Simón Jiménez Sala | El día después cae la dictadura ¿Y después qué?

Simón Jiménez Sala 21/07/2024 - 8:54 am

@VersiónFinal Cortesía

Los papeles del CREM

Espacio de libertad

Los papeles del CREM, aspiran ser un reflejo del pensamiento político, económico de la Venezuela actual y de la Venezuela del futuro

Realmente me sentí honrado cuando un viejo amigo días atrás me propuso que en la página de los Papeles del CREM editaremos un par de capítulos de un libro suyo que está en preparación, el cual tiene un título que conlleva gran importancia, en especial para los días a venir: ¿Y después de la victoria del pueblo el 28, que hacemos? Si, ese es el título de esta obra. Ya el título como tal es materia de reflexión, diría que para todos, para sirios y troyanos. ¿Y después del 28 de julio que hacemos?.

Gran pregunta que se hace Simon Jimenez Salas, aquel joven abogado que se movía diligentemente en la secretaría general del partido Social Cristiano Copei y como profesor de derecho procesal en la facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra primera casa de estudios, la UCV. Eran los tiempos que meses antes, el partido, el único donde ambos hemos militado, el Social Cristiano Copei, había sido escogido por el pueblo venezolano como su ductor para los 5 años de ese mandato constitucional y dirigiera los destinos de nuestra amada patria.

Eran los inicios de Rafael Caldera en la presidencia de Venezuela. Eran los inicios de Simon como un venezolano que en la retaguardia le ha aportado grandes servicios a la patria con sus consejos y su profunda capacidad de análisis.

Esta obra que Simon Jimenez escribe, será fundamental, será casi un libro de consulta para muchos de los compatriotas que tendrán la inmensa responsabilidad de nuevo, así como lo hicieron los venezolanos que bajo López Contreras y Medina Angarita reorientaran con sabias decisiones la turbulenta y escabrosa herencia que nos legan estos sujetos, el libro de Simon lo podremos considerar como una luz que alumbrara el futuro en ese proceso de la reconstrucción de Venezuela. El libro que escribe Simon Jimenez Salas nos hace pasar de la actual situación que combina la tristeza en sus distintas tonalidades a mirar desde cerca con el reluciente futuro que a partir de los próximos días podremos ya entrever y tocar con nuestras manos. Es por esto, por nuestro futuro que obras como esta de Simon Jimenez nos hacen temblar de emoción ante la verdadera posibilidad de ser parte también nosotros de esa orquesta que interpretará las notas de la recuperación moral, política y económica de nuestra hoy maltratada pero inmensamente querida y amada patria.

Gracias Simon Jimenez, por esta muestra de amor por tu patria

Raul Ochoa Cuenca.

El día después cae la dictadura

¿Y después qué?

Simón Jiménez Sala

TEMARIO

Prólogo.

QUIENES GOBERNARAN EN UNA PRIMERA ETAPA.

LA NUEVA REALIDAD. SON ENEMIGOS DE LA VERDAD.

III. PRIMEROS DECRETOS.

LA ECONOMÍA EN VENEZUELA.
LA INVERSIÓN EXTRANJERA.
LA REORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

PRÓLOGO

En el año 2023, inicie un proyecto sobre el que hacer el día después de una eventual caída (por elecciones democráticas) de la dictadura. En una primera etapa reuní información, textos, opiniones sobre los diversos temas que debían abordarse, pensando siempre que las elecciones serían en diciembre del 2024, como era la costumbre venezolana. El cambio de fechas y otros eventos desafortunados han retrasado su publicación; por ello aprovecho la tendida mano de Raúl Ochoa Cuenca para en su Editorial “los Papeles de Crem”, publique algunos capítulos ya terminados.

El escenario que se visualiza al momento en que la dictadura cae, por cualquier forma, el pueblo explotó en alegría, como pueblo oprimido; donde solo había tristeza, incertidumbre, temores y desesperanza. Se produce una especie de fiesta nacional, con bombos, petardos, cohetes, alegrías y gritos; pero al mirar hacia adentro se observa un desierto existencial donde la sequedad de sus necesidades se ha añejado.

Durante los años de opresión política, los partidos, dentro o en exilio, realizaron pronunciamientos sobre el como salir de la dictadura y sobre el estado real de las fuentes que alimentan la vida ciudadana, proponiendo siempre lograr un escenario político inclusivo, que a la vez sea recipiendario del mínimo vital de subsistencia que demanda la sociedad..

El que hacer el día después y los años siguientes se han formulado en términos generales y abstractos por los Partidos políticos orgánicos, de oposición e institucionalizados además de los líderes que al igual que los Partidos tienen una maquinaria real, que sirve de repetidora y multiplicadora a los principios planteados por las señaladas organizaciones políticas o civiles y por esos líderes.

Han sido expuestos los valores mínimos de las democracias que aceitan su maquinaria y alimentan la fe; no obstante que inevitablemente una gran parte de la población es anti partidos o escépticos en Venezuela y en el mundo entero. Pero este sería el momento del pueblo y no de los partidos. Este es el momento en que el cáncer social que manejaba los tentáculos del poder ha sido extirpado, sin que se vislumbre su dimensión existencial y la felicidad que produce el cambio político; pues todo ello genera cegueras momentáneas sobre el porvenir.

Todo el nuevo quehacer debiera levantarse sobre valores democráticos que la ley pendular obliga, pero minimizando los riesgos que siempre van implícitos, para evitar el peligro de perder el logro y regresar a la violencia superada. El cuidado debe ser extremo porque un desliz, un yerro o un cambio violento e inesperado, puede echar por tierra la libertad conquistada.

La mancha que el sistema socialista ha impuesto a Venezuela debe ser sustituido por una democracia verdadera; pues nuestro pasado no marca nuestro futuro; y es así que cuando llegue el momento de que el país cimente su porvenir; con los recursos materiales y humanos que tiene debe, tiene y puede lograrlo, siempre que las coordenadas que señalaremos en este trabajo se cumplan.

Cuando en política se alcanzan altos niveles de representación, se impone serenidad y ponderación para que el reflujo del momento no lo arrastre a caminos equivocados. En política nadie es tan autosuficiente como para producir repuestas sin consultar a asesores y consultores, sobre todo independientes, y personajes abstraídos de la pasión venezolanista, para que valoren y aconsejen las alternativas y decisiones frente a cada nuevo momento, suceso o a cada declaración. Los líderes políticos tienen en sí mismos un gran enemigo: el tamaño de su ego.

Nos hemos decantado por asesores independientes preferiblemente extranjeros, por cuanto los copartidarios, militantes, devotos y disciplinados de una organización son una voz solidaria con el líder político y por ello sin mayores análisis respaldaran a su compañero de partido. Por otro lado, un mal asesor es, sin quererlo, la voz de la equivocación.-

A riesgo de quedarnos cortos puntualizamos las exigencias filosóficas que deben tener los funcionarios del nuevo gobierno y los partidos de la oposición, para afrontar el reto de llevar adelante el país, por un periodo decisivo de estabilización democrática:

Establecer y cumplir con una paz política, duradera, y transparente durante un periodo de tiempo definido, apoyando solidariamente los esfuerzos por sembrar el espíritu democrático en la población, porque el demonio de la violencia y del comunismo, acechan permanentemente, buscando escurrirse en los errores del nuevo gobierno o del nuevo sistema para generar desazón en la población que manifestaba su alegría a la caída de un régimen de violencia extrema. Los culpables de la tragedia tendrán algunos solidarios desconocidos hasta ese momento, pero su existencia, de alguna manera, fue favorecida por el régimen depuesto, o simplemente de simpatizantes temporales capaces de asumir los centros perdidos.

Debe existir un acuerdo de gobernabilidad entre todos los partidos políticos, la sociedad civil, las instituciones gremiales, los sindicatos y otros órganos representativos de la sociedad. No es una réplica del Pacto de Punto Fijo de octubre de 1958, pero es una experiencia que no debe considerarse, con sus adecuaciones, al nuevo hito histórico, porque sin dicho acuerdo la democracia queda sensibilizada o pudiere perecer. En ese acuerdo la participación de todos los señalados es necesaria, imperativa; a la vez que sus opiniones y puntualizaciones, deben ser debatidas objetivamente. Debe estar soportada en la inclusividad donde el criterio del pequeño es tan valorable como el del gigante político.

No pueden marginarse de la denominada sociedad civil que es más difícil, porque han nacido en abundancia y la cantidad existente se ha multiplicado en extremos. Seleccionar las que realmente sean representativas, como es el caso de las universidades, los gremios, sindicatos, las ONGS, los columnistas políticos independientes que hayan tenido actuación, etc. Paralelamente no pueden olvidarse los partidos pequeños o los líderes sociales con currículos democráticos y de lucha.

Es innegable la contribución que el Pacto de Punto Fijo tuvo en la estabilidad de los gobiernos a la caída del Régimen dictatorial del General Marcos Pérez Jiménez; por ello vamos a transcribir los tres puntos fundamentales del Pacto de Punto Fijo para evidenciar la dimensión del acuerdo que permitió una democracia de 40 años, aunque la nueva democracia, por esencia, debiera ser infinita. Hay que deponer egos, posiciones casuales, militancia partidista u organizacional, hasta los rencores y el individualismo.

. - defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral: (, cualquiera que fuese el partido que ganase las elecciones, los otros dos se opondrán al uso de la fuerza para cambiar el resultado);

.- gobierno de unidad nacional: se formaría un gobierno de coalición y ninguno de los tres partidos tendría la hegemonía en el gabinete ejecutivo;

.- los tres partidos se comprometían a presentar ante el electorado un programa mínimo común.

En consecuencia, en este nuevo escenario los actores políticos existentes deben superar sus diferencias y lograr un acuerdo de gobernabilidad, defensa del nuevo gobierno en un periodo determinado, nada corto y permitir que la expresión del pueblo funcione en ese periodo en que se debe promocionar la cultura democrática y la reconciliación nacional, dirigido a promover valores democráticos entre los actores políticos y la sociedad civil. Pero el acuerdo no debe quedar en lo simbólico o en lo casual u oportunista, debe implicar sacrificio, honestidad, sin demagogia, realmente por y para el pueblo.

No es una tarea fácil, pues por una parte el ego de los líderes, la ambición de muchos dirigentes medios y la realidad de sus integrantes conspiran contra esa estabilidad social y gubernativa. Recordemos acá una frase que se dice fue de Acción Democrática “la dirigencia de los partidos políticos han estado tradicionalmente conformada por una mayoría de analfabetos doctrinarios”.

La política de los últimos lustros puso en un tobogán los servicios del país y se hizo evidente en el 2007, cuando el gobierno tomó el control de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, de las grandes industrias básicas del hierro, el acero, el cemento, de la minería y hasta de la agricultura. Allí se cercenó en forma obvia la libertad de expresión y con ello la prensa escrita y oral; así como la muerte de la gran industria venezolana. Ya, sintiéndose inmune el gobierno, en 1998 aceleró los abusos cruzando la raya del derecho internacional y de sus obligaciones contractuales con las las empresas extranjeras que trabajaban en la Faja Petrolífera del Orinoco, a quienes obligó a nuevas estipulaciones contractuales que bajaron su participación a socios minoritarios, como fueron los casos ese Exxon-Mobil, Conoco-Phillips, Petronas, Crystallex, Agroisleña y otros. Los dos primeros no aceptaron las decisiones y recurrieron a arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).- Otros aceptaron las llamadas expropiaciones y nacionalizaciones que significó para el País pérdidas de inversión realizadas y programadas, traducidas en varios miles de decenas de millones de dólares. Los que acudieron al Ciadi y a la Justicia internacional ganaron sus juicios y se vislumbra que el modo de cobrar serán con las acciones de CITGO, en Houston, Texas, USA, en momentos en que esta empresa está produciendo produce buenos dividendos.

La glotonería del Poder se convirtió en el “pan nuestro de cada día” engullendo todos los sectores posibles del comercio y de la industria nacional, desde cadenas hoteleras, fincas, hatos, bancos, las transformadoras de aluminio, cementeras, pasando por el sector alimenticio hasta llegar, en muchos casos, a la propiedad privada individual.

La justificación del estado en que se encuentra Venezuela no se cumple con hablar de “derecha” o “izquierda", porque la real visión que evidencia el accionar oficial es que se trata de una política dictatorial, sin sustento real ideológico salvo la permanencia en el poder con los desmanes de quienes gobiernan. Cualquier calificativo peyorativo puede identificarlo sin temor alguno, siempre que cuando menos contenga en su concepción el fraude electoral habido, la corrupción generalizada y la persecución política. El fraude electoral se evidenció cuando la oposición ganó la Presidencia de la República y el candidato ganador no supo cobrar su triunfo.

La Venezuela post dictadura genera una nueva concepción del hombre (y mujer) como ser humano para que realce su pleno desarrollo, buscando transformar sus circunstancias, mejoras en su forma de vida y de su entorno, bajo cánones estimulantes: la libertad, la justicia, la interrelación, opción educativa en todos sus niveles, el respeto a la vida y a la propiedad individual, entre otras. Todo ello sin convertirse en un estado paternalista.

Con credulidad inocente demasiados venezolanos consideran como conveniente y necesaria una intervención internacional, para dar al traste con el sistema de gobierno y alimentan su optimismo afirmando que Donald Trump (¿?) es la solución o el indicado salvador de la patria. Hacen referencia a unas declaraciones de Mike Pompeo quien señala que tal opción no puede descartarse. Dicen, en otras palabras, que la solución no es de los venezolanos sino de una fuerza extranjera. Quienes así piensan, a mi manera de analizar la situación, están equivocados.

El cómo recuperar la Venezuela económica y pérdida, es la pintura que encontrará el nuevo gobierno en el escenario recibido, es el gran reto del eventual nuevo gobierno, por ello la necesidad de saber que hacer EL DÍA DESPUÉS.

LO INMEDIATO

Lo señalado nos conduce a 3 situaciones consecuenciales e inmediatas; a saber:

la primera: REGULARIZAR LOS SERVICIOS. En el País existirá una inevitable conducta de reacción del pueblo, cuando, prosigan y se mantengan las carencias de los servicios que el pueblo ha vivido largos periodos de tiempo sin luz, sin agua, sin gasolina, sin gas, sin gasolina, con sus aparatos eléctricos dañados cuando se producen los cortes permanentes de luz, con el hogar sin la limpieza personal y material por los meses sin recibir el líquido necesario para la subsistencia humana; con hasta más de 10 horas perdidas en cola para surtirse de gasolina. Es reacción eventual, porque aquellos que se manifestaron y los que no lo hicieron durante la celebración de la caída de la dictadura, esperan soluciones en el corto plazo, porque el pueblo en su naturaleza es impaciente y cuando en el breve tiempo no se han regularizado los servicios habrá una reacción en cadena y lo que antes era jolgorio, luego se transforma en una expectativa de violencia.-

PARTICIPACIÓN NO PARTIDISTA EN EL GOBIERNO.- La segunda y eventual situación está referida a los partidos políticos con influencia electoral definida, quienes respondiendo a su dirigencia media no podrán sostener el apoyo incondicional ofrecido y hasta firmado de apoyo a la gobernabilidad del nuevo régimen. Es norma no escrita que en los partidos políticos existe en forma permanente una presión de abajo hacia arriba en función de ambiciones personales; y la dirigencia de los partidos ante el temor del relevo dirigencial aceptan los reclamos de su militancia, quienes comienzan a producir exigencias, al gobierno, la mayoría de las cuales no pueden ser cumplidas por las más diversas razones reales. En los partidos políticos venezolanos no existe democracia interna real, todo es verbo y postura; pero aun así, existe el temor a lo que se denomina “conspiraciones internas”, donde dirigentes medios tratan de escalar posiciones en función de grupos internos y externos de apoyo que han logrado constituir.

Al perder apoyo popular de los partidos firmantes de un acuerdo de gobernabilidad la base política del gobierno se debilita.

TERCERA SITUACIÓN: Está referida al propio gobierno, quien deberá tener hondo cuidado en la selección de su equipo de gobierno, porque deberá exceder las fronteras partidista para escoger los mejores colaboradores, los más preparados, los que tengan mayores currículo, los que hayan demostrado capacidad de servicio. En este punto debemos tener presente la experiencia de Carlos Andrés Pérez que pensando en el País escogió un equipo de gobierno de los mejores tecnócratas, como lo ha demostrado el tiempo; pero su propio partido le negó el apoyo y lo atacó, hasta que fue destituido y preso. Si no se escogen a los mejores será un gobierno mediocre y mediocre será el país, las metas no se cumplirán totalmente; ni siquiera parcialmente.

Es un hecho que teniendo como referencia las últimas elecciones aceptables, las del 2015, los partidos políticos de la oposición orgánica, es decir los 4 grandes partidos de ese entonces (G4), Primero Justicia, Voluntad Popular, un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, lograron la mayor votación electoral. Ellos conformaron un coto cerrado, dejando fuera a partidos de influencia nacional como COPEI, LA CAUSA R, VENTE VENEZUELA, y otros , quienes tienen voz que resuena en el país, algunos por su carácter regional y otros por lo que representan más allá de una votación casual, como vente Venezuela (de la Líder MARIA CORINA MACHADO) y algunas organizaciones políticas incipientes como encuentro ciudadano de la dirigente Delsa Solórzano y del Movimiento por la Democracia e Inclusión (MDI) Del dirigente NICMAR EVAN. Otros líderes marginados de la talla de CÉSAR PEREZ VIVAS, ANDRES VELÁSQUEZ y otros también fueron desoídos y marginados - Algunos partidos que tuvieron vigencia en el pasado lejano, han perdido todo su caudal electoral como Unión Republicana Democrática (URD), Movimiento electoral del Pueblo (MEP), PPT, etc. por lo que no es criticable que se les margine.

Por el lado del Gobierno los partidos son: el Movimiento V República, devenido en Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la Liga Socialista, Izquierda Unida. El tradicional Partido de la izquierda venezolana, como el Partido Comunista se ha alejado de la órbita del gobierno sin llegar a integrarse a los partidos de oposición, devenido de la carencia de relaciones directas con el gobierno, sumado, según ellos, a la crisis económica, la pérdida de los derechos laborales y naturales, la persecución a sus dirigente y a los líderes sociales, más el incumplimiento del acuerdo firmado con el Gobierno, ya referido.

QUIENES GOBERNARAN EN UNA PRIMERA ETAPA

LA eventual CAÍDA DE LA DICTADURA por la vía electoral, supone causales inobjetables, como: a) Le antecedió un golpe militar; b) por renuncia ante una insurrección popular: c) perdieron las elecciones tan abrumadoramente que no pudieron alterar sus resultados. (esta última es la que creo que debiera ser).

Si deviene de un golpe militar, que se supone sea de derecha por el principio de la “oscilación”, el jefe del Golpe será el líder de la administración, que no del país. En lo elemental los conspiradores están imperativamente obligados a conversar con las fuerzas políticas y civiles del país. Ello será así para regresar a la tranquilidad y la normalidad novedosa (ahora) pero necesaria; de no ser así será una nueva y distinta dictadura.

Ningún jefe político acumulara tanto poder que pueda prescindir de la historia y la sociología, lo primero porque el actual gobierno es mitad (cuando menos) militar y han demostrado no tener la capacidad de llevar adelante un desarrollo económico, social y político con honestidad, capacidad e imparcialidad.

Acá vale la pena recordar la frase de nuestro Libertador cuando afirmó (supuestamente fue él) “ Ecuador es un convento, Colombia una universidad y Venezuela un cuartel militar “. En efecto, las fuerzas armadas venezolanas han sido actores importantes en la política nacional por casi 100 años; pues todos los líderes post-independencia fueron oficiales militares que, de acuerdo a la época se hicieron representantes de los partidos actuantes a la fecha, liberales y conservadores. Acá existe una historia real que no podemos desdeñar

Si el fin de la tiranía fuere por renuncia ante una insurrección realmente popular y abrumadora serían los líderes civiles del momento en conjunción con los partidos políticos quienes deberán encontrar la fórmula de llenar el vacío de poder.

Si el término final fuere por una pérdida electoral donde no pudo el gobierno alterar el resultado, el nuevo liderato tendría como cabeza visible, aquella propuesta que resultó triunfador en las elecciones, con lo cual los demás principios son más fáciles de realizar y acoplarlas exigencias reales. El líder o la líder tendrá sobre sus espaldas esa gran responsabilidad para no defraudar al pueblo.

Las tiranías militares tratan de decantar su causa, con un disfraz electoral, el plebiscito, para darle cierta legitimidad; no obstante la experiencia enseña, que el pueblo no le otorga carta blanca a sus gobernantes militares y aun en este sistema electoral su voto contraria la intención del tirano de turno.

No es que el plebiscito sea un instrumento exclusivo de dictadores, no; pues puede usarse y es usual su utilización en las democracias para obtener el criterio de la población sobre asuntos puntual

LA NUEVA REALIDAD. SON ENEMIGOS DE LA VERDAD

El avance tecnológico del mundo ha generado nuevos protagonistas que condicionan la existencia del mundo exterior, en especial en la política. Allí vemos:

a) Los guerreros del teclado (redes sociales)
b) Los anárquicos
c) La sociedad civil.

Nuestro tecnológico mundo actual ha generado modos de comunicación plural o masiva que los usan indistintamente todas, o casi todas las personas, como son el Whatsapps, Telegram, Correos Electrónicos, FaceBook, Instagram, Messenger, Youtube, Podcast, Tik Tok etc; donde infinidad de personas manifiestan o puntualizan sus opiniones sobre cada acto de la vida diaria, creando unidades de opinión, que pueden ir creciendo hasta convertirse en una especie de manifiesto popular. Estos son los guerreros del teclado.

Hemos leído frases como estas: “fulano de tal no me ha presentado cuentas de su gestión”; “quien lo autorizó a hablar en nombre del pueblo, pues conmigo no lo han consultado”; “No puede hacer eso sin consultarlo”; “quien lo autorizo” Etc. Etc.

Según esto cada ciudadano es un Contralor, un Auditor, un Delegado Social, un Policía, un Militar, un Diputado, Un Juez, etc. No se trata de lo que una persona cree en lo que escribe; el problema es que se hace plural, hasta convertirse en axioma.

No es que la opinión vertida por los sistemas tecnológicos sean incongruentes y carentes de verdad, es que no siempre; es más, muchas veces, generan un patrón de criterio contraproducente a la verdad del asunto.

Coetáneamente y prevalidos de estos mismos sistema tecnológicos han surgido los anárquicos e inconformistas para quienes cualquier político y cualquier acto es falso, y cada líder o dirigentes de partidos o de grupo constituido que opinen es un embustero, ladrón, corrupto, homosexual, narcotraficante y sus cónyuges cuando menos ejercen la profesión más antigua, visten mal, huelen peor, son ordinarias, etc. Las propuestas que un político, así sea sacerdote de la verdad, deben ser negadas y reprimidas inmediatamente.

Estos grupos han querido constituirse orgánicamente porque ellos son “los salvadores de la patria”, como les denomina Silvia Bullrich, pero hasta ahora no han tenido éxito, ni han podido materializar sus propósitos.

Este escenario, para Tzvetan Todorov significa que “la democracia está enferma de desmesura, la libertad pasa a ser tiranía, el pueblo se transforma en masa manipulable, y el deseo de defender el progreso se convierte en espíritu de cruzada”.

Estos anárquicos son enemigos de todo y no producen soluciones que se puedan mantener en el tiempo, en un tiempo dado y lo peor es que tienen público que los oye, aunque estén en desacuerdo. Esa indiferencia es un arma peligrosa.

Para Raymond Aron, La ventaja de la democracia, es que se trata de un régimen “no creado para asegurar la eficacia de los poderes, sino para defender a los individuos contra los excesos del poder”, situación en que los anárquicos no comparten, porque sigue siendo desastroso cualquier pensamiento que no sea el de ellos

El mismo autor sostiene que el populismo y la demagogia son el cáncer que corroe la democracia moderna, que lucha, inerme y frágil, para mantenerse a flote. Las demás causas de la debilidad de la democracia provienen de sus enemigos directos, quienes, mediante la estrategia de tierra arrasada, pretenden cambiar el orden establecido para su propio y exclusivo beneficio político, económico y social.

No olvidemos que la democracia está sembrada sobre una igualdad de oportunidades, igualdad real, no ficticia, ni demagógica. Ofrecer que todas las personas serán iguales es una demagogia, es una mentira; pues lo que sí es verdad es que al tener las mismas oportunidades, si llegamos a tener los mismos derechos, ello nos lleva a una sociedad donde existe la vida, en igualdad de oportunidades, para todos Hay quienes señalan como error histórico social la existencia habida en Venezuela es la partidocracia, con culpa a quienes dieron el Golpe de Estado a Medina Angarita en 1945 (18 de octubre, por lo que se llamó la “Revolución de octubre”). Que de allí en adelante hemos vivido en un abismo permanente, se trate de los Rómulo, Betancourt y Gallegos, del General Marcos Pérez Jiménez y de los presidentes de los 40 años de democracia que vive Venezuela entre 1958 y 1998 (Otra vez Betancourt, Leoni, Caldera – 2 veces- , Carlos Andrés Pérez -2 veces-, Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi). El sistema democrático se rompe con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder, no obstante que llegó al mismo por la vía electoral. Se dice que el multimillonario George Soros y su fundación Open Society Foundations, viene apoyando a personas como estos anárquicos, con lo cual, de ser verdad, está debilitando las instituciones democráticas y organizaciones de todo el mundo

Parte de los guerreros del teclado se han ido adhiriendo a asociaciones civiles al considerar que es el mejor instrumento que tienen para hacer valer sus criterios y para recibir mejor información. Para estos ciudadanos las ONGS están limitadas porque se trata de una institución no gubernamental, ahora y siempre; en tanto que las asociaciones civiles realizan actividades acorde a su objeto social, lo que les permite promover, realizar y ejecutar proyectos, respuestas y ser críticos ante cualquier pronunciamiento que se mantenga en la órbita de su objeto social. Para los militantes de estas asociaciones civiles, desde allí surgen cuestionamientos a una política determinada en forma seria y “científica” como también surgen propuestas, fundamentalmente de cuestiones que importan a la sociedad toda.

Son organizaciones institucionalizadas de carácter privado , separadas del Gobierno o del Estado, que de normal no tienen fines de lucro, aunque sus realizaciones buscan entregarla a la sociedad toda como contribución al desarrollo económico o social.

Pues bien, estas sociedades civiles se han multiplicado porque parte de la comunidad entiende que es el mejor instrumento para tener voz en aquellas que incumben a todos por igual.

En lo elemental del derecho la Sociedad Civil es un contrato privado plural, sin ánimo de lucro, para realizar una actividad escogida por los constituyentes y que se establece en su acta constitutiva como objeto de la misma, la cual debe estar inscrita en un registro civil. Existe un Decreto del 21 de junio de 1985, número 677, que se refiere a las normas sobre fundaciones y sociedades civiles de Venezuela.

Este tipo de personajes suman poco, pero alborotan demasiado y por ello se debe tener la guardia o los elementos que impedirán que sean condicionantes de la nueva Venezuela.

III

PRIMEROS DECRETOS

La legalización del Presidente de la República y demás miembros del Poder Ejecutivo debe ser de los primeros decretos en este día después, en el supuesto que la jerarquía del poder no llegue a través de unas elecciones democráticas y transparentes.

En el supuesto distinto, que las riendas del país no dependen de un poder popular electo por el pueblo, debe precisarse el tiempo de permanencia de las nuevas autoridades, que desde los partidos políticos vigentes a la fecha estimaron que el tiempo de permanencia de este liderato provisional debiera ser corto, quizás, dirán, seis meses para convocar a elecciones generales.

En escenarios como este, el término mínimo para tranquilizar a la población es de un año, a cuyo término o momento se deben convocar a elecciones legislativas y luego, ya electo el Congreso o Asamblea legislativa, producir la convocatoria para elegir el Presidente.

Acá habrá una situación particular y previa; cual es la necesidad de designar un Consejo Nacional Electoral con instrucciones precisas de auditar el Registro Electoral Permanente para corregir los desafueros cometidos por los regímenes anteriores.

Decreto de libertad de los presos políticos que deben referirse: a) los que no tienen sentencia; b) los que tienen sentencia; c) lo que están presos sin procedimientos. La diferencia estriba en que los que tienen sentencia deben salir libres por indulto presidencial. En los demás casos los decretos deben anular los actos realizados por los organismos de seguridad del Estado y otros por tribunales.

El Decreto que determine la reorganización del poder Judicial en su totalidad, partiendo del Tribunal Supremo de Justicia y que alcance la mayoría de los tribunales en que fueron juzgados los políticos y aquellos otros en que existen denuncias claras de abuso de poder, corrupción e incompetencia. Previendo como suplir temporalmente los cargos de los jueces depuestos, bien por sus suplentes que no tengan denuncia, o bien a través de un órgano de urgencia creado al respecto, sin menospreciar el llamado Consejo de la Judicatura cuya institucionalidad deberá ser redefinida.

Es importante el Decreto que determine el procedimiento para juzgar la cantidad de funcionarios corruptos, que se enriquecieron con el poder y aquellos que sirvieron de testaferros, cómplices necesarios y evidentes, tolerantes con beneficio; abusadores, así como aquellos que participaron en las torturas y persecución de supuestos adversos a la dictadura, sin que el argumento que “seguían órdenes” los exima de los castigos que correspondan. Como experiencia real debo significar que en situaciones similares anteriores se han creado Comisiones de Responsabilidad Civil, o Comisiones Investigadoras contra el Enriquecimiento Ilícito (CIEI) hasta llegar a crear un Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, todo lo cual ha sido y es contraproducente y desvía la teleología procurada con las causas reales de esta situación. El enjuiciamiento de las personas referidas deben ser realizadas por los todos los Jueces penales de Primera Instancia, sin competencia exclusiva o individualizada en esta materia, A los sumo en la Fiscalía General de la República debiera haber un funcionario o Fiscal Superior con las facultades especiales y capacidad para ordenar a los fiscales el cumplimiento de la ley en esta materia, a la vez que el Consejo de la Judicatura o el Tribunal Supremo de Justicia, designe inspectores especiales para vigilar el cumplimiento normal y real de las leyes y decretos vigentes o dictados para estos casos que establezcan aquellos actos que se consideren delitos penales y penas mayores según los delitos.

Deben dictarse leyes procesales especiales; sin embargo sostenemos que lo mejor es que los jueces penales, con los procedimientos existentes puedan juzgar a ese grupo de funcionarios corruptos o enriquecidos abusivos.

Al crear jurisdicciones especiales (Vg. Tribunal Superior de Salvaguarda) se esta afirmando que la jurisdicción ordinaria es incompetente.

Que por tratarse de una situación cuantitativamente exagerada, ello se compensa designando nuevos jueces, con jurisdicción total, pero Jueces reales que con una buen Consejo de la Judicatura, una mejor inspectoría de Tribunales y una real y mejorada selección de los nuevos jueces, no por el color político, por el amiguismo o por satisfacer vanidades de funcionarios. Un equipo debe revisar las sentencias de la Sala Constitucional en materia política.

La corrupción rebasó nuestras fronteras y la situación del País se retrato de mil formas. Por ello Estados Unidos y Europa impusieron sanciones al Gobierno, a los corruptos y al sistema venezolano, pero esa sanciones son consecuencia y nunca causa de la expresión y situación actual del País. Si de imputación se trata podemos señalar al llamado socialismo del siglo XXI. Desde el 2013 comienza el proceso recesivo.-.

Y es muy importante abocarse al problema de la salud que es uno de los aspectos que más afecta al pueblo venezolano, en especial el llamado pueblo de “a pie” por ser el que más sufre ante el desastre actual del país, el que acude a los hospitales públicos; a pesar de sentir en carne propia la crisis evidente de la infraestructura hospitalaria, la carencia de medicinas, sufriendo como ninguno enfermedades que se estiman superadas como la malaria, la tuberculosis etc. -

LA ECONOMÍA EN VENEZUELA

Para hablar de economía, un lego en esa materia como el que suscribe, consideramos que ese concepto o universo significa el estudio de cómo una sociedad administra sus recursos y cómo las fuerzas externas y las tendencias en la sociedad afectan esa economía, bajo circunstancias existentes o contingentes.

No obstante la trascendencia de la economía en el desarrollo del país. No puede empastillarse en una concepción economicista del desarrollo del País. Se ha dicho que “Si se produce el cambio político que aspiramos, no puede ser para que nos ocupemos exclusivamente del crecimiento futuro del PIB (Producto Interno Bruto) y del control de la inflación. Un genuino desarrollo es el que genera bienestar en el sentido amplio del término: diversificación económica, ingreso distribuido con mayor equidad, empleos suficientes y bien remunerados para mitigar la pobreza, mejoramiento de la salubridad, una educación que nos haga más competitivos, acceso fácil a los bienes culturales, seguridad social y personal, preservación de la base de recursos naturales, entre muchos otros aspectos que suelen identificarse con la elevación de la calidad de vida”.

La crisis de Venezuela para impulsar un cambio real aunque dramático debe desarrollarse empezando por la llamada política pública que imperativamente está obligada a considerar el todo como parte vital del cambio, el problema ambiental debiendo integrarse, además del cambio económico, junto con toda la problemática de los servicios públicos, como la Educación, la salud y la seguridad jurídica, planteando la situación real con crudeza.

Negar la crisis económica que vive Venezuela es una osadía ignorante o caprichosa, son más de dos décadas y media en que dicha crisis ha crecido exponencialmente y son estos hechos lo que han provocado la migración masiva de más de 7 millones de venezolanos, para refugiarse donde estiman tendrán una vida mejor. En los últimos tiempos se ha tejido una telaraña publicitaria que Venezuela está cambiando y ha mejorado a la vista del mundo, porque los dineros de la corrupción se han invertido en construcciones babilónicas, en restaurantes de lujo, en bodegones, pero no en industrias reproductivas.

Hacer una especie de diagnóstico objetivo se dificulta porque no existen informes oficiales y honestos, porque las del mundo privado tampoco son muy veraces porque las fuentes de información le están vedadas, No obstante esas dificultades existe y emite informes el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el Observatorio Venezolano de Finanzas, el Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) con no muy buena reputación porque siempre defiende la política del gobierno, y otras aparentemente menos importantes.

Buscando causas encontramos que las vedas, rémoras y dificultades se deben a que las causas de la situación de desinformación es porque ello se utiliza como control social y manipulación política electoral, sumando a ello la terrible corrupción que existe en el Gobierno, sus adeptos y enchufados.

Existe en los venezolanos” de a pie” una lucha interna entre el amor telúrico y social y la necesidad de garantizar a la existencia familiar y a la suya propia, fórmulas que le permitan su existencia como ser humano y gregario. Es una lucha y una decisión por la vida con todos los riesgos que ello importa.

A esto se suma las sanciones económicas de la Unión Europea, USA y otros Países, que aunque afecta más a los corruptos y narcotraficantes, la carambola afecta a los venezolanos.

Se viene informando desde los sectores oficiales que la situación degradante que viven los venezolanos, y se informa que es producto de las sanciones impuestas por la Unión Europea y por los Estados Unidos más algunos aliados; pero en verdad el cristal real con que mirar dichas sanciones tiene por objetivo restringir las fuentes de ingreso del régimen y de sus partidarios. Impedir que el dinero de la corrupción sea utilizado en la concupiscencia humana y favorecer una transición hacia la democracia es un imperativo del nuevo gobierno. En el mundo no socialista se observan detractores de las sanciones, pero la verdad es que antes de las dictar sanciones los sancionantes, países que la imponen o la deciden, revisan e investigan al detalle las actividades del Estado como tal y de los individuos por las transacciones realizadas, sea con el disfraz de algunas personas jurídicas constituidas, o sea mostrando su cara lavada. Todas las sanciones agrupadas y en trabajo, juntas o colectivas, no producen tanto daño como los controles y regulaciones discrecionales del actual régimen, la feroz embestida a los empresarios, la centralización orgánica y desmedida de toda la actividad industrial. En consecuencia las sanciones no son la fuente del problema de la economía venezolana, sino el instrumento para evitar una mayor generalización, de presencia mundial, de la corrupción desmedida

Los economistas sostienen que el colapso económico en situación de gravedad se produce a partir de 2014, hasta la fecha; porque observan que fue cuando se multiplicaron los niveles de pobreza. Personalmente creo que las bases se sentaron en el año 2004 y de allí la cascada, aguas abajo, ha sido indetenible

Venezuela está inmersa en la más crítica crisis económica de Latinoamérica, con no muy claras opciones de recuperación en el corto plazo, por lo que hay que implementar un programa económico integral y a mediano plazo que procure el equilibrio, las distorsiones existentes hoy día y nos traslade nuevamente al desarrollo.

La economía o la alternativa económica que se tome será el elemento determinante de la subsistencia del nuevo periodo, democrático se entiende; por ello no se puede improvisar o colocar al frente de la dirección financiera o económica de la Nación al economista amigo, no, eso sería un grave error. La economía de la República debe recaer en algunos de los economistas más respetados y con mayor conocimiento del País, para lo cual el nuevo gobierno deberá llamarlos a todos, en una especie de convención o reunión para que ellos determinen las pautas o el programa económico de recuperación que servirá para levantar el desastre existente en esa materia. Serán ellos quienes propondrán al nuevo gobierno, el plan económico de la Nación y serán ellos quienes también propondrán una terna de los mejores economistas con ascendencia en ese sector de la vida nacional para que que dirijan los Ministerios de Economía o Finanzas, el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Planificación. Repito no deben designarse para esos cargos al amigo o al compañero de partido.

Los economistas afirman que Venezuela tiene una caída del PIB superior al 40% lo que implica una real escasez que no se puede superar con importaciones logreras e inmediatistas, en especial en materia de insumos, materia prima, bienes de capital etc. Hemos tenido aspiraciones maximalistas que distan de la realidad.

El Banco Central de Venezuela, BCV, se ha quedado sin reservas internacionales operativas, fundamentalmente por lo escaso que ingresa al tesoro nacional, producto de transacciones petroleras. Todo ello aunado a un terrible déficit fiscal que resulta de una deuda externa acumulada, de los ingresos no petroleros consumidos por la inflación, y la no conocida mala distribución de los ingresos de fuentes alternas (como el oro, el rodio, coltán, bauxita, etc).

Esta situación se agravó al realizar el gobierno el apoderamiento de las reservas internacionales, que aunque lo enviaran originalmente al FONDEN, este organismo dilapidó, con órdenes directas, el capital que se había formado y se produjo un flujo de salidas sin restricciones, hasta agotar la existencia de divisas, agravado por un recorte de las importaciones sin un estudio previo de sus consecuencias, sobre todo porque este rubro había sido estimulado; mientras que simultáneamente la inflación crecía a pasos desmesurados y nuestra moneda nacional, al ritmo inflacionario, perdió capacidad de compra al punto que se inició una carrera devaluativa, quitando ceros (hasta más de diez) al bolívar en forma increíble. Tenemos una tasa de crecimiento poblacional que duplica el crecimiento económico normal. Esta espiral inflacionaria se integra en lo que algunos economistas han llamado policrisis, en que conjugan los signos negativos de una economía, con perjuicio de los salarios, del presupuesto de las empresas, del deterioro aún más profundo del bolívar. Camino seguro a una recesión aún mayor. De esa manera la economía empezó a dolarizarse.

El gobierno se jacta de haber producido un plan para mejorar la economía, que denominó “Primer Plan Socialista de la Nación”, conocido también como el “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, el cual se estructuró en cinco ejes fundamentales (conceptos abstractos, no dinámicos que se agotan en su propia existencia): 1) la nueva ética socialista, 2) la suprema felicidad social, 3) la democracia protagónica y revolucionaria, 4) el modelo productivo socialista y 5) la nueva geopolítica nacional.

De economía no se habla, porque la economía se hace o se va haciendo y para ello se requiere la presencia en el poder de economistas de primer orden, pues no basta tener el título de economista para manejar la economía de una nación. Como señaló Jamie Dimon “los problemas económicos no son pasajeros”, de forma que no se trata de fórmulas inmediatistas o parches curativos del momento. Es un plan económico a largo plazo, que tenga ofertas sociales, y que se vaya evaluando y revisando en periodo predeterminados

En estos países latinoamericanos a efectos electorales nada importa que la economía del País se encuentre bien, que se haya pagado el gasto público, que haya bonanza económica, que la balanza de pago sea positiva, que la inversión en infraestructura sea la requerida técnicamente, que el desempleo se haya minimizado, porque la mayoría del pueblo vota por quienes tienen ofertas sociales exacerbadas, algunas de las cuales son casi imposible de cumplir: pura demagogia.

Según el diputado JOSÉ GUERRA desde el año 2019 se han aplicado medidas de ajuste macroeconómico desordenadas, informales y no anunciadas para la mayoría de ellas (una política monetaria de contención del crédito mediante encajes excesivos, liberación de precios, eliminación de control de cambio, dolarización de facto, reprivatización y entregas o devolución de empresas que fueron expropiadas o confiscadas).

Debe hacerse un inventario de los activos externos de la República y consolidar los activos líquidos en las reservas internacionales, reducir el riesgo país y el costo con el cual se financia Venezuela en el mercado internacional.

A la crítica situación se impone cambiar los rumbos aceptando reformar el sistema monopólico del estado para diseñar políticas de transferencias a los sectores privados.

La regulación de los precios siempre ha sido y debe ser una medida temporal, ante situaciones que lo exijan, pero no debe mantenerse en el tiempo, porque impide una legítima competencia en el comercio por lo cual deben eliminarse todos los decretos que regulan los precios, para que el gobierno se dedique a su verdadera actividad y la empresa privada extienda su actividad en todos los conceptos posibles.

Es incontestable que Venezuela se encuentra en un proceso hiperinflacionario habiendo afectado gravemente su economía con derrumbe del ingreso por habitante. Véase que la inflación en 2020 estuvo cerca de los 4.000%, lo que por ley normal supone una caída de la capacidad económica del venezolano medio y, obvio, más abajo.

El diputado JOSÉ GUERRA, citado supra, señala algunas medidas económicas a tomar para estabilizar la economía en Venezuela, ellas son:

“Adoptar el dólar como moneda nacional. Renunciar al ejercicio de la política cambiaria y monetaria, con todo lo que ello implica”.

“Aplicar un sistema de agregados monetarios, usando una variable monetaria intermedia para desinflar la economía”.

Rediseñar el sistema monetario y la institucionalidad fiscal de Venezuela y fijar la tasa de cambio”.

“Adoptar el dólar como moneda nacional. Es la opción más atractiva. Una vez que se adopta es muy difícil de revertir. Si ocurre un shock petrolero, éste se absorbería con una deflación”.

Usar un esquema de agregados monetarios, empleando una variable monetaria intermedia (base monetaria) para desinflar la economía. Ello no es suficiente para detener rápida y sostenidamente la inflación. Implicaría un sistema de flotación cambiaria que puede transmitir toda su volatilidad a los precios”.

“Se debe aplicar un programa económico completo, no acciones parciales, en materia fiscal, monetaria, cambiaria y comercial”.

“Una estabilización exitosa implica detener rápidamente la hiperinflación y al mismo tiempo reactivar la economía.”

“Para ello hay que minimizar el financiamiento monetario del déficit fiscal, lo que implica el acceso al financiamiento externo”.

“No pareciera haber otra opción que un Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI, el cual permitiría comenzar a renegociar la deuda externa. Ello implica resolver el tema de reconocimiento”.

“Al tiempo que se negocia un acuerdo con el FMI debe aprobarse una Ley de Responsabilidad Fiscal que mejore o sustituya la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Establecer claramente hasta dónde y cómo se puede financiar el fisco”.

“Aprobar una nueva Ley del BCV para delimitar claramente sus competencias y restricciones a lo que puede hacer el BCV en materia financiera”.

“Debe eliminarse el bolívar y adoptarse una nueva moneda nacional. Esta debe tener al inicio una relación fija con el dólar mientras se detiene la hiperinflación”.

“Resulta fundamental recuperar la demanda por la moneda nacional para lo cual es vital reducir rápidamente la inflación y que sea creíble la estabilidad del tipo de cambio nominal”.

“Esa moneda debería comenzar con un tipo de cambio bajo respecto al dólar. Esto si hay reservas suficientes, de otro modo no sería creíble la fijación de la tasa de cambio”.

“En la medida en que la inflación se ubique en el entorno de un dígito se flexibilizaría el régimen cambiario, lo cual puede hacerse mediante un sistema de bandas, para que luego la moneda flote respecto a otras monedas”.

Creo que fue ARNOLDO GABALDON quien señaló que la historia económica comparada, muestra que a los países, no les basta tener una buena dotación de recursos naturales para alcanzar su prosperidad, pues es necesaria también una asociación bien estructurada de los demás capitales mencionados, incrementados a través de la inversión financiera.

Colombia supuestamente vivía situación similar a la de Venezuela; pero un estudio oficial recomendó cinco estrategias “transversales": 1) competitividad e infraestructura estratégicas; 2) movilidad social; 3) transformación del campo; 4) seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz y 5) buen gobierno. Los resultados son aceptables.

Se explicó que la competitividad e infraestructura estratégicas son necesarias para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo humano que se derivan de una mayor integración y conectividad entre los territorios y la nación.

Se expuso que había que profundizar en materia agrícola y pecuaria para modernizar sus sistemas y en mejorar la calidad de la producción. En paralelo debía garantizarse la seguridad jurídica con lo que ello implica, en especial en la defensa de los derechos humanos.

Para que la economía del País mejore hay que realizar un cambio sustancial de los principios y programas, que en estos últimos cinco lustros han prevalecido, para lo cual el sistema democrático es quien puede alimentar mejor esos cambios, al menos en lo económico, con respeto a lo legal y real de la propiedad privada armonizado, con garantías a los inversionistas y el establecimiento de una buena política fiscal. Si ello se produce habrá inversión extranjera; por tanto, nuevos puestos de trabajo y todo lo que ello implica.

Señalan los economistas que los efectos macroeconómicos de un brutal ajuste en las importaciones que realizó el gobierno venezolano, fue devastador e informan que la caída acumulada del PIB llegó a 39,5%, lo que trajo por consecuencia primero el colapso y luego la recesión. Todo ello trajo una real carencia de insumos (en especial, medicinas e insumos médicos), disminución de la producción petrolera y por tanto baja de nuestros ingresos por ese concepto.

No es una afirmación original advertir que Venezuela es una economía muy dependiente de las importaciones, con gran influencia en ello por el deformante “rentismo petrolero”, signo de la estructura económica venezolana, que privilegia la extracción y aprovechamiento de esa renta sobre la producción nacional diversificada. La dependencia de las importaciones, sin embargo, nos hace aún más vulnerables cuando esa renta petrolera disminuye. Ahora que en Venezuela el ingreso por conceptos de renta petrolera ha disminuido dramáticamente, se hace palpable cómo la inversión extranjera directa (IED) representa una alternativa factible y deseable para mejorar la entrada de recursos, no sólo monetarios, sino también de capital, humanos y tecnológicos.

Arnoldo José Gabaldon ha señalado que “cada momento de la vida del País amenaza terminar con una inflación muy y más elevada, que en los meses anteriores. Cada momento, inesperados por cierto, el valor del dólar rompe su valor de cambio, devaluando el salario mínimo mensual en que técnicamente el bolívar ya no tiene valor frente al dólar y por eso veremos que la crisis económica se profundiza, claro, no solo por el problema cambiario, sino porque este es un reflejo de la economía toda”.

“La crisis ha llevado a Venezuela hacia una emergencia humanitaria compleja que ha dejado a millones de venezolanos hambrientos, sin medicinas y obligados a emigrar a países vecinos”.

La situación económica del País, no puede ser peor, más la multiplicidad de sus problemas con motivo de la pandemia incrementó el “riesgo país” han acelerado situaciones negativas como la inflación y la merma de producción de PDVSA

Por todo lo antes señalado es que Venezuela necesita una caudalosa inversión extranjera.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Se ha considerado que para reponer nuestra economía debe acudirse a la inversión extranjera, ergo, no es suficiente ni siquiera paliativo la sola inversión privada. Pero atraer la inversión extranjera no puede fundamentarse en un concepto inmediatista y vacío, pues se requieren atractivos y garantías jurídicas suficientes, para que el riesgo de dicha inversión se minimice.

Reiteramos que para que haya inversión extranjera debe existir un régimen jurídico interno y externo que favorezca y garantice esa inversión, Es insuficiente que la legislación interna lo exprese en sus leyes, puesto que deben existir acuerdos bilaterales y multilaterales con una base sólida en las interrelaciones posibles, que debe estar en concordancia con esa legislación interna. Que no se nos olvide que la normativa jurídica incentiva y desincentiva la acción hacia Venezuela.

Esos estímulos a la inversión extranjera no deben estar dirigidos a gobiernos cómplices por razones ideológicas, porque esa situación afecta a la verdadera Inversión Extranjera sin signo alguno, solo el económico. Pudiera haber una competencia entre inversionistas del exterior cuando el tipo, la razón, el objetivo y las opciones de recuperación y ganancias, sean apetecibles.

La inversión extranjera se desarrollará en países que ofrezcan un entorno favorable y garantías a su inversión (seguridad jurídica),

Las bases para la inversión extranjera viene apuntalada por nuestra Constitución de 1999, aunque tiene una limitante de preferencia que determina la preferencia por la inversión extranjera de latinoamericana y el caribe.- En esa dirección el artículo 299 de la Constitución, sobre el régimen socioeconómico de la República: consagra:

“Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”.

Un yerro gravísimo, a nuestro entender, que desestimula la inversión extranjera fue la denuncia que Venezuela realizó del “Acuerdo de Cartagena”, donde estaban integrados Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El mismo carro contribuyó a la decisión del 24 de enero de 2012 cuando la República Bolivariana de Venezuela denunció el tratado o la Convención suscrita el 18 de agosto de 1993 y ratificada mediante Ley Aprobatoria (Gaceta Oficial Nº 35.685 del 3 de abril de 1995), sobre todo lo referido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), nacido como consecuencia de la Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados.

No obstante esta posición política, el Tribunal Supremo de Justicia, aliado silente del gobierno determinó previamente el 17 de agosto de 2008, que “dentro de estas condiciones generales que fomentan y permiten la inversión extranjera resulta una práctica común y deseada por la mayoría de los inversionistas, la necesidad de someter las posibles diferencias derivadas del desarrollo de las correspondientes actividades económicas, a una jurisdicción que a juicio de las partes interesadas no tienda a favorecer los intereses internos de cada Estado o de particulares envueltos en la controversia”.

Hemos llegado al concepto de inversión extranjera como imperativo para el desarrollo y actualización de Venezuela en el concurso de naciones; por lo cual afirmamos que el soporte legal de la inversión foránea debe mejorarse para que se produzcan efectivamente esos capitales extra nacionales en nuestro país. La llamada seguridad jurídica, necesaria para que el inversionista extranjero pueda invertir dentro de nuestras fronteras, supone la actualización y mejoramiento de las leyes, reglamentos, decretos, y políticas financieras.- El inversionista extranjero debe tener la convicción que dentro del país hay seguridad jurídica.

La inversión extranjera, se supone que es parte de la llamada inversión privada, que clama para que el Estado la promueva y la proteja.

Hoy día se pretende diferenciar la inversión privada de los nacionales de la inversión extranjera, cuando en una norma se señala que el Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas, rematando la norma con frases imperativas en favor del inversionistas venezolano, al señalar que no se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales, es decir que el inversionista extranjero siempre tendrá menos protección jurídica que el inversionista nacional, a lo sumo en una interpretación liberal se dice que se equiparan o deben equipararse ambos inversionistas; o sea o en conclusión no hay estímulo real para la inversión extranjera.

Partiendo de investigaciones y trabajos sobre la Inversión Extranjera en Venezuela, señalamos que los principales factores que desincentivan la inversión en Venezuela:

1) Una mala y negativa promoción para la inversión extranjera, al punto que los fanáticos del gobierno lo señalan con animadversión

2) El ser selectivos en los procesos de integración supranacionales, en términos que denunciamos y salimos de algo que era importante como el Pacto Subregional Andino y buscamos, sin que hayamos sido aceptados en el Mercado Común Latinoamericano; a la vez que hemos promovido la integración en otros organismos, que tienen mayos matiz político que económico.

3) Las decisiones de los organismos supranacionales, aunque no se quiera, tienen relación y consecuencias directas en el orden interno del País; es el caso de los órganos de arbitraje internacional, como es el caso de CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Al hablar de arbitraje debemos señalar el criterio del Tribunal Supremo de Justicia, quien en sentencia del 8 de octubre del 2018 (exp. 17-0126) señaló que al ser el arbitraje parte de la función jurisdiccional, el árbitro se ve investido de la jurisdicción en los términos que ordenamiento jurídico establezca’

4) Venezuela no tiene ni puede garantizar lo que es preponderante y primario: seguridad jurídica, pues el inversionista requiere de un marco jurídico y legal cierto, estable, probado, previsible; en especial en las relaciones del inversionista con los órganos del poder público del Estado. Al no existir Seguridad Jurídica se sobreentiende que se afecta o podría afectarse los porcentajes normales de utilidades, así como los derechos de propiedad del inversionista y por último, entre otros, la aplicación arbitraria de la ley en perjuicio del inversionista. En este mismo sentido se han creado dificultades para acceder a insumos; se establece por ley que las relaciones laborales se encajonan en favor solo de los derechos del trabajador.

5) Se ha generado y transmitido falsos conceptos de los que significa la Inversión Extranjera, produciendo rechazo inmediato a la posibilidad de una Inversión foránea.

6) Se ha desconocido la ley existente de Inversión Extranjera que consagra artículos muy precisos sobre los derechos y obligaciones de estos inversionistas. El ejemplo sería el artículo 6 de la ley que señala que “Las inversiones internacionales tendrán derecho a un trato justo y equitativo, conforme a las normas y criterios del derecho internacional y no serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias que obstaculicen su mantenimiento, gestión, utilización, disfrute, ampliación, venta o liquidación”. En igual dirección aparecen los artículos 7, 8 y 9.

Según Allan R. Brewer-Carías y Carlos García Soto, los principales obstáculos para hacer negocios en Venezuela son ‒de más a menos problemáticos‒:

Inflación;

regulaciones cambiarias;

inestabilidad de las políticas públicas;

inestabilidad gubernamental;

corrupción;

ineficiencia de la burocracia gubernamental;

inseguridad y

la legislación laboral, entre otros 21.

Según Benigno Alarcón Deza al analizar esa Ley señala que las condiciones favorables para la inversión podían dirigirse al cumplimiento de tres objetivos:

la promoción de la inversión en general;

la promoción de inversiones por sectores o regiones del país, y

La promoción de condiciones atractivas para la inversión que coincida con objetivos nacionales específicos de desarrollo. Claro que podrían agregarse otros conceptos y situaciones.

Para José Antonio Gil Yépez, su ejecución había estado motivada, por los privilegios que les otorga el gobierno chavista a inversiones y contratistas extranjeros, que provienen de países con gobiernos “amigos”, tales como China, Irán, Bielorrusia, Argentina, Brasil, España (bajo el gobierno del PSOE), Ecuador, Cuba y Rusia.

El mismo Brewer Carias, señala que la previsión del artículo 151 constitucional permite el arbitraje internacional en relación con el Estado venezolano de acuerdo con el principio de la inmunidad relativa de jurisdicción que es el generalmente aceptado en el mundo contemporáneo. “El consentimiento del Estado al Arbitraje internacional en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones de 1999 y sus vicisitudes.”

El arbitraje internacional ofrece garantías de seguridad jurídica a los inversores internacionales quienes buscan oportunidades de crecimiento para sus excedentes financieros. Estos excedentes constituyen inversión en naciones en desarrollo; pues la inversión extranjera se desarrollará en aquellos países que otorguen garantías reales garantías a su inversión; es decir, que ofrezcan seguridad jurídica.

No obstante, lo señalado en una nueva etapa venezolana, en el “día después” hay que privilegiar a la Inversión extranjera para la reconstrucción de la economía venezolana.

Para estimular y tomar decisiones en favor de la Inversión Extranjera, Venezuela debe preparar su infraestructura general, como sería: a) Una doble decisión educativa para los profesionales existentes, en cuya dirección deben promoverse cursos de actualización para que se adecuen conforme a las nuevas tecnologías y técnicas existentes; y b) reformular los pensum de estudios en pregrado, universitario, técnico superior y postgrado, en el cual los estudiante absorban los nuevos procesos, las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas y, sobre todo, el conocimiento que los estados más avanzados hayan puesto en práctica.

En paralelo el Estado debe proveer de mecanismos adecuados para combatir el flagelo de la corrupción venezolana que es una cultura, con una gravedad sinigual. Rapiñan en la aduana, en todos los niveles; rapiñan en el poder judiciales a término que el honesto en ese mundo es una excepción hoy día; Rapiñan en todos los sectores de la administración Pública, a varios niveles (para no decir todos), que incluyen hasta secretarias; Rapiñan los organismos de seguridad y protección ciudadana, uniformados o sin uniformes; y dejamos de contar, porque hasta en la empresa privada existen abusadores y rapiñeros, así como en los exilados que dicen que su exilio se debe a la lucha por la democracia y la honestidad. Es así que leímos lo de venezolanos que se apropiaron de casas confiscadas por el gobierno americano, sustrajeron sus bienes, los arrendaban y paramos de contar. Alguien señaló aquella frase de “ladrón que roba a otro ladrón tiene cien años de perdón”; pero ladrón es.

No se debe olvidar el mercado nacional como tal cuya regulación debe responder a sistemas adecuados, honestos y supervisados, como serian el sistema de Precios, el castigo a la violación de la ley, la generación de una infraestructura adecuada y los servicios públicos generales activos, en desarrollo permanente con miras a futuros inmediato mediato y a largo plazo.

Acá dejamos una afirmación general: Venezuela necesita financiamiento internacional para cubrir la caída de sus ingresos petroleros y para equilibrar nuestra economía

Al Inversionista Extranjera hay que mirarlo como amigo y aliado necesario, por lo cual debe tener garantías de protección de sus derechos, en términos de concientizar sobre la teleología de sus inversiones: motor vital para la economía y el desarrollo.

El estar hoy marginado del CIADI viola, técnicamente, nuestra constitución; pues Según Allan BREWER CARÍAS, la previsión del artículo 151 constitucional permite el arbitraje internacional en relación con el Estado venezolano de acuerdo con el principio de la inmunidad relativa de jurisdicción que es el generalmente aceptado en el mundo contemporáneo. Así lo expresó en “El consentimiento del Estado al Arbitraje internacional en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones de 1999 y sus vicisitudes.”. Es decir que el Estado está autorizado en la Constitución para someter a arbitraje internacional materias relativas a contratos de interés público, excepto si su naturaleza lo impide, lo que se refiere a materias generalmente conocidas como pertenecientes al ius imperii.

Para quien suscribe es un yerro de las autoridades venezolanas haber dictado en el año 2014 una nueva Ley de Inversiones Extranjeras, consagrando en su artículo 5º que las inversiones extranjeras “quedarán sometidas a la jurisdicción de los tribunales de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.” En la lectura más simple se presume la posible parcialidad de los tribunales a favor del Estado.

Haber denunciado al CIADI ha sido fue un terrible error; pues la manera que tienen los inversionistas extranjeros para garantizar sus derechos es a través de una justicia internacional justa, equilibrada e imparcial. Esta es la piedra angular de su seguridad jurídica; pues este organismo no tiene favoritismo; es más puede llamar a ambas partes a una conciliación a la que se puede acudir sin que existan opciones de parcialidad o presión externa. Se tratan a las partes en igualdad de condiciones sin que exista favorecimiento por alguna de las partes, o discriminación y el que tiene el derecho se verá compensado, pudiendo obtener la reparación del daño que se le hubiere causado.

De allí que podemos afirmar que en una nueva etapa del país debe promoverse la inversión extranjera modificando la ley del año 2024 con retorno al sistema internacional de protección de las inversiones extranjeras reincorporándonos al Convenio de Washington.-

Al reincorporarnos al convenio de Washington queda atrás la actual política estatista y confiscatoria, se produce la vigencia de CIADI y hay confianza y seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros.

Con la promoción de la inversión extranjera y el volver al tratado de Washington y al convenio CIADI, se logra también la participación de Venezuela en la creación de nuevos órganos supranacionales, y como tratado público tiene aplicación preferente a las normas internas.

Venezuela en el periodo de Hugo Chávez, 1999 hasta 2013, con una política contra todo el mundo, menos sus aliados ideológicos, enfatizando lo que él denominada “expropiación” ha sido demandada multiplicidad de veces, lo que evidencia yerros en las relaciones internacionales, en especial con las empresas inversionistas, lo que hace presumir derechos reales de los actores; es decir que tienen altas probabilidades de obtener decisiones favorables por parte de dichos demandantes. Lo que ha ocurrido con Conoco Phillips o Crystallex. El 30% de los casos decididos, la demanda ha sido declarada sin lugar, y otros 28% han sido desistidos. Como Venezuela denunció la Convención CIADI en 2012, demandas interpuestas después de esa fecha han sido desestimadas como fue el caso Kimberly-Clark. En los casos decididos por CIADI Venezuela ha sido condenado solo en el 42% de las acciones reclamadas, cuyas condenas alcanzan los veinte mil millones de dólares (incluyendo intereses y costas); o sea que técnicamente el Estado venezolano es deudor de esas condenas, afectando bienes de la República. Conoco Phillips obtuvo una medida de embargo sobre las acciones de PDV Holding, Inc. por un monto remanente de la condena, que asciende a 1.287.664.420 dólares a julio de 2021.

Una empresa llamada AGROISLEÑA, también demandó y ganó, ordenándose que se le pague 1.629.000.000,00 dólares . En el caso de CRYSTALLEX, la condena fue por 1.202 millones de dólares. Esta empresa inició proceso de ejecución contra propiedades de PDVSA, representada en CITGO. Lo del CIADI es, sin incorporar a este problema de Venezuela, las obligaciones del Estado venezolano por las empresas expropiadas.

Mientras subsista la crisis política y no exista un plan integral de la Nación que contemple soluciones vitales a los problemas del endeudamiento, es difícil suponer que esta situación se supere. El cómo lograrlo es cuestión que atañe al Gobierno, quien debe asesorarse con economistas de amplia trayectoria internacional.

Hemos señalado que la seguridad jurídica es la condición elemental para la inversión extranjera, lo cual debe acompañarse de condiciones generales, utilitarias y necesarias de la conducta del gobierno frente a los inversionistas, como son, el reconocimiento del derecho a la propiedad y su restricción por vía de expropiación, el derecho de los inversionistas a la repatriación de capitales y sus utilidades, y a obtener reparación de los daños que se hayan causado en este periodo con garantías de no repetirse.

Ya no se trata de un Estado prepotente sino de una parte igual, pero consciente de que eso será en beneficio del desarrollo nacional; aunado al regreso del Acuerdo Subregional Andino .

Según Benigno Alarcón Deza las condiciones favorables para la inversión podían dirigirse al cumplimiento de tres objetivos: (i) la promoción de la inversión en general; (ii) la promoción de inversiones por sectores o regiones del país, y (iii) la promoción de condiciones atractivas para la inversión que coincida con objetivos nacionales específicos de desarrollo.

En complemento Allan R. Brewer-Carías y Carlos García Soto (Compiladores), han señalado que los principales obstáculos para hacer negocios en Venezuela son ‒de más a menos problemáticos‒: i) Inflación; ii) regulaciones cambiarias; iii) inestabilidad de las políticas públicas; iv) inestabilidad gubernamental; v) corrupción; vi) ineficiencia de la burocracia gubernamental; vii) inseguridad y viii) la legislación laboral, entre otros.

Para José Antonio Gil Yépez, su ejecución había estado motivada, por los privilegios que les otorga el gobierno chavista a inversiones y contratistas extranjeros, sobre todo si provienen de países con gobiernos “amigos”, tales como China, Irán, Bielorrusia, Argentina, Brasil, España (bajo el gobierno del PSOE), Ecuador, Cuba y Rusia.

La profunda precariedad en que se encuentra la economía venezolana traduce lo indispensable que es para Venezuela la inversión extranjera, como factor en la reconstrucción de la economía venezolana.

La velocidad de cambio de la tecnología necesita de una actualización de nuestros profesionales que le permitan adecuarse y entender los nuevos procesos, sistemas y métodos traídos por las empresas extranjeras.

Resulta obvio que la infraestructura nacional también debe actualizarse, mejorarse y adecuarse a las exigencias del mundo actual para acompasar los procedimientos de los nuevos inversionistas. - Igualmente debe consagrarse la prohibición de expropiar inversiones extranjeras. -

Los inversionistas extranjeros buscan discutir con sus contrapartes las características de las relaciones laborales, ergo, de las leyes del trabajo y suplementarias; pues el Inversionista extranjero es un aliado del Estado.

LA REORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

Esta es una de las actuaciones más delicadas del nuevo gobierno porque es la institución que tiene la capacidad y el instrumental de fuego del país, por cuya razón la reorganización debiera venir de sus propios componentes, presentando un proyecto de decreto especial y necesario, hasta un proyecto de ley (Obvio que no debe ser retroactivo) que ordene reorganizar las Fuerzas Armadas, pues este sector de la sociedad en los últimos cinco lustros ha venido corrompiéndose y facilitando seguridad a la dictadura, en detrimento de la seguridad de la Nación y de los derechos humanos de sus habitantes.

En las Fuerzas Armadas nos permitimos incluir, no solo a las 4 fuerzas conocidas con ese nombre “Fuerzas Armadas”, (Ejército, Aviación, Marina y Fuerzas Armadas de Cooperación o Guardias Nacionales), sino también a las fuerzas policiales o parapoliciales del país, excluyendo solamente a las llamadas fuerzas políticas (SEBIN, y DGCIM o Servicios de contrainteligencia), que tienen un tratamiento especial por sus fines y su historia, en el mismo periodo de tiempo. Existen también grupos paramilitares como los llamados colectivos, la guardia territorial y otros menores que deben liquidarse legalmente.

Solo una Fuerzas Armadas, verdaderas, institucionales y cumpliendo con las obligaciones de su naturaleza, pueden contribuir decisivamente a la paz de la República, para que el aparato productivo, la economía, incluyendo el problema administrativo, la educación puedan incorporarse al desarrollo real del País, con Paz y seguridad.

Existe una tendencia de sectores que se dicen opositores que pregonan y exponen la idea de eliminar las Fuerzas Armadas, semejante error no es posible, en una sociedad que busca levantarse de sus cenizas.

El sistema comunista o socialista ha sembrado la idea de un poder eterno, al estilo Cubano, condimentado hoy día con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. De eso haremos incursiones, ideas y propuestas en este trabajo

Se me dirá que los únicos que pueden hacer algo para salir de la tragedia venezolana son los militares y por ello propuestas como la nuestra, no lo van a hacer porque son ellos los que en verdad y en la práctica detentan el poder en la actualidad y no lo van a soltar por nada del mundo. Es una verdad en el enjambre comunista de hoy.

Lo primero es regresar al MÉRITO (o la Meritocracia) para los ascensos y cargos para acabar con la política de ascensos indiscriminados, en función de un aspecto de política o simpatizar con el régimen para captarlo. En Venezuela debe haber más generales que en Estados Unidos, lo que ha provocado, conjuntamente con lo señalado, una gran descomposición en las Fuerzas Armadas; aunque existen muchos oficiales que no comparten esas posiciones y actúan honradamente. Conjuntamente deben jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con respeto a los Derechos Humanos

Lo fundamental de nuestra Fuerza Armada es defender su institucionalidad, la independencia, la integridad territorial y el cumplimiento de la Constitución Nacional. Para ello hay que reestructurarla, como señalamos desde adentro por los propios integrantes de dicha institución, hay que decantar el cimiento doctrinario de esa institución, para lo cual debe reformarse su sistema educativo y reducir su verdadero perfil doctrinario, ético y científico que responda a su naturaleza. Un militar que llegó a alto rango en su carrera militar, Rafael Huizi Clavier, ha señalado que está “seguro, pese al largo proceso interno del chavismo de destruir su sentido profesional, de someterlo a una ideologización radical permanente y a la pérdida de la institucionalidad” que en su momento responderán por lo que son y no por lo que la dictadura ha querido que sean.

Es vital que nuestras Fuerzas Armadas no participen de la política partidista y se mantengan al margen de las disputas en ese campo entre las diversas ideologías y los diversos partidos políticos, respetando siempre su subordinación al poder civil. En paralelo el Gobierno debe procurar garantizar ingresos dignos y seguridad social a los distintos miembros de esta corporación.

En los programas sobre el mundo militar en los supuestos de un cambio de Gobierno, se que el ejército (entiéndase los cuatro componente de las Fuerzas Armadas) debe regresar a lo cuarteles, lo que implica que los cientos de oficiales que tienen responsabilidades en el Gobierno cesarán en sus funciones y serán evaluados en sede interna por la nueva jerarquía militar, en armonía con el jefe de gobierno

Los militares en situación de retiro tienen propuestas interesantes, en especial los que conforman el Frente Institucional Militar que deben ser tomados en cuenta al momento de organizar nuevamente la estructura militar en todas las opciones.

Hay demasiados oficiales presos con o sin razón real los cuales deben ser amnistiados o liberados, y revisar su hoja de servicios y los cargos presentados, aunque se presume que la mayoría son inventados.

Quedan fuera de este anticipo los siguientes temas: La educación en Venezuela, la salud en Venezuela, el poder judicial y el SAREN, PDVSA, la Policía política, La corrupción. Etc.

Fin de la primera parte de esta edición.

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