¿Es revolucionaria La Piedrita?, por Luis Fuenmayor Toro

Cuando éramos muchachos, siempre nos preguntábamos y discutíamos si el terrorismo, en cualquiera de sus formas, podía ser considerado revolucionario. Si había alguna causa de pueblos o grupos humanos que podría justificar el sacrificio de personas inocentes o la destrucción material por atentados terroristas. Si existía alguna justificación ideológica o política para acciones de robo, destrucción y desmantelamiento de edificaciones, de agresión física y homicidio de quienes se nos oponen, en casos distintos de la guerra, o el secuestro por razones ideológicas o políticas.

En nuestras mentes estaban la lucha del pueblo argelino contra el colonialista francés, la de los irlandeses contra la dominación de Inglaterra y la de los vascos en España. Simpatizábamos con los negros de EE. UU. enfrentados al racismo estatal y con muchas otras luchas, cuyos actores recurrieron a la comisión de actos de carácter terroristas. Nos repugnaba el terrorismo de Estado asumido impunemente por la entidad sionista llamada Israel, al igual que nos repugnan las acciones del Estado islámico en Siria e Irak.

Habíamos llegado al convencimiento no solo de la inutilidad del terrorismo en la lucha de los pueblos, sino de la depravación que significa la actividad terrorista en sí misma, que niega completamente cualquier discurso libertario y cualquier defensa del derecho propio. Estos pensamientos me asaltan, cuando sé de grupos como La Piedrita de 23 de Enero, que actúan impunemente contra personas o cuando me entero que dos de sus miembros, al mismo tiempo vigilantes de la UCV, roban, desmantelan y destruyen los laboratorios del Instituto de Medicina Tropical, entre ellos, los de los doctores Oscar y Belkisyolé Noya, eminentes servidores públicos.

Esos médicos investigadores no ejercen privadamente, se han dedicado al tratamiento y control de las enfermedades tropicales que sufre el pueblo venezolano. El siniestro delito de La Piedrita es contrarrevolucionario y antinacional, como lo es en mayor grado la protección que recibieron de Interiores y Justicia, quien ordenó al Cicpc la liberación de los responsables.