Amnistía Internacional denuncia impunidad en violaciones a los DD. HH. en Venezuela durante 2024
El documento señaló que las protestas tras las presidenciales “se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza". La organización también indicó que en 2024 “se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, defensores de los derechos humanos y periodistas, incluidos centenares de menores de edad”
Amnistía Internacional (AI) denunció que la “impunidad” por las “violaciones” de derechos humanos prevalece en Venezuela tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, meses en los que se han convocado marchas opositoras contra Nicolás Maduro.
“La impunidad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada”, señaló AI, en un informe correspondiente al año 2024 y difundido este lunes por Infobae.
El documento señaló que las protestas tras las presidenciales “se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales”.
La organización también indicó que en 2024 “se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, defensores de los derechos humanos y periodistas, incluidos centenares de menores de edad” y que, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, “al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental a las protestas”.
“Dos de las víctimas eran menores de edad. Según informes, también perdió la vida de forma violenta un policía. Todas las muertes, menos una, se produjeron por heridas de bala”, apuntó AI y agregó que organizaciones de derechos humanos responsabilizaron de estos hechos a cuerpos de seguridad del Estado y a “grupos armados civiles progubernamentales”.
Igualmente, aseguró que había 221 mujeres que seguían arrestadas en diciembre pasado.
Las detenciones masivas, aseguró Amnistía Internacional, se llevaron a cabo “sin orden judicial y sin que las personas afectadas hubieran sido sorprendidas cometiendo actos ilegales”. La Fiscalía, por su parte, acusa a los arrestados de varios delitos.
Los detenidos, agregó, eran obligados a recibir “asistencia letrada de oficio que carecía de independencia” y sus familiares “pasaban días sin obtener información sobre su paradero, aun cuando se tratara de menores de edad”.
También advirtió que las personas detenidas fueron “presuntamente torturadas” y que las condiciones de reclusión “siguieron deteriorándose”.
Según el informe, en 2024 los periodistas “seguían corriendo peligro de detención arbitraria y hostigamiento, y el Gobierno persistió en sus intentos de dificultar la labor de los medios de comunicación independientes”.