| Escenarios prospectivos para Venezuela

Entre la negociación, la transición y un futuro todavía incierto

Dos asambleas, Washington y María Corina Machado disputan algo más importante que una fecha electoral, las reglas, los árbitros y el verdadero centro del poder.

En Venezuela hemos celebrado demasiadas veces el comienzo de una negociación como si fuera el comienzo de una solución. He visto repetirse esa escena desde distintos lugares, primero desde la experiencia política directa, después desde la docencia universitaria y, durante años, desde el estudio de las instituciones, los actores y las relaciones de poder. Siempre ocurre algo parecido, se anuncian conversaciones, aparecen mediadores, se habla de reconciliación y una parte del país vuelve a depositar sus esperanzas en una mesa cuyo funcionamiento apenas conoce. Por eso observo con interés, pero sin ingenuidad, el acercamiento entre la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y la Asamblea Nacional actual, presidida por Jorge Rodríguez. La agenda conocida apunta a reconstruir instituciones políticas, fortalecer el Consejo Nacional Electoral, revisar el sistema de justicia y crear condiciones para futuras elecciones, con un respaldo determinante de Estados Unidos. Conviene, sin embargo, llamar a las cosas por su nombre, aquí no se discute únicamente cuándo volverán a votar los venezolanos, se discute quién escogerá a los árbitros, quién administrará la justicia, quién conservará capacidad de veto y qué garantías recibirán quienes hoy controlan el Estado si descubren que pueden perderlo.

Desde la politología, la primera pregunta no debería ser qué dicen públicamente los actores, sino qué necesitan, qué temen y qué pueden ofrecer. Jorge Rodríguez representa una estructura que conserva control efectivo sobre buena parte de las instituciones, pero necesita legitimidad, estabilidad, inversión y alivio internacional. Dinorah Figuera representa la continuidad de la Asamblea de 2015 y una legitimidad todavía reconocida desde el exterior, aunque su capacidad de movilización interna sea menor que la de otros sectores opositores. Estados Unidos posee sanciones, recursos, reconocimiento diplomático y capacidad para modificar los incentivos de casi todos. María Corina Machado no ocupa una silla formal en la negociación, pero conserva un peso político que no desaparece porque Washington o los negociadores decidan dejarla fuera. Cuando explico teoría de juegos a mis estudiantes, suelo insistir en que los jugadores más importantes no siempre son quienes aparecen en la fotografía. También cuentan quienes pueden rechazar el acuerdo, movilizar a la sociedad, retirar respaldo o convertir una firma institucional en un pacto sin legitimidad popular. La ausencia de María Corina, por tanto, puede hacer la conversación más manejable dentro de la sala y mucho más frágil fuera de ella.

Mi experiencia política en Venezuela me enseñó que los dirigentes no siempre negocian para alcanzar un acuerdo. A veces negocian para ganar tiempo, dividir al adversario, mejorar su imagen internacional, obtener recursos o trasladar a la otra parte el costo de un eventual fracaso. Esa realidad es menos ordenada que los modelos académicos, pero suele ser mucho más útil para comprender cómo funciona el poder. John Nash desarrolló el concepto de equilibrio para analizar situaciones en las que ningún jugador mejora su resultado cambiando unilateralmente de estrategia, pero trasladar esa lógica a la política obliga a introducir una advertencia, puede existir un equilibrio conveniente para quienes negocian y profundamente injusto para quienes deben vivir bajo sus consecuencias. El chavismo podría conceder algunos espacios sin renunciar al control decisivo, ciertos sectores de la oposición podrían obtener reconocimiento y posiciones institucionales, Washington podría alcanzar estabilidad y acceso económico, mientras los ciudadanos continuarían esperando una competencia verdadera. Ese sería un equilibrio entre élites, no una transición democrática. La renovación del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Supremo de Justicia solo tendrá sentido si modifica la distribución real del poder, reduce la persecución, garantiza la participación y establece reglas que no puedan cambiarse cuando el resultado deje de convenir a quienes gobiernan.

Estados Unidos ocupa el lugar más delicado de esta nueva partida, porque no actúa solamente como facilitador. Puede premiar, sancionar, reconocer, presionar y ofrecer garantías, y esa combinación le concede una influencia que ningún actor venezolano posee por sí solo. La historia demuestra que Washington ha contribuido a impulsar procesos democráticos, pero también que sus decisiones siempre han estado acompañadas por intereses estratégicos. Alemania occidental y Japón fueron reconstruidos después de derrotas militares absolutas, bajo ocupaciones prolongadas, inversiones masivas y reformas políticas dirigidas desde el exterior. Corea del Sur ofrece una experiencia menos cómoda, Estados Unidos protegió su seguridad y favoreció posteriormente su consolidación democrática, pero durante años convivió con gobiernos autoritarios cuando consideró que la estabilidad regional era prioritaria. Panamá muestra otra contradicción, la salida de Manuel Noriega abrió una etapa electoral, pero dejó una discusión duradera sobre intervención, soberanía y legalidad. Desde mi criterio, la lección no es que Estados Unidos lleve democracia allí donde interviene. La lección es más incómoda, puede ayudar a construirla cuando la democracia coincide con sus intereses y puede postergarla, condicionarla o sustituirla por estabilidad cuando eso resulta más conveniente para su estrategia.

Por eso Venezuela debe evitar dos extremos que durante años han empobrecido nuestra discusión pública. El primero consiste en negar toda participación internacional, como si la crisis venezolana no hubiera adquirido hace tiempo dimensiones regionales, económicas y geopolíticas. El segundo consiste en esperar que Washington diseñe, administre y garantice por nosotros el sistema político que no hemos podido reconstruir. La cooperación estadounidense puede ser necesaria, las garantías externas pueden resultar útiles y las sanciones pueden convertirse en instrumentos de negociación, pero ninguna democracia sostenible puede nacer como una concesión otorgada desde otra capital. Robert Axelrod mostró cómo la cooperación puede surgir y mantenerse entre actores que persiguen sus propios intereses cuando existe reciprocidad, memoria del comportamiento y posibilidad de responder frente al incumplimiento. Esa lógica puede aplicarse a Venezuela, cada alivio de sanciones debe corresponderse con avances verificables, cada reconocimiento debe producir garantías reales, cada apertura económica debe acompañarse de libertades políticas y cada promesa electoral debe traducirse en instituciones capaces de hacerla cumplir. La confianza no puede ser el requisito previo del proceso, debe ser uno de sus resultados.

María Corina Machado enfrenta, en mi opinión, una de las decisiones más delicadas de su trayectoria. Puede rechazar la iniciativa y facilitar que la presenten como responsable de bloquear una salida, puede respaldarla sin condiciones y correr el riesgo de legitimar un proceso cuyos términos no controla, o puede adoptar una posición más compleja y políticamente más útil, acompañar cada avance concreto, denunciar cada simulación y convertir su liderazgo en una fuerza de vigilancia democrática. Su exclusión formal de la mesa no elimina la legitimidad social que conserva ni la capacidad de influir sobre la aceptación de cualquier acuerdo. Precisamente por eso su responsabilidad es mayor. No debería actuar como una espectadora silenciosa, pero tampoco como una fuerza dedicada a destruir todo aquello que no controle. Su papel debería ser exigir información pública sobre la agenda, los participantes, los mecanismos de verificación y los compromisos asumidos, respaldar liberaciones, garantías y apertura electoral, y rechazar cualquier pacto que se limite a redistribuir posiciones entre dirigentes. Liderar no consiste únicamente en representar la esperanza o la indignación de una mayoría, consiste también en saber cuándo presionar, cuándo acompañar y cuándo impedir que un acuerdo entre élites sea presentado como un acuerdo nacional.

Desde la prospectiva, no veo un solo futuro, sino al menos cuatro. El primero sería una apertura gradual y verificable, con autoridades electorales confiables, revisión del sistema judicial, liberación de presos políticos, recuperación de derechos y una elección competitiva dentro de un plazo razonable. El segundo sería un pacto de estabilización, donde el gobierno obtiene reconocimiento y alivio económico, mientras la oposición recibe algunos espacios sin alcanzar condiciones reales de alternancia. El tercero sería el fracaso de la negociación, producido por incumplimientos, divisiones internas o resistencia de quienes entienden que cualquier apertura amenaza su supervivencia. El cuarto sería una transición tutelada, formalmente democrática, pero sometida a decisiones económicas y políticas tomadas fuera del país. La tradición de análisis de escenarios asociada a Herman Kahn y desarrollada posteriormente por Michel Godet no pretende adivinar el futuro, sino ampliar el campo de posibilidades y examinar las decisiones que podrían conducir a cada resultado. Según mi criterio, el mejor escenario no será necesariamente el más rápido ni el que produzca la fotografía más celebrada. Será aquel que combine apertura política, garantías institucionales, estabilidad social y suficiente soberanía para que los venezolanos sientan que están recuperando su República, no recibiendo una administración provisional del poder.

Después de tantos años de promesas, derrotas y negociaciones inconclusas, Venezuela necesita volver a la política, pero no a la política entendida como reparto de cargos, reconocimiento entre élites o espera pasiva por una decisión extranjera. Necesita recuperar la política como construcción de reglas, organización de intereses y creación de límites para el poder. Dinorah Figuera puede aportar continuidad institucional, Jorge Rodríguez controla buena parte de la maquinaria estatal, María Corina Machado conserva una legitimidad social que no puede ser sustituida y Estados Unidos dispone de instrumentos capaces de alterar la conducta de todos. Pero ninguno tiene derecho a confundir su posición con la voluntad del país.

La transición comenzará de verdad cuando el Consejo Nacional Electoral no pertenezca a quien gobierna, cuando el Tribunal Supremo no funcione como seguro político del poder, cuando perder una elección no signifique desaparecer y cuando ganarla no otorgue permiso para destruir al adversario. Venezuela no necesita otra mesa que administre la espera ni otra fotografía que anuncie un futuro que nunca llega. Necesita recuperar el tablero, escribir reglas que nadie pueda manipular y demostrar que la democracia no consiste solamente en votar, sino en conseguir que el poder acepte sus límites. El día en que eso ocurra, la transición dejará de ser una promesa negociada entre dirigentes y volverá a ser lo que siempre debió ser, una decisión de los venezolanos sobre su propio destino.