Valmore Muñoz Arteaga | Memoria, dignidad y democracia
Recientemente publiqué un artículo llamado Sangre en el rostro. Un artículo desde el cual recordaba los testimonios existenciales de Mario Briceño Iragorry, Leonardo Ruiz Pineda y Antonio Pinto Salinas. No solo buscaba rendirles un sencillo homenaje a estos tres venezolanos de excepción, sino ayudar a comprender a los ciudadanos de hoy que ningún inventario de obras públicas, por extenso que sea, puede servir de justificación moral para el asesinato político, la tortura, la censura o la agresión a un disidente, dentro o fuera de las fronteras nacionales. La dignidad de una persona no es una partida presupuestaria que un gobierno pueda sacrificar en nombre de la eficiencia administrativa ni del crecimiento económico. Por el contrario, es el fundamento sin el cual ningún logro material adquiere sentido político legítimo.
Con mucha pena y vergüenza cívica, me toca volver por estos caminos, ya que existe en Venezuela la nostalgia de hombres como Marcos Pérez Jiménez. Una nostalgia, además, que conduce a muchos venezolanos a considerar aceptable sacrificar libertades personales a cambio de modernización infraestructural y mejoras sustanciales en el orden material. Esto revela, a mi juicio, una crisis profunda de memoria y de comprensión de la dignidad humana. Esta disposición no solo pone en riesgo la posibilidad de edificar un sistema democrático estable, sino que traiciona los fundamentos antropológicos, filosóficos y teológicos sobre los que se sostiene toda convivencia política justa. La justificación de un gendarme necesario, interno o externo, desnuda claramente nuestra esperpéntica estructura ciudadana.
El régimen de Marcos Pérez Jiménez (1952–1958) se articuló ideológicamente en torno al Nuevo Ideal Nacional, una doctrina político-ideológica que prometía la transformación progresiva del medio físico y el mejoramiento integral (material, moral e intelectual) de los venezolanos. Inspirado en un positivismo autoritario y en la idea del gendarme necesario, el proyecto político combinaba nacionalismo, militarismo y una visión tecnocrática del desarrollo, donde el orden era condición para el progreso. En la práctica, esta promesa de modernización se financió con un alto costo en libertades. Las detenciones arbitrarias, torturas, represión violenta de protestas y ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos fueron sistemáticas bajo la Dirección de Seguridad Nacional. La infraestructura visible (carreteras, edificios públicos, obras urbanas) coexistió con una estructura invisible de terror político, donde la vida y la integridad de los disidentes eran sacrificadas en nombre del bien nacional.
Desde una perspectiva antropológica, la pregunta central es: ¿Qué concepción de lo humano está operando cuando se justifica la muerte de opositores como necesaria para el progreso? El nuevo ideal, en su vertiente más cruda, operó a partir de una antropología instrumental. El ser humano era valorado en función de su utilidad para el proyecto nacional de modernización. Los indígenas, por ejemplo, fueron vistos como atávicos para el desarrollo; los opositores, como obstáculos a eliminar. Una antropología de la dignidad, en cambio, sostiene que cada persona posee un valor intrínseco, independiente de su utilidad política o económica. Esta concepción es la base de los derechos humanos y de la democracia. Si el ser humano es un fin en sí mismo, ninguna obra pública, por impresionante que sea, puede justificar su eliminación o tortura. La memoria de las víctimas, por tanto, es una condición antropológica para que la política no se convierta en maquinaria de deshumanización. ¿Qué concepción de hombre tiene en el corazón quien justifique proyectos políticos de esta naturaleza? ¿Cómo se ve a sí mismo?
La democracia, deberíamos saberlo a estas alturas, se trata de un régimen que requiere ciertas disposiciones cívicas como el respeto por la verdad, el reconocimiento del otro como interlocutor legítimo y la memoria de los crímenes del pasado para no repetirlos. Hannah Arendt, por ejemplo, mostró cómo los regímenes totalitarios se sostienen no solo con violencia, sino con la destrucción de la verdad y la memoria. Cuando el pasado puede ser reescrito a conveniencia del poder, la libertad se vuelve imposible. La disposición actual de muchos venezolanos a minimizar o justificar las muertes de la época perezjimenista revela una fractura en esta disposición democrática básica. Si las víctimas son vistas como merecidas, se rompe el principio de igualdad moral entre ciudadanos. Algunos pueden ser sacrificados por el bien mayor. Una democracia que acepta este principio deja de ser democracia y se convierte en tiranía de la mayoría o de la élite tecnocrática. Además, la filosofía política contemporánea insiste en que la legitimidad de un régimen depende no solo de sus resultados materiales, sino de su respeto por los derechos fundamentales. Un gobierno que entrega carreteras, pero quita libertades no es un mal necesario, sino una contradicción antropológica que ofrece bienes externos a costa del bien interno de la persona, que es su libertad y dignidad.
Muchos de los que así piensan se confiesan cristianos. ¿Qué dice sobre estas cuestiones la teología cristiana? Aquí la respuesta es mucho más radical. Cada vida humana es sagrada porque lleva la imagen de Dios. Esta sacralidad no depende de la utilidad política, ni de la ideología, ni del aporte al progreso nacional. La tradición cristiana ha desarrollado una fuerte presunción contra el uso de la violencia letal, y solo la admite en condiciones extremas y con criterios muy estrictos. En el caso de la dictadura perezjimenista, las muertes de opositores no cumplen ninguno de estos criterios. No eran en defensa de inocentes, ni eran el último recurso, tampoco eran proporcionales. Eran eliminación sistemática de disidencia en nombre de un proyecto político. Teológicamente, esto es idolatría, ya que convierte al Estado, al progreso o a la nación en un absoluto que justifica el sacrificio de vidas humanas. La Doctrina Social de la Iglesia ha insistido en la opción preferencial por los pobres y las víctimas: Dios se revela especialmente en los que sufren injusticia. Olvidar o justificar las muertes de la dictadura es, desde esta perspectiva, un pecado contra la memoria de Dios en la historia. La reconciliación verdadera no pasa por el olvido, sino por la verdad, la justicia y la reparación.
Vivimos momentos en los que la sociedad busca recobrar la plenitud de la democracia. Sin embargo, con estas nostalgias no es posible edificar una democracia estable con un espíritu que normaliza el sacrificio de vidas por el progreso. La democracia requiere ciudadanos que crean en la inviolabilidad de la vida y la libertad del otro, incluso del opositor. Cuando esa creencia se erosiona, la política se convierte en guerra, y la guerra, tarde o temprano, devora a todos. La nostalgia por Pérez Jiménez es comprensible en un contexto de crisis económica y colapso institucional, pero la solución no es volver a un autoritarismo eficiente, sino reconstruir una cultura política basada en la dignidad, la memoria y la verdad. Esto implica, por supuesto, reconocer públicamente a las víctimas de la dictadura y reparar simbólicamente su memoria; educar en la valoración de la libertad como bien intrínseco, no negociable por infraestructura; y fomentar una antropología y teología de la dignidad que resista la tentación de sacrificar personas por proyectos políticos. Paz y Bien, a mayor gloria de Dios.
