Abogado de Gold Reserve cumple más de tres años preso sin juicio
El jurista fue detenido el 4 de junio de 2023 mientras almorzaba en un restaurante de Caracas, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar le solicitaron acompañarlos para una supuesta entrevista. De acuerdo con personas cercanas a su entorno, no existía una orden de aprehensión y, tras ser trasladado a la sede del organismo, quedó bajo custodia
José Ignacio Moreno Suárez, abogado especializado en derecho corporativo y representante legal en Venezuela de la empresa minera Gold Reserve Inc., permanece privado de libertad desde hace más de tres años sin que se haya fijado la fecha para el inicio de su juicio. Su familia y su defensa sostienen que el proceso judicial responde a las labores que desempeñó en el conflicto entre la compañía y el Estado venezolano.
El jurista fue detenido el 4 de junio de 2023 mientras almorzaba en un restaurante de Caracas, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le solicitaron acompañarlos para una supuesta entrevista. De acuerdo con personas cercanas a su entorno, no existía una orden de aprehensión y, tras ser trasladado a la sede del organismo, quedó bajo custodia. Desde entonces permanece recluido en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad ubicada en las afueras de la capital.
Precisa Infobae que el caso está vinculado a la disputa entre Gold Reserve y el Estado venezolano por el proyecto Brisas-Cristinas, uno de los mayores yacimientos de oro y cobre de América Latina. Tras un arbitraje internacional, ambas partes constituyeron en 2016 la empresa mixta Siembra Minera, integrada en un 45 % por la compañía y un 55 % por el Estado. Sin embargo, el proyecto no llegó a desarrollarse y la empresa anunció un nuevo arbitraje luego de que las autoridades revocaran los derechos mineros de la sociedad.
La Fiscalía imputó a Moreno Suárez por los delitos de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir. Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuran un correo electrónico enviado a una periodista y conversaciones de WhatsApp relacionadas con estrategias jurídicas de Gold Reserve frente al Estado venezolano. La defensa sostiene que esas actuaciones forman parte del ejercicio profesional del abogado y considera que el proceso penal constituye una represalia por representar a la empresa.
Más de tres años después de su arresto, el juicio continúa sin comenzar. La defensa solicitó este año la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2026, petición que fue rechazada tras quedar sin efecto esa normativa. También pidió el cese de la medida de privación preventiva de libertad por el vencimiento de los lapsos procesales, solicitud que igualmente fue negada y permanece en fase de apelación. El expediente está siendo tramitado por el Tribunal Segundo Especial contra el Terrorismo.
La familia también manifiesta preocupación por el estado de salud del abogado. De acuerdo con la documentación presentada por su defensa, ha perdido cerca de 70 kilos durante su reclusión y padece hipertensión arterial, esófago de Barrett y una afección prostática que requiere atención médica especializada. Sus allegados aseguran que en varias oportunidades han solicitado autorización para el ingreso de medicamentos y tratamientos, sin obtener respuesta favorable.
El caso ha tenido además consecuencias para su entorno familiar. Según la defensa, durante la investigación fueron incautados inmuebles, vehículos, empresas y otros bienes vinculados al abogado, mientras que sus padres abandonaron Venezuela. Asimismo, su hija Priscilla Moreno fue detenida durante más de un mes tras visitar a su padre en la sede de la Dgcim y, aunque posteriormente recuperó la libertad, continúa sometida a medidas cautelares que le impiden salir del país.
Tras el terremoto del pasado 24 de junio, familiares denunciaron nuevas dificultades para comunicarse con Moreno Suárez. Según los testimonios recogidos, durante el sismo los internos permanecieron encerrados en sus celdas mientras los custodios abandonaban temporalmente las instalaciones y solo horas después fueron trasladados a los pasillos del penal. También aseguraron haber observado grietas en la infraestructura y denunciaron el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y perdigones para obligar a algunos reclusos a regresar a sus celdas después de las réplicas.
Los allegados del abogado también afirmaron que permaneció cerca de tres semanas sin contacto con su familia y que las visitas solo fueron autorizadas luego de advertir que denunciarían públicamente una posible desaparición. De acuerdo con el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), las visitas volvieron a ser suspendidas este mes sin explicación oficial y la familia pudo reencontrarse con él recientemente, aunque sin garantías de que los encuentros continúen. El abogado sigue recluido en El Rodeo I, sin sentencia y sin una fecha establecida para el inicio de su juicio.