Amnistía Internacional culpa al gobierno de Maduro por desapariciones forzadas y torturas en Venezuela
Según la organización no gubernamental (ONG), dichas prácticas constituyen una violación a los derechos humanos, y forman parte de la “política de represión ejercida por el Gobierno”. El principal objetivo del Ejecutivo serían aquellos “quienes criticaban”, que luego eran objeto de “detención arbitraria, desaparición forzada y tortura, con la aquiescencia del sistema judicial”
Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual este martes, en donde responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por numerosos casos de desapariciones forzadas y torturas ocurridas en Venezuela, con especial foco contra dirigentes de la oposición.
Según la organización no gubernamental (ONG), dichas prácticas constituyen una violación a los derechos humanos, y forman parte de la “política de represión ejercida por el Gobierno”.
Las víctimas de estos atropellos comparecen ante tribunales por acusaciones de “asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo”, según AI.
La organización además expone que los detenidos permanecen “meses, o incluso años” a la espera de sus juicios en “centros militares o policiales”.
“Persistían las tácticas represivas de las autoridades, como la utilización del sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defendían los derechos humanos”, señaló el informe.
El principal objetivo del Ejecutivo serían aquellos “quienes criticaban”, que luego eran objeto de “detención arbitraria, desaparición forzada y tortura, con la aquiescencia del sistema judicial”.
“Quienes pertenecían, o se consideraba que pertenecían, a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos”, aseguró AI.
Sobre las condiciones de los centros de detención, la ONG resaltó con preocupación que “siguieron empeorando”, destacando como principales problemas “el hacinamiento y la provisión insuficiente de comida y agua”.
“La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal”, agregó.