José Rafael Rivero | La demolición del Hotel Granada: ¿patrimonicidio o historicidio?

Maracaibo marginada
¿Qué más te puede pasar
que ya no te haya pasado?
Ricardo Aguirre

 

No escribo para condenar a la izquierda, a la derecha ni a quienes se acomodan en el centro del espectro político. Escribo para denunciar una tragedia que trasciende las ideologías y desnuda una forma de ejercer el poder: la destrucción de la memoria colectiva bajo el argumento de que ya no queda nada por salvar.

La demolición del Hotel Granada no es simplemente el derribo de una edificación deteriorada. Es la desaparición de una parte de Maracaibo. Es la reducción de la historia a escombros. Es la condena de un patrimonio arquitectónico a convertirse en fotografía, anécdota y recuerdo. Y cuando una ciudad permite que su pasado termine bajo una máquina demoledora, la pregunta deja de ser cuánto costaba restaurarlo y comienza a ser cuánto nos cuesta, como sociedad, perderlo.

¿Patrimonicidio? ¿Historicidio? Llámese como se quiera, pero que nadie pretenda disfrazar de fatalidad lo que exige una explicación pública.

Para justificar lo ocurrido, algunos apuntan hacia los propietarios y les atribuyen la responsabilidad por el abandono del inmueble. Bien, examinemos esa explicación. ¿Acaso la existencia de propietarios exime a las autoridades de sus obligaciones en materia de protección patrimonial? ¿Se estudiaron alternativas de restauración? ¿Se evaluó una recuperación mediante inversión pública, privada o mixta? ¿Se exploraron mecanismos de protección, adquisición o aprovechamiento cultural? ¿Se agotaron las vías previstas en la legislación venezolana sobre patrimonio cultural?

¿Dónde están los informes técnicos? ¿Dónde quedaron los proyectos? ¿Qué instituciones intervinieron? ¿Qué alternativas se consideraron antes de que la demolición se convirtiera en una decisión irreversible?

Porque una cosa es reconocer el deterioro de un edificio y otra muy distinta aceptar que su desaparición era el único desenlace posible. La ruina de un inmueble no comienza el día en que amenaza con desplomarse. Comienza mucho antes: cuando se posterga una reparación, cuando se incumple una promesa, cuando una administración mira hacia otro lado y cuando otra llega para descubrir, con sorprendente facilidad, que el problema heredado ya no tiene solución.

Maracaibo conoce demasiado bien esa historia.

El Hotel Granada no es un episodio aislado. Su demolición evoca inevitablemente la herida de El Saladillo, aquel tejido urbano y humano que desapareció bajo la promesa del progreso. Cambian los gobernantes, cambian los discursos, cambian las justificaciones; pero la ciudad vuelve a enfrentarse a la misma pregunta: ¿quién decide qué merece sobrevivir y qué puede desaparecer sin que nadie rinda cuentas?

Maracaibo parece condenada a contemplar cómo su patrimonio se desvanece mientras las explicaciones oficiales llegan puntuales, casi siempre después de la tragedia. Primero se abandona; luego se declara irrecuperable. Primero se deja deteriorar; después se presenta la demolición como una necesidad. Y, finalmente, se invita a los ciudadanos a conformarse con la nostalgia.

¡Qué conveniente resulta ese ciclo para quienes administran el poder! El abandono pertenece al pasado; la demolición, al presente; y la responsabilidad, al limbo de las promesas políticas.

No se trata de afirmar, sin pruebas, que cada derrumbe obedece a una intención deliberada. Se trata de exigir algo elemental en cualquier sociedad que se respete: que las autoridades expliquen sus decisiones, documenten sus actuaciones y asuman las consecuencias de sus omisiones.

Hay un antecedente que merece recordarse.

En 2014, durante la gestión de Francisco Arias Cárdenas, el entonces secretario de Cultura del Zulia, Giovanny Villalobos, se refirió al Palacete de Loyola y anunció una política de recuperación de espacios patrimoniales. En aquella ocasión declaró:

«Acabamos de expropiar por autoridad pública, el Palacete de Loyola, frente a la casa del partido político Copei para un proyecto gigantesco de promoción hacia el tema de las artes.

Asimismo, tomaremos otros sitios abandonados como el Hotel Granada. Hay muchos planes que estamos emprendiendo con el gobernador Francisco Arias Cárdenas y, se comenzarán a ver este lunes».

Han transcurrido años desde aquellas palabras. El Hotel Granada, que entonces figuraba entre los espacios que se anunciaban para una eventual recuperación, terminó convertido en el centro de una nueva controversia patrimonial.

¿Dónde quedaron aquellos planes? ¿Qué ocurrió con las promesas? ¿Qué se hizo, qué se dejó de hacer y quién responde por el desenlace?

La memoria también sirve para eso: para confrontar el discurso con los resultados. Porque gobernar no consiste en anunciar una ciudad nueva cada vez que cambia una administración. Gobernar supone hacerse cargo de la ciudad que se recibe, de sus heridas, de sus deudas y de aquello que todavía puede salvarse.

Hoy, el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, queda ante una obligación que no se resuelve con declaraciones: explicar qué alternativas se evaluaron antes de proceder a la demolición del Hotel Granada, qué informes técnicos sustentaron la decisión y qué medidas se adoptaron para proteger un inmueble de valor histórico y arquitectónico.

La seguridad de las personas es prioritaria. Nadie sensato debería discutirlo. Si una estructura representa un peligro real e inminente, las autoridades tienen el deber de actuar. Pero proteger vidas no significa que la ciudadanía deba renunciar al derecho de conocer cómo se llegó a esa situación, si existían opciones de conservación y qué responsabilidades institucionales pudieron concurrir en el deterioro.

La seguridad no puede convertirse en una respuesta automática que clausure toda pregunta. Mucho menos en una coartada para que el debate sobre el patrimonio termine sepultado junto con sus paredes.

Y aquí es donde la responsabilidad política adquiere una dimensión que va más allá del alcalde de turno. El Hotel Granada arrastra años de deterioro y abandono. Por eso, las preguntas también alcanzan a quienes ejercieron responsabilidades municipales, regionales y culturales durante las últimas dos décadas. Cada administración deberá responder por el período en que tuvo competencias, por las decisiones que tomó y por las medidas que omitió, si las hubo.

No basta con señalar al propietario. No basta con invocar el peligro. No basta con presentar la demolición como un hecho consumado. Hace falta reconstruir la historia de ese abandono y establecer, con documentos y responsabilidades concretas, cómo se llegó hasta aquí.

De lo contrario, seguiremos repitiendo como máquinas que monologan una lista de celebridades que supuestamente se hospedaron en el Granada: Carlos Gardel, Libertad Lamarque, Mario Moreno, ‘Cantinflas’, y Rocky Marciano. Nombres que alimentan el orgullo de una ciudad, pero que no pueden sustituir una política de conservación patrimonial. La memoria no se protege recitando huéspedes ilustres cuando ya no queda el edificio que los evoca.

Y qué ironía: mientras el patrimonio desaparece, abundan las palabras para homenajearlo. Incluso hubo quien intentó devolverle vida al Hotel Granada desde el lenguaje cinematográfico. La producción El Hotel, impulsada por Gustavo Cohen, imaginó las posibilidades de recuperación del inmueble y ofreció una representación de lo que podría haber sido su restauración, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Aquella propuesta hizo visible una posibilidad: que el edificio no tuviera que permanecer condenado a la ruina, que todavía pudiera formar parte de un proyecto de ciudad.

La imaginación, sin embargo, no sustituye la voluntad política. Una recreación digital puede mostrar lo que sería posible; solo las decisiones, los recursos y la gestión pueden convertirlo en realidad.

Hoy, esa posibilidad se enfrenta a una evidencia irreversible: lo que desaparece físicamente no puede recuperarse con una simulación. La tecnología puede reconstruir una imagen; no puede devolver la autenticidad de los materiales, la huella del tiempo ni la presencia de un edificio en la vida cotidiana de una ciudad.

Por eso, el caso del Granada no debería cerrarse con la última jornada de demolición. Debería abrir una investigación pública sobre el estado del patrimonio marabino, los mecanismos de protección existentes y la actuación de las instituciones responsables. Debería obligarnos a elaborar un inventario serio de los inmuebles en riesgo, establecer prioridades de intervención y crear instrumentos que impidan que el abandono vuelva a presentarse como una sentencia definitiva.

Porque una ciudad que no protege su patrimonio termina perdiendo algo más que sus edificios: pierde referencias, identidad y la posibilidad de reconocerse en su propia historia. Maracaibo ya ha pagado demasiado por decisiones tomadas en nombre del progreso, la modernización o la urgencia. El Saladillo sigue siendo una herida en la memoria urbana. El Hotel Granada amenaza con convertirse en otra lección de desidia que las próximas generaciones tendrán que aprender a partir de fotografías y testimonios.

Y entonces regresamos a Ricardo Aguirre, a esa pregunta que parece escrita para una ciudad acostumbrada a sobrevivir a sus propias pérdidas:

¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado?

Tal vez la respuesta sea esta: todavía puede pasarnos que terminemos acostumbrándonos. Que aceptemos como normal la desaparición de aquello que nos pertenece a todos. Que cada generación herede menos ciudad y más ruinas; menos patrimonio y más explicaciones; menos memoria viva y más discursos pronunciados frente a los escombros. Eso sería, quizá, la derrota más profunda.

George Santayana dejó una advertencia que conserva toda su vigencia:

«Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo».

Pero en Maracaibo el problema ya no es solamente recordar. Es actuar antes de que sea demasiado tarde. Es exigir responsabilidades mientras todavía quedan edificios por salvar. Es comprender que el patrimonio no pertenece exclusivamente a sus propietarios ni a los gobernantes que transitoriamente administran la ciudad: pertenece también a la memoria colectiva y a las generaciones que aún no han llegado.

El Hotel Granada ya no puede salvarse mediante una restauración de lo que fue demolido. Precisamente por eso, su desaparición obliga a preguntar qué se hizo para evitarla, quiénes tenían el deber de actuar y qué garantías existen para que la historia no vuelva a repetirse. Porque cuando una ciudad derriba su patrimonio sin haber explicado públicamente por qué no pudo salvarlo, no solo pierde un edificio: compromete su memoria y pone a prueba la responsabilidad de quienes la gobiernan.

Y Maracaibo, la ciudad del sol amada, no merece seguir viviendo entre promesas, demoliciones y nostalgias.