Noel Álvarez | El espejismo regional
Es perfectamente legítimo, sano y comprensible que cualquier dirigente tenga aspiraciones políticas y desee poner su nombre a disposición para liderar alcaldías, gobernaciones o concejalías. El liderazgo se nutre de la vocación de servicio, del trabajo comunitario y del deseo genuino de representar a las regiones en la construcción de soluciones para la gente. Esas aspiraciones son la fuerza motriz de la democracia y forman parte del derecho constitucional a elegir y ser elegido cuando los escenarios están garantizados.
Sin embargo, el contexto que hoy atraviesa Venezuela dista enormemente de una normalidad democrática. Nos encontramos sumergidos en un limbo jurídico y en una crisis institucional sin precedentes, donde el centro del problema radica en la severa ilegitimidad que afecta directamente a la Presidencia de la República. Pretender ignorar esta realidad para desatar una voraz candidaturitis a destiempo equivale a pelearse por una botella vacía mientras la propia casa permanece en ruinas.
Resulta insólito ver a dirigentes desenfundando espadas para disputarse espacios regionales que ni siquiera están en la agenda real ni en los planes inmediatos del país. Quienes hoy juegan posición adelantada en las regiones ignoran, de forma irresponsable, que no puede haber gobernabilidad ni autonomía local sólida mientras el vértice del poder público carezca de la validación soberana del pueblo. Las ambiciones individuales, por legítimas que sean en tiempos de paz, se convierten en una grave imprudencia en tiempos de crisis.
Tras los acontecimientos del 3E, la conducción del Estado enfrenta una doble condición de ilegitimidad. Por un lado, una gestión que desconoció la voluntad popular expresada masivamente en las urnas el 28 de julio de 2024 y, por el otro, un mandato interino no electo por el voto directo de los ciudadanos. Pretender saltarse este vacío de origen para concentrarse en contiendas regionales es un grave error táctico que solo contribuye a anestesiar la conciencia cívica y a legitimar la normalización de la crisis.
Esta distracción resulta aún más grave cuando la geopolítica marca un rumbo distinto. El reciente anuncio sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre Estados Unidos y las autoridades provisionales venezolanas reafirma la vigencia de una hoja de ruta internacional enfocada en tres fases claras: estabilización, recuperación económica y transición democrática. Mover la mirada hacia disputas locales mientras la comunidad internacional presiona por la resolución del conflicto central es un contrasentido histórico y estratégico.
Ante esta realidad, la exigencia unitaria y categórica debe ser, exigir la presentación inmediata de un cronograma electoral claro, transparente y con fecha cierta. No podemos continuar en un terreno de incertidumbres ni de plazos indefinidos mientras transcurren los meses sin respuestas concretas. El país requiere certezas institucionales y un camino bien delimitado que conduzca a la población hacia la restitución de la soberanía popular mediante el voto libre, justo y verificado por la comunidad nacional e internacional.
Ese cronograma electoral debe establecer como fase primordial e ineludible la celebración de elecciones presidenciales verdaderamente libres. Es allí donde debe concentrarse el esfuerzo cívico, la fuerza de la sociedad organizada y la presión de todos los factores democráticos. Pretender diluir la atención ciudadana en comicios secundarios solo beneficia a quienes apuestan a la fragmentación de la alternativa democrática y a la permanencia de un esquema que frena el cambio.
Las fuerzas internacionales y los mediadores han reiterado que el cambio democrático debe darse en el corto plazo; sin embargo, no podemos permitir que ese corto plazo se convierta en una espera interminable de meses sin concreción. La lucha por la fecha cierta de la elección presidencial debe ser la bandera prioritaria que unifique a todos los liderazgos. Sin una Presidencia legítima y reconocida, cualquier espacio regional que se intente conquistar carecerá del marco institucional necesario para gobernar.
Es hora de actuar con madurez política, disciplina y un elevado sentido de altura histórica. Las rencillas internas, la codicia por parcelas de poder y la competencia desmedida deben dar paso a una cohesión inquebrantable alrededor de la reconstrucción nacional. Quienes aspiran a conquistar espacios en el futuro deben entender que la democracia jamás se construye desde el enfrentamiento entre hermanos, sino sobre la fuerza de una causa común que ponga el rescate de Venezuela por encima de cualquier ambición personal.
Solo cuando logremos restituir el orden constitucional y la legitimidad en el Poder Ejecutivo Nacional habrá espacio para disputar las representaciones regionales y municipales. Hasta que ese momento llegue, la consigna debe ser la unidad de objetivos, la firmeza y la concentración de todos los recursos humanos y políticos en la exigencia del cronograma para las elecciones presidenciales. Quien insista en desviar el rumbo jugando posición adelantada, estará dándole la espalda a una nación que clama por coherencia.
