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Advierten sobre riesgo de salud de Perkins Rocha y otros dos presos políticos

Rocha, abogado y asesor jurídico de la principal coalición opositora, fue detenido en agosto de 2024 y sufre una compleja condición médica: “tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud, entre ellos hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis”. Otro de los presos fue operado del corazón y otra más padece de hernias discales

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por la opositora María Corina Machado, denunció este miércoles que la salud de los presos políticos Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda “está en riesgo” y exigió su liberación inmediata para que “puedan sanar en dignidad”.

A través de la red social X, la organización detalló que Rocha, abogado y asesor jurídico de la principal coalición opositora, fue detenido en agosto de 2024 y sufre una compleja condición médica: “tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud, entre ellos hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis”. Según VV, permanece aislado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, sin acceso a su médico de confianza, a pesar de contar con medidas cautelares, publica Efecto Cocuyo.

Sobre Iriarte, detenido en junio de 2024, el partido indicó que fue operado del corazón, es asmático e hipertenso y que en el Sebin le diagnosticaron cardiomegalia (corazón agrandado). Además, denunciaron que tras su traslado al penal Yare II, en el estado Miranda, no se le permitió llevar sus medicamentos.

En el caso de Marianela Ojeda, arrestada en enero de este año y recluida en el estado Trujillo, VV advirtió que padece hernias discales que le dificultan moverse, duerme en el suelo y sufre un deterioro de su salud emocional, sin posibilidad de ser atendida por su médico privado.

Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda no pueden esperar: negarles atención médica es condenarlos lentamente”, señaló la organización.

El pronunciamiento se produce dos días después de que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela alertara que las investigaciones realizadas en el último año confirman que continúa “el crimen de persecución por razones políticas”, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados —que dieron la reelección a Nicolás Maduro— fueron denunciados como fraudulentos por la oposición.

La misión advirtió que en el país “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, por lo que consideró que “la única esperanza de justicia para las víctimas” recae en la comunidad internacional.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 823 presos políticos, la mayoría detenidos después de los comicios presidenciales. El Gobierno y la Fiscalía niegan que existan detenidos por razones políticas y sostienen que todos enfrentan cargos por delitos comunes, afirmación que rechazan partidos opositores y organizaciones de derechos humanos.

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