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José Rafael Rivero | Las elecciones en España: entre el miedo y la esperanza

El próximo 29 de noviembre, los españoles acudirán a las urnas para decidir algo más que quién ocupará La Moncloa. Decidirán, en buena medida, qué modelo de país quieren para los próximos años. Y observo esta campaña electoral con cautela, pero también con la preocupación que produce una contienda política donde, con demasiada frecuencia, el miedo parece ocupar el lugar que debería corresponder a las ideas.

PP, Vox y PSOE libran una batalla por el poder en la que los problemas reales de los españoles aparecen mezclados con discursos cada vez más polarizados. La vivienda, los impuestos, la seguridad, el empleo, los servicios públicos y la inmigración forman parte de una agenda que no admite soluciones fáciles.

Uno de los asuntos que más me preocupa es precisamente la inmigración. La derecha española ha convertido el fenómeno migratorio en uno de los principales ejes de su discurso electoral. Se habla de inmigración irregular, de control de fronteras y de deportaciones, y comienza a imponerse incluso el término remigración, una palabra que pretende suavizar una realidad que tiene otro nombre: deportación.

Europa parece avanzar, además, hacia fórmulas cada vez más severas. Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria han acordado con Ruanda la creación, para 2027, de un centro al que podrían ser trasladadas personas sin residencia legal, incluidos solicitantes de asilo rechazados, mientras se completa su expulsión.

La pregunta que debemos hacernos no es si un Estado tiene derecho a ordenar su política migratoria. Por supuesto que lo tiene. La pregunta es hasta dónde puede llegar el Estado sin sacrificar los principios jurídicos y humanitarios que dice defender.

Estados Unidos, bajo Donald Trump, ha llevado esta discusión a otro nivel. Su política migratoria ha demostrado que, cuando la defensa de la frontera se convierte en una batalla política, el Estado de derecho puede quedar sometido a una tensión extraordinaria. Europa no debería copiar ese modelo sin preguntarse primero qué precio institucional y humano está dispuesta a pagar.

El Partido Popular plantea rebajas fiscales, medidas para facilitar el acceso a la vivienda, un endurecimiento de la política migratoria y una revisión de buena parte de las leyes aprobadas durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Vox, por su parte, empuja todavía más el debate migratorio hacia posiciones de máxima dureza.

El PSOE llega a estas elecciones con un programa diferente: más inversión pública, políticas de vivienda, fiscalidad progresiva y un importante compromiso con la seguridad ferroviaria, después de las tragedias ocurridas durante este año. Su programa contempla movilizar el equivalente al 1 % del PIB para vivienda y comprometer 19.000 millones de euros hasta 2030 para conservación y seguridad ferroviaria.

Pero tampoco basta con enumerar promesas. Después de ocho años de gobierno, Pedro Sánchez tendrá que responder ante los ciudadanos por lo realizado y por lo que no se hizo. La oposición, a su vez, tendrá que explicar cómo piensa gobernar y no limitarse a señalar los errores del adversario.

España necesita algo más que una elección entre bloques. Necesita un debate serio sobre el país que quiere ser.

La inmigración no puede convertirse en el chivo expiatorio de todos los males. La vivienda no se resuelve con consignas. Los impuestos no pueden discutirse únicamente desde el interés electoral. Y la seguridad ferroviaria no debería necesitar una tragedia para convertirse en prioridad nacional.

El 29 de noviembre los españoles no deberían votar desde el miedo ni desde el resentimiento. Deberían votar desde la razón.

Porque una democracia no se fortalece cuando encuentra un enemigo al que culpar. Se fortalece cuando es capaz de resolver sus problemas sin renunciar a la ley, a la dignidad humana y al Estado de derecho.

Ese, más que cualquier eslogan electoral, debería ser el verdadero debate de estas elecciones.

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