Amnistía Internacional denuncia “un pico de aumento de represión, torturas y desapariciones forzadas” en Venezuela

En un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la crisis venezolana, denunciaron la represión registrada contra las protestas postelectorales, así como las detenciones de ciudadanos.

“Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, al menos 24 personas perdieron la vida; muchas de estas muertes podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, incluyendo a dos menores entre las víctimas”, señala la organización pro derechos humanos en su informe correspondiente a 2024 publicado este martes.

AI indica que, para octubre del año pasado, la ONG venezolana Foro Penal había documentado más de 1.900 arrestos, entre ellos 129 niños. Afirma que muchos de los detenidos sufrieron desapariciones forzadas durante días y fueron llevados ante tribunales antiterroristas sin las garantías procesales adecuadas.

La organización internacional expresó también su profunda preocupación ante las denuncias de torturas y tratos crueles infligidos a los detenidos, entre ellos niños y mujeres, que fueron sometidos a golpizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual.

También denunciaron que las condiciones en los centros de detención siguen empeorando: “El hacinamiento extremo, la falta de acceso a alimentos y agua potable, así como una atención médica inadecuada son comunes”.

Recordó la reciente expulsión de más de 200 venezolanos de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de orden judicial que prohibía expresamente su traslado.

“Este acto no solo representa un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno del presidente Donald Trump”, afirma.

La organización señala que 82 % de la población venezolana vive en condiciones de pobreza, con 53 % sumido en la pobreza extrema. El salario promedio apenas supera los tres dólares.

“La población continúa careciendo de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, con un sistema de salud pública colapsado y escasez de medicamentos esenciales”, señala el informe.

“La situación es dramática”

Nastassja Rojas Silva, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, ofreció detalles en una entrevista con la Revista Semana sobre la investigación hecha en torno a las violaciones a los derechos humanos. “La situación en este momento es dramática y de gran preocupación”, apuntó.

¿La situación de derechos humanos en Venezuela sigue igual o ha empeorado?

Nastassja Rojas: Hay una intensificación de muchos factores asociados al contexto particular de Venezuela, específicamente por el 28 de julio (elecciones presidenciales), que es un punto de quiebre que genera mucha más represión y un repunte de personas detenidas. Además, hay unas condiciones estructurales que son propias de la emergencia humanitaria compleja que hay en el contexto venezolano. Tenemos casos de personas que son desaparecidas de manera temporal o que son detenidas por razones políticas.

Usted habla de personas detenidas y muchas de ellas son colombianas. ¿Son presos políticos o rehenes?

N.R.: Las personas detenidas por razones políticas y lo que se llama prisioneros de conciencia son venezolanos. Sin embargo, hay casos de colombianos en un escenario, como podemos documentar en el informe, de detención sin garantías, tortura, sin debido proceso y que viola la presunción de inocencia.

Se han agravado las condiciones de derechos humanos en Venezuela...

N.R.: No nos cabe duda. En nuestro nuevo informe se menciona que a partir del 28 de julio se marca otra etapa dentro de la represión en Venezuela. Hay una dinámica particular: el Gobierno en ocasiones suelta un poco y aliviana las condiciones, pero luego vuelve y reprime, y eso es lo que sucedió después del 28 de julio, pero en unas dimensiones que antes no habíamos visto. Hay personas detenidas con perfiles que no se habían reportado antes, como es el caso de Rocío San Miguel, caso que dice mucho de lo que está pasando, así como reportes de menores de edad detenidos que fueron torturados y no se les permitieron visitas de sus familias. Venezuela está en el último lugar en el ranking que mide el Estado de derecho.

Lo que la hace comparable con los peores gobiernos del mundo...

N.R.: Acá medimos varios temas institucionales como el debido proceso, tener derecho a una defensa y separación de poderes. Realmente, no hay una institucionalidad. El hecho de que tengamos que presentar el informe de Venezuela en Colombia ya dice mucho de cuáles son las condiciones allá.

¿Qué tiene de diferente esta crisis a las anteriores?

N.R.: Hay varios elementos. En el informe se habla de un pico de aumento de represión, torturas y desapariciones forzadas. También otro elemento diferencial es que se hace en un contexto en el que hay un colapso absoluto de todos los sistemas de servicios básicos de atención. En 2024 se da una expulsión tácita de la mayoría de las organizaciones con cambios legislativos como la ley contra las ONG y la Ley Simón Bolívar, que van a impedir que las organizaciones sigan funcionando en el interior de Venezuela. Están expulsando a quienes lograban visibilizar lo que sucedía en el país.

¿Qué papel ha tenido la relación diplomática de Colombia con Venezuela en esta nueva etapa?

N.R.: En un primer momento, generó mucha esperanza dentro de la población migrante, pero esto no ha provocado cambios reales en las condiciones de vida de las personas. Es muy difícil acceder a un pasaporte, no se pueden sacar cédulas, ponen muchas trabas para que los niños puedan registrarse. La gente se desinfló de ese proceso y la gran petición que se le hace al Gobierno colombiano es reactivar los mecanismos de protección y de regularización de la protección migrante, mecanismos que desde el año pasado están inactivos. En este momento, hay al menos 400.000 personas de forma irregular, entonces resulta paradójico que no se estén teniendo esos puentes de diálogo, especialmente también para las personas defensoras de derechos humanos que están llegando a Colombia.

¿El restablecimiento de las relaciones diplomáticas ha ido en detrimento de las condiciones para los migrantes venezolanos en Colombia?

N.R.: No diría que, en detrimento, pero sí se esperaba mucho más dentro de ese proceso.

¿Qué mensaje deja que ustedes tengan que presentar el informe en Colombia y no en Venezuela?

N.R.: Esto es un mensaje claro al reconocer la situación de lo que pasa en Venezuela, de la inexistencia de condiciones de Estado de derecho en Venezuela, porque allá no existe la libertad de expresión. Por otro lado, tenemos un retroceso en las garantías a la población migrante que nos preocupa profundamente porque puede generarse una nueva etapa en la movilización de personas.