Amnistía en Venezuela: ONG advierte que medida perdona al propio Estado
Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela señaló que la ley busca también brindar seguridad jurídica a potenciales inversionistas internacionales. Según la ley, la amnistía aplica a delitos cometidos durante eventos históricos como el golpe de Estado de abril de 2002. Subrayó la necesidad de construir una agenda de derechos humanos que incluya libertad de expresión y separación de poderes
Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, expresó su preocupación por la ley de amnistía aprobada en febrero por el Palacio Federal Legislativo, señalando que, aunque teóricamente abarca el período de 1999 a 2026, en la práctica solo contempla 13 hechos específicos.
"Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido”, afirmó Gómez durante su visita a Paraguay. El activista criticó que la norma carece de un proceso de establecimiento de la verdad que evite la repetición de violaciones de derechos humanos y que, en la práctica, coloca a las familias de detenidos políticos en la posición de “rogar” por la libertad de sus parientes sin garantías claras.
Según la ley, la amnistía aplica a delitos cometidos durante eventos históricos como el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero de diciembre de 2002, las manifestaciones de 2004, 2007, 2009, 2013, 2017 y las elecciones de 2024 y 2025, así como a actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021.
Gómez señaló que la ley busca también brindar seguridad jurídica a potenciales inversionistas internacionales, pero advirtió que “esto es una trampa si se construye alrededor de un autoritarismo judicial que decide quién queda en libertad”.
El activista denunció que, hasta ahora, solo 690 personas han sido beneficiadas con la amnistía, y que cifras mayores presentadas por el Estado corresponden a propaganda sobre personas previamente excarceladas bajo régimen de presentación. Pidió además que se publique un listado completo de los detenidos, porque “el propio Estado no tiene claridad del alcance de su represión”.
Por último, Gómez destacó que la participación de la sociedad civil es clave para evitar la reproducción de patrones autoritarios. Subrayó la necesidad de construir una agenda de derechos humanos que incluya libertad de expresión y separación de poderes, y que permita al país aprovechar de manera justa los recursos de su subsuelo.