Imdat Oner | ¿Qué pasó con toda la preocupación por la democracia venezolana?

La llegada al poder de gobiernos de derecha en América Latina ha rediseñado el panorama político de la región. A medida que una nueva ola de líderes conservadores asume sus cargos, la región se acerca a Washington a un nivel no visto en décadas. En ningún otro lugar es más evidente este cambio que en el giro de la aproximación política hacia Venezuela.

Hace solo un año, los gobiernos de toda la región condenaban el autoritarismo de Nicolás Maduro, cuestionaban la legitimidad de sus victorias electorales y respaldaban la presión internacional sobre Caracas. Hoy en día, muchos se relacionan directamente con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y actual presidenta interina de Venezuela. La región ha pasado de exigir un cambio democrático en Caracas a normalizar sus relaciones con el mismo estamento político al que antes buscaba aislar.

Mirar hacia la década anterior permite apreciar este contraste de forma más clara. Con contadas excepciones, América Latina adoptó una postura cada vez más firme contra el régimen autoritario de Maduro. En 2017, después de que Maduro despojara de sus facultades a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, los miembros fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur) suspendieron a Venezuela de manera indefinida al amparo de las cláusulas democráticas del Protocolo de Ushuaia.

Pocos días después, una coalición formada en su mayoría por gobiernos de centro-derecha —entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú— creó el Grupo de Lima para coordinar la presión sobre Caracas. En 2018, cinco de sus miembros se unieron a Canadá para remitir la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. El grupo rechazó la reelección de Maduro ese mismo año, respaldó posteriormente el reclamo de Juan Guaidó a la presidencia interina y presionó a favor de las sanciones. Para 2019, Maduro había quedado prácticamente aislado en su propia región.

Los vecinos de Venezuela adoptaron una posición similar tras las elecciones de 2024. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro sin publicar las actas detalladas por mesa de votación, mientras que los recuentos de la oposición mostraron una victoria de Edmundo González por un margen sustancial. Gobiernos de todo el espectro político, desde la izquierda de Gabriel Boric en Chile hasta la derecha de Javier Milei en Argentina, rechazaron el resultado oficial. Como respuesta, el gobierno de Maduro expulsó a diplomáticos de varios países. Caracas rompió relaciones diplomáticas después de que el presidente Santiago Peña reconociera a González como presidente electo.

Estos esfuerzos políticos minaron la legitimidad internacional de Maduro y señalaron que la crisis venezolana no era un mero asunto interno. Este aislamiento ayudó a moldear el contexto político para la operación militar de EE. UU. que culminó con la captura de Maduro el 3 de enero.

Siguiendo los pasos de Washington

Los acontecimientos que siguieron a la captura de Maduro tomaron por sorpresa a los gobiernos de derecha de la región. En lugar de llevar al poder a González y a su aliada política María Corina Machado, la administración Trump optó por trabajar con Rodríguez, una de las figuras principales del régimen. Rodríguez continúa gobernando con el respaldo de Washington.

Esta decisión dejó a los gobiernos de derecha de la región en una posición difícil. Durante años argumentaron que el régimen venezolano carecía de legitimidad democrática. Sin embargo, cuando Washington prefirió reemplazar a su líder sin desmantelar el régimen, estos gobiernos permanecieron en gran medida en silencio. A medida que la administración Trump profundizó su relación con Rodríguez, la mayor parte de la región siguió su ejemplo.

Ahora, aquellos líderes que situaron la legitimidad democrática en el centro de sus políticas exteriores cooperan con un rostro diferente del mismo sistema chavista.

Paraguay constituye uno de los ejemplos más claros. Peña perdió las relaciones diplomáticas con Caracas tras reconocer a González como ganador de las elecciones de 2024. Sin embargo, el 19 de septiembre se convirtió en el segundo jefe de Estado extranjero en visitar Venezuela desde la destitución de Maduro. Tal como sostuvo la analista paraguaya de política exterior Julieta Heduvan, el gesto hacia Venezuela “debe leerse a la luz del realineamiento de Asunción con Washington”. El resultado, concluyó la analista, es “una política exterior que sacrifica la coherencia doctrinal sin obtener a cambio avances bilaterales ni garantías democráticas”.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha seguido un camino similar. En diciembre de 2025, como presidente electo, pidió el fin de la dictadura en Venezuela y más tarde celebró la operación estadounidense contra Maduro. Sin embargo, el 23 de septiembre, un día después de que Trump se reuniera con Rodríguez, Kast se sentó con ella en la ONU para discutir el restablecimiento de las relaciones bilaterales.

La República Dominicana ofrece otro ejemplo más de esta tendencia emergente. En 2024, Caracas expulsó a los diplomáticos dominicanos y suspendió los vuelos entre ambos países después de que el presidente Luis Abinader se sumara a los gobiernos que cuestionaron la reelección de Maduro. Este mes, Abinader se reunió con Rodríguez en el marco del Foro Mundial de la Alimentación en Roma, donde conversaron sobre las compras dominicanas de combustible y gas venezolano.

No es coincidencia que Paraguay, Chile y la República Dominicana pertenezcan al Escudo de las Américas, la coalición de seguridad lanzada por Trump en marzo, a la que Christopher Sabatini, de Chatham House, calificó como una alianza “exclusivamente trumpista”. Frank Mora, exembajador de EE. UU. ante la Organización de los Estados Americanos, me comentó que Paraguay, Chile y otros gobiernos de derecha están ajustando su enfoque hacia Venezuela para alinearse con Washington. Visitar Caracas, sentarse con Rodríguez y mejorar las relaciones es una forma proactiva de ganarse el favor de Washington. En lugar de arriesgarse a sufrir repercusiones por presionar en favor de una mayor democracia en Venezuela, se alinean detrás de la postura estadounidense y hacen visible dicha alineación.

Los factores prácticos, como la migración, el comercio y los servicios consulares, también desempeñan un papel clave. Caracas ha reestablecido relaciones consulares con Chile, Ecuador, Perú y la República Dominicana. Estos gobiernos enfrentan presiones internas para deportar a los migrantes venezolanos, ya que los votantes de toda la región los responsabilizan cada vez más del aumento de la delincuencia. En Chile, por ejemplo, Kast basó su campaña en vincular la inmigración con el crimen organizado y se ha comprometido a expulsar a más de 300 000 migrantes indocumentados, lo que requerirá de relaciones diplomáticas con Venezuela.

Estos Estados también tienen un claro incentivo económico. Con la reciente apertura de Washington hacia Venezuela, Mora señaló que existe una “fiebre del oro”, por lo que estos gobiernos están generando espacio político para que sus inversores participen de los beneficios.

La postura de principios que guió la política regional hacia Venezuela antes del 3 de enero se ha evaporado en gran medida. Como señaló el analista venezolano Andrés Cañizález, “lo que antes se gestionaba mediante declaraciones estridentes, rupturas diplomáticas y presión multilateral se ha transformado en un pragmatismo que prioriza la reconstrucción de los lazos bilaterales, la gestión de los flujos migratorios y la cooperación económica, siempre dentro de los márgenes fijados por Washington”.

Mientras los países de la región profundizan sus vínculos con esta nueva versión del chavismo, llama la atención lo poco que ha cambiado en Venezuela para justificar semejante acercamiento. Diosdado Cabello, una figura histórica del chavismo vinculada a años de abusos contra los derechos humanos, se mantiene como ministro del Interior. El hermano de Rodríguez, Jorge, preside la Asamblea Nacional. El nuevo ministro de Defensa dirigió anteriormente el servicio de inteligencia y ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por la represión bajo su mando.

El grupo de derechos humanos Foro Penal aún contabilizaba 344 presos políticos en septiembre, y sigue sin haber un calendario electoral definido. Diez meses después de la operación estadounidense para capturar a Maduro, el principal obstáculo para la democratización sigue siendo el propio sistema político e institucional que le ha sobrevivió.

El costo de la democracia selectiva

Lo que vuelve aún más irónico este cambio es que los gobiernos que hoy se aproximan a Rodríguez pasaron años criticando a Brasil y México por no ejercer suficiente presión sobre Maduro. Acusaban a esos países de facilitar el autoritarismo por negarse a integrarse al Grupo de Lima o respaldar las sanciones.

Hoy, esos mismos críticos hacen lo propio, y no porque Venezuela se haya vuelto más democrática. El factor determinante ha sido el cambio de rumbo de Washington. Para muchos gobiernos de América Latina, los principios democráticos y la legitimidad electoral están pasando a ser consideraciones secundarias, defendidas principalmente cuando coinciden con las preferencias de Washington.

Sin embargo, una Venezuela democrática y próspera redunda en beneficio tanto de América Latina como de Estados Unidos. El diálogo diplomático con Caracas puede emplearse para exigir reformas políticas, presionar por la liberación de los presos políticos y asegurar un calendario electoral creíble. La promesa de Rodríguez ante las Naciones Unidas de que Venezuela celebrará elecciones, sumada a las negociaciones en marcha respaldadas por EE. UU., ofrecen a los gobiernos regionales una oportunidad para obtener compromisos concretos.

Los países latinoamericanos no tienen por qué elegir entre alinearse con Washington o perder su propia voz. La región puede recuperar su influencia como actor político independiente en la definición del futuro de Venezuela. Pero lograrlo requerirá algo más que reestablecer lazos diplomáticos: exigirá utilizar esos lazos para alcanzar avances tangibles hacia la democratización.

*Artículo traducido al español y originalmente difundido por responsiblestate.org