Rodrigo Rivera Morales | Crímenes de la oligarquía cívico-militar venezolana
El cinismo de la dictadura cívico-militar llega a su máxima expresión cuando el fiscal general de la República pide aprehensión de EGU por delitos de terrorismo, asociación para delinquir, incitación a la violencia y odio y desconocimiento de la legalidad. Con su cara bien lavada y sus labios pintados, sin rubor alguno, empuña un manejo de papeles que califica de pruebas y que conforman el expediente contra EGU y MCM. Son papeles que ellos mismos han construido a su antojo.
Es claro que el fiscal general, simplemente, ejecuta los encargos ordenados por la cúpula gobernante. Evidente, el fiscal general tiene sus pistoleritos que ejecutan sus ordenes de sicariato lo más diligente y complaciente posible. No se trata de cumplir la ley, sino de acallar al disidente, de matar la protesta y asesinar civil y políticamente a quien se oponga a su permanencia en el manejo del Estado.
El Estado fue capturado por un grupo en los cuales había resentimiento social, envidia, revanchismo y ambición obsesiva de poder personal. Así es como en nombre de un extraño programa de redención social y vociferada como moderna, se apropió del Estado este grupo de filo fascista, enarbolando consignas e ideas marxistas de lucha de clases, afectando las libertades, los derechos sociales, las libertades económicas y el respeto a la vida. En su plan de acabar con el Estado de derecho y la democracia el grupo gobernante se planteó la necesidad de atemorizar a la sociedad venezolana y someterla, construyó los l “camaradas del hampa”. De este mejunje surgió una empasta neblina de intereses de todo tipo.
Por un lado, están los políticos con una ambición desmedida poder y riquezas, a ellos se suma un grupo militar con ínfulas de libertadores, con agallas tan grandes como una ballena para hacerse de la hacienda y riqueza nacional, por otro lado, los colectivos y los camaradas del hampa. Este grupo solo ambiciona el control de sus comunidades y el espacio para sus gestiones de drogas, secuestros, extorsión, prostitución y trata de personas. Debe señalarse que en muchos casos se integraron, como es el caso de la droga, ya no era el buhonerismo, sino a gran escala, y el negocio del lavado de dinero proveniente de esta mezcla. Por supuesto, para participar en este festín llegaron algunos banqueros, empresarios y nacieron, también, los llamados “bolichicos”.
En la medida que le tomaban gusto al poder y se enriquecían, empezaron a copar los cargos esenciales de la economía y la política. Para el grupo gobernante era esencial controlar el flujo de fondos para comprar apoyos (plan Bolívar comprar a los militares, toma de PDVSA). Es sabido que, sin su parte en las recompensas estatales, casi nadie continuará mucho tiempo al lado del que está en el poder. Por ello se construyó la oligarquía cívico-militar. Los capos del grupo quieren preservar el poder y tienen que tomar las medidas que haga falta para. Idearon formas de oprimir, reprimir, suprimir e incluso matar a sus rivales, reales o imaginarios. Todo aquél que usufructuase con ellos de las mieles del poder y quiera convertirse en líder no sobrevive, de inmediato defenestrado (Baduel, Rodríguez, Ramírez). La pandilla, asesorada por los cubanos, aprendieron que para comportarse como líderes absolutos deben ser corruptos y sin escrúpulos. Cuestión tan segura como que el dinero mueve el mundo, es que el dinero mueve a la coalición.
Bajo esta lógica el grupo gobernante se trazó la meta de minimizar a los adversarios, no solo en el campo político sino, también, en el económico. Debía acabar con la clase política tradicional y con la vieja oligarquía. Chávez sabía que las armas sostienen el poder político (Fidel se lo recalcó), en su gobierno lo demostró y colocó a los generales en puestos claves para que participaran del botín. Maduro ha continuado esa táctica y consolidó oligarquía cívico-militar. Pregúntense ¿Por qué tantos generales sino hay puesto de comando suficientes? Ellos van a los cargos importantes de la administración pública. Como el viejo cuento gomecista “compadre póngame donde haiga”.
Esta alianza cívico-militar no ha tenido escrúpulos para reprimir al pueblo, para asesinar disidentes, para perseguir a opositores, violar los derechos humanos, para mentir, para robar los dineros públicos, para cometer fraude permanente, cuyo apogeo lo alcanza con el fraude electoral del 28 de julio. Hay tanta inmoralidad en la pandilla gobernante que para mantener la lealtad de los militares de banjo rango, operativos, policías y funcionarios (registradores, jueces, fiscales.Saime, Seniat, etc.), les han autorizado para mejorar sus ingresos la “autogestión” (matraqueo, peaje), que no es más que lo dicho por Sun Tzu “la entrega de bienes privados es esencial para motivar a los soldados a luchar”.
No hay duda que la pandilla gobernante y sus sicarios han incurrido y continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad acorde al artículo 7 del Estatuto de Roma. Se entiende por "crimen de lesa humanidad", realizados permanente y sistemáticamente, cualquiera de los actos: Asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; Tortura; Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas, otros actos inhumanos (desconocimiento voluntad popular).