Luis Hidalgo Parisca | Enseñanzas del pacto de Punto Fijo
El acuerdo político suscrito en 1958 por los principales líderes de los partidos políticos más importantes del país en aquel momento, que le proporcionó al sistema democrático venezolano la mayor estabilidad y eficacia social durante un largo período de 40 años, nos dejó varias enseñanzas dignas de emular en el nuevo ciclo histórico que está por comenzar en la Venezuela del siglo XXI.
En efecto, el objetivo de defender y consolidar a la incipiente democracia de entonces, amenazada por las dobles tenazas del militarismo perezjimenista que pretendía regresarnos al sistema dictatorial del pasado, por una parte y, por la otra, la insurgencia de la izquierda radical que inspirada en el triunfo de la revolución cubana quería colocarnos bajo la órbita comunista, se logró con base a un compromiso con la nación venezolana, que trascendía las meras ambiciones personalistas o de carácter exclusivamente partidistas.
Ese responsable compromiso se puso varias veces a prueba durante el gobierno del Presidente Rómulo Betancourt, en donde la férrea alianza de los partidos Acción Democrática y COPEI, enfrentó y superó exitosamente todos los intentos de destruir la experiencia democrática.
Quizás el episodio mas emblemático en donde se demostró la verdadera y superior catadura ética de uno de los padres del sistema democrático venezolano, Rómulo Betancourt, fue cuando en 1967, puesto en el dilema de dar su apoyo para la presidencia a un calificado e histórico dirigente de su partido, notoriamente ateo e identificado con las posturas mas izquierdistas de su organización que le garantizaba un tercer período de gobierno, pero que a la vez significaba una amenaza que pudiera conducir a una ruptura de la institucionalidad democrática, prefirió perder el poder a manos de un adversario leal que le aseguraba continuidad al proyecto democratizador del país.
El partido COPEI, a pesar de las diferencias ideológicas que lo separaban de Acción Democrática, supo entender que el objetivo prioritario de aquellos momentos era la defensa y consolidación del sistema democrático de gobierno, por lo que con gran responsabilidad no dio cabida a posiciones desleales y oportunistas que pudieran comprometer la estabilidad institucional.
Esa especie de acuerdo sinalagmático, en el que se pone por encima de los intereses parciales el supremo interés nacional, es el que deberá promoverse entre los nuevos actores políticos del país. Ello a la vez demanda una sólida e incuestionable lealtad con el nuevo proyecto nacional y una fortaleza moral y política de quienes aspiren suscribirlo.
El proyecto país implícito en el Pacto de Punto Fijo funcionó eficazmente durante los primeros tres períodos de gobierno. A partir del cuarto período constitucional comenzó a deteriorarse, lenta pero progresivamente.
Cumplió sus objetivos políticos, mas no fue suficiente en materia económica y social. Cuando en 1989 se intentó cambiar el rumbo del país, particularmente en lo relativo a las políticas económicas nacionales, desafortunadamente ese viraje no se soportó en ningún entendimiento o acuerdo previo con la sociedad civil, ni con los principales factores partidistas, sino que se pretendió sustentar en el solo liderazgo de quien ejercía la presidencia de la república. No hubo ningún consenso, ni siquiera con el propio partido de gobierno, lo cual contribuyó a la creación de un ambiente propicio para darle forma a una especie de conjura en la que se mezclaron descontentos políticos del pasado y ambiciones personales y grupales desatadas, que coincidieron en dar al traste con esa iniciativa de actualización económica.
Para la Venezuela que, con 25 años de retraso, aspira ingresar al siglo XXI, tiene que haber también un gran acuerdo nacional de los distintos actores políticos, económicos, sociales y culturales, identificados con un proyecto de nueva sociedad, fundamentado en la libertad económica, en el respeto a los derechos humanos, en la vigencia plena del estado de derecho, en la reducción del protagonismo del Estado en la economía nacional, en la descentralización de las competencias y recursos del poder nacional en beneficio de los poderes regionales y municipales, en el cese de la partidización de la sociedad, en el perfeccionamiento y empoderamiento de la sociedad civil, en el pleno respeto a los derechos y libertades individuales y colectivas, en la eliminación de los factores causantes de las desigualdades sociales y económicas, en la defensa de la familia y de nuestras tradiciones culturales y religiosas, así como en la consolidación de una verdadera democracia de ciudadanos.
En ese acuerdo superior, al igual que sucedió en el Pacto de Punto Fijo, no podrán participar los factores intolerantes con la democracia, la libertad y la justicia.
El autor es un dirigente demócrata cristiano y especialista en cuestiones del sector agrario.
Luis Hidalgo Parisca en Duaca, 07 de diciembre de 2024.
Editado por los Papeles del CREM, 11 de diciembre del año 2024. Responsable de la edición: Raúl Ochoa Cuenca. [email protected]