José Ignacio Moreno León | La transición tutelada y la cuarta fase necesaria

La crisis política e institucional que se ha desarrollado en Venezuela durante las últimas tres décadas ha derivado en un inédito proceso de tutelaje, promovido por el actual gobierno de los Estados Unidos, con el propósito de lograr, es tres fases,  la estabilización del país, su recuperación y, como fase final, una transición hacia un proceso electoral supervisado que garantice el retorno a un gobierno democrático y estable. 

A nuestro juicio para lograr deslastrar a nuestra democracia de los vicios históricos y fortalecerla para  que opere eficientemente frente a las demandas de las nuevas realidades globales, se hace necesario impulsar una cuarta fase que asegure esa estabilidad y la libertad, con una visión de largo plazo, como veremos más adelante.

Para comprender mejor los orígenes de este proceso de control externo y las circunstancias que lo ha generado, así como para impulsar con visión de futuro la democracia resulta fundamental analizar el entorno global y geopolítico que está condicionando la realidad venezolana. Dicho contexto debe ser evaluado con precisión para orientar acciones efectivas que garanticen la libertad y un desarrollo democrático próspero.

 La sociedad contemporánea experimenta un ritmo acelerado de transformaciones que está dando lugar a una nueva configuración económica: la cibereconomía. Esta ya no se sustenta en la explotación tradicional de recursos naturales, sino en el aprovechamiento del conocimiento, la innovación científica y el desarrollo tecnológico, incorporando el comercio digital y el trabajo virtual, apoyados en avances como la nanomecánica, la robótica y la cibernética. Se trata de una transformación de época que apunta hacia la consolidación de una sociedad cuántica, en la cual el conocimiento y la conciencia adquieren un papel central por encima de la materia. En este contexto emerge el metaverso como una posible evolución del internet: un espacio virtual tridimensional que permitirá la interconexión de los individuos en múltiples dimensiones de su vida.

Estos cambios están influyendo de manera determinante en la conducta individual y en el comportamiento social, así como en las formas de hacer política y de gestionar el gobierno. En consecuencia, se hace necesaria la emergencia de un nuevo liderazgo, sustentado en sólidos principios y valores, junto con el fortalecimiento de la sociedad civil en defensa de la libertad y la democracia frente a diversas amenazas ideológicas y geopolíticas, como el neomarxismo, el Globalismo y el terrorismo islamico que ponen en riesgo valores de la cultura occidental judeocristiana que son soportes de la libertad y la democracia.

En el caso venezolano, resulta igualmente relevante considerar la nueva visión global de los Estados Unidos, expuesta en febrero pasado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. En dicho foro Rubio planteó la configuración de un sistema internacional caracterizado por la interacción entre grandes potencias que negocian en función de intereses más que de normas universales, bajo un enfoque de nacionalismo estratégico, alianzas condicionales, mayor énfasis en el poder militar y menor confianza en las instituciones multilaterales.

Esta visión redefine el orden internacional, alejándose de la globalización idealista para priorizar el interés nacional y la disuasión como mecanismo fundamental para la preservación de la paz. Asimismo, plantea una nueva etapa de competencia entre grandes potencias, con menor peso de las organizaciones internacionales y mayor protagonismo de las relaciones de poder. En este marco geopolítico, el gobierno estadounidense concibe una amplia zona de influencia estratégica que abarca desde Canadá hasta Ecuador, lo que explica su marcado interés en incidir en la resolución de la crisis venezolana.

Este interés está vinculado, entre otros factores, al potencial energético del país, especialmente en el ámbito petrolero y a su ubicación geoestrategica,  lo cual refuerza la necesidad de comprender, sin complejos chauvinistas, la estrecha relación entre el futuro de Venezuela y las dinámicas impuestas por el entorno internacional.

Como corolario, el desafío venezolano no puede resolverse únicamente mediante un cambio político formal, sino que exige una transformación estructural del modelo de desarrollo. Resulta imprescindible superar definitivamente el rentismo petrolero y entender que el recurso fundamental del país es el venezolano bien formado y motivado para impulsar una economía diversificada, competitiva, basada en el conocimiento y capaz de insertarse de manera efectiva en la economía global contemporánea.

Por lo anterior la transición tutelada que se está imponiendo en el pais no puede limitarse a las tres fases señaladas que se orientan al rescate de la democracia. Se hace necesario promover un esfuerzo adicional como fase de fortalecimiento democrático y de desarrollo de una conciencia cívica que asegure una verdadera democracia que no es otra que una democracia de ciudadanos más que de partidos que sólo son el intrumento. Una democracia en la que se entienda que el mayor desafío es el de defender la libertad contra el totalitarismo, la verdad contra la mentira  la razón contra la barbarie y la ley contra la fuerza.

Ello demanda una nueva concepción de la política, sustentada en liderazgos éticos, competentes y comprometidos con el interés nacional, así como en la reconstrucción del tejido institucional. Liderazgos que entiendan que cuando el interés privado de los diversos partidos en el gobierno postergan el interés general la virtud democrática desaparece. Y que reconozcan, como lo advierte Schumpeter, que el objetivo último de la acción política fundada en principios morales es redundar en beneficio del pueblo. 

Ese esfuerzo se hace imprescindible para superar los vicios de la vieja política y de la vieja democracia en función de gobierno que tradicionalmente se ha  sustentado con la orientación de caudillos,  generado los males del populismo, el clientelismo, el nepotismo y la corrupción que ha sido dramática secuela del deficit de cultura democrática y el peor daño a las instituciones de ese sistema político.

En este contexto, adquiere especial relevancia la construcción de un gran pacto de capital social que articule a la sociedad civil, el sector privado y el Estado, orientado a promover los principios éticos en el accionar político, a fortalecer un liderazgo político, y desarrollar la confianza, la cooperación y la participación ciudadana. No olvidar que sin principios éticos se anula la política y se potencia el oportunismo y la demagogia.

Solo sobre estas bases será posible consolidar una democracia de ciudadanos estable, moderna y próspera, capaz de responder a las exigencias del nuevo orden global y de garantizar, de manera sostenible y sin tutelaje externo la libertad y el desarrollo compartido.