “orden superior”.
Además, Morales reveló que le abrieron un expediente por supuesto “porte ilícito de arma”, a pesar de que durante la movilización solo había elaborado y repartido mensajes artesanales en apoyo a los presos políticos. “Yo no sabía que marchar era un delito. Y que era un arma. Y que un panfleto era un arma”, expresó tras recuperar su libertad.
La historia se torna aún más compleja cuando Morales asegura que un funcionario de la policía terminó reconociendo la injusticia del procedimiento y le comunicó que sería liberado. Según su testimonio, el expediente quedó sin efecto y le devolvieron sus pertenencias antes de dejarlo en libertad.
Arreaza, quien además es presidente de la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la Ley de Amnistía, no ha ofrecido una explicación convincente sobre por qué una detención que incluyó encapuchamiento, traslados forzosos y un expediente que posteriormente fue desestimado debería ser considerada simplemente como un hecho más en el contexto de una protesta. ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando se minimizan estos episodios de violencia institucional?
