A un año de las presidenciales, los presos postelectorales se deterioran en comandos policiales

El mes de julio marca un año de las numerosas detenciones de activistas, miembros de mesa y políticos en todo el país. A casi 12 meses de su aprehensión, su estado de salud se deteriora por las condiciones de los reclusorios.

Comandos policiales y militares, donde se aplica prisión preventiva de máximo 48 horas, también han pasado a ser "centros de reclusión permanentes", de acuerdo con un artículo publicado por Tal Cual.

La ONG Foro Penal calculó 940 detenidos por razones políticas en todo el país hasta el 30 de junio, de los cuales se desconoce el paradero de 50. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, al menos 80 permanecen detenidos en comandos policiales o militares.

En el mismo contexto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha calificado los centros de detención preventiva como sitios "de tortura prolongada", debido a que miles de personas "permanecen detenidas durante semanas, meses e incluso años sin juicio ni sentencia firme".

Las condiciones de estos lugares, según el OVP y Una Ventana a la Libertad, replican lo que sucede en las cárceles en mayor escala: hacinamiento que alcanzó un 312,5 % hasta junio del año pasado, escasez de agua potable, falta de ventilación, carencia de servicios sanitarios y de atención médica.

La carga y violencia de estos lugares también se traspasa a los familiares de los detenidos, quienes deben suplir las necesidades básicas de los detenidos y llevar de forma diaria comida y agua, al igual que procurar medicamentos y artículos de higiene.

"Muchas veces a costa de ser extorsionados o de dormir en las afueras de comandos policiales, bajo condiciones humillantes", ha señalado el OVP.

"En muchos casos, los detenidos ni siquiera han sido presentados ante tribunales o enfrentan procesos viciados por el retardo procesal, quedando atrapados en un limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa. Esta situación vulnera principios fundamentales del debido proceso y convierte la detención en una pena anticipada e injusta", insistió el OVP en una alerta.

Esa "condena anticipada" la viven Mayra Castro, Génesis Riera o Jesús Enrique Barreto, tres de los más de 80 presos poselectorales que están detenidos en comandos policiales o pasaron por esos lugares antes de su traslado a una cárcel.

En el caso de la activista de Primero Justicia, Mayra Castro, de 47 años, fue detenida cerca de su vivienda, ubicada en el sector La Fila de Cúa, estado Miranda, el pasado 2 de agosto por funcionarios de la Policía Municipal de Urdaneta, luego de visitar a sus dos hijos más pequeños.

La detuvieron con un listado de militantes de PJ y dos modelos de actas electorales, que utilizó para la formación de testigos electorales que participaron en la elección del 28 de julio. El Ministerio Público la acusó de terrorismo, instigación al odio y ultraje a funcionario.

La activista política se encontraba detenida en el comando policial de Nueva Cúa; sin embargo, el pasado 6 de junio fue trasladada al centro penitenciario de mujeres La Crisálida, en Los Teques, por órdenes de tribunales.

"Sigue complicada de salud, puros pañitos de agua tibia, como dice el dicho. Incluso el día que nos enteramos que iba a ser trasladada estábamos en el hospital de Cúa con ella por problemas de la tensión y el dolor de la cervical", señaló una familiar a Tal Cual.

Además de problemas de hipertensión e infecciones en los ojos producto de las condiciones de reclusión, que causaron traslados constantes a un centro de salud, Castro tiene mucha inflamación en las piernas por la retención de líquidos. Su familia esperó casi un mes para poder ir a visitarla en La Crisálida por el llamado "periodo de adaptación".

"Seguimos sin noticias, sin apertura de juicio, sin nada. Esta es una situación que cada vez que vamos al Palacio de Justicia regresas con más impotencia, sentimientos encontrados, al no obtener una respuesta", afirma la familiar de Castro.