Aplazan por tercera vez el juicio de Rocío San Miguel por “ahorro energético”
En 13 meses de su detención Rocío no ha podido tener audiencias. En dos ocasiones fueron aplazadas por “falta de traslado”, y, esta tercera, por políticas implementadas por el Gobierno nacional de reducción de horario laboral para preservar la energía eléctrica. San Miguel es acusada de participar en una supuesta operación para asesinar a Nicolás Maduro
El inicio del juicio de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, se aplazó este lunes por tercera vez consecutiva, esta vez, alegando medidas de “ahorro energético” en las instituciones gubernamentales.
En 13 meses de su detención Rocío no ha podido tener audiencias. En dos ocasiones fueron aplazadas por “falta de traslado”, y, esta tercera, por políticas implementadas por el Gobierno nacional de reducción de horario laboral en las instituciones públicas para así ahorrar energía eléctrica, reseñó El Nacional.
San Miguel, de 58 años de edad y con nacionalidad venezolana y española, es acusada de participar en una supuesta operación para asesinar a Nicolás Maduro. La nueva fecha para el juicio fue fijada para el 26 de mayo, un día después de las elecciones parlamentarias y regionales en el país.
La experta militar y directora de la ONG Control Ciudadano permanece recluida en El Helicoide, la sede del servicio de inteligencia venezolano (Sebin), señalada por organizaciones de derechos humanos como un centro de torturas.
Fue arrestada el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a salir del país junto con su hija, Miranda Díaz, de 25 años de edad. Esta última fue liberada bajo régimen de libertad condicional, mientras que el expareja de San Miguel, un militar retirado, también está detenido por el mismo caso.
Sus abogados denuncian que la activista padece una lesión no tratada en un hombro por fractura y que solo puede recibir visitas de su hija. Además, destacan que sus defensores de confianza no han podido juramentarse como sus representantes legales, por lo que el caso está en manos de la defensoría pública, acusada de actuar en coordinación con la Fiscalía.