Daniel García Arellano | Pacto sin pueblo

Gobernabilidad sin representación popular

A la fecha de hoy, finalizando el mes de julio de 2026, el mapa político venezolano ha terminado por consolidar un giro pragmático que pocos analistas se atrevían a trazar con tanta nitidez hace apenas un par de años. La dinámica de confrontación ideológica ha cedido el paso a un tablero de realpolitik pura y dura, donde los incentivos energéticos, el control migratorio y la estabilidad geopolítica regional pesan infinitamente más en los despachos de poder que los principios democráticos abstractos.

​En el centro de este reordenamiento se teje un mapa de alianzas e interlocuciones cruzadas entre cuatro figuras fundamentales: la administración de Donald Trump desde Washington, la gestión fáctica de Delcy Rodríguez en Caracas, y el liderazgo en el exilio encarnado por la dupla de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

​El Tablero de las Cúpulas: Roles y Conveniencias.

​La Casa Blanca, bajo el segundo mandato de Donald Trump, ha dejado formalmente en el olvido la doctrina de presión máxima. Washington ha asumido una diplomacia puramente transaccional: el reconocimiento operacional a la administración que encabeza Delcy Rodríguez como presidenta encargada responde a la necesidad imperiosa de garantizar estabilidad en el flujo petrolero del Caribe y contención en los flujos migratorios. Para Washington, Rodríguez representa la interlocutora capaz de ofrecer gobernabilidad operativa e inmunidades negociadas para el aparato de poder, evitando así un vacío institucional que altere los mercados internacionales.

​En la otra acera, el binomio circunstancial compuesto por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia encarna la máxima paradoja del momento. Machado, con una incuestionable legitimidad democrática internacionalizada, reforzada tras la concesión del Premio Nobel de la Paz en 2025 y González, como la expresión formal del triunfo de las urnas en julio de 2024, se encuentran en una suerte de "freno diplomático". La Casa Blanca ha considerado "contraproducente" un eventual retorno de Machado a suelo venezolano que desequilibre la frágil mesa de negociaciones energéticas. Así, la legitimidad democrática ha sido temporalmente archivada en beneficio de la viabilidad administrativa.

​El Conflicto Crucial:

El Marginamiento absoluto de la Sociedad Civil.

​El acercamiento entre la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera, y el Parlamento dirigido por Jorge Rodríguez 2023 confirma que la transición se está negociando exclusivamente entre élites políticas. Este acuerdo para instalar una mesa técnica, sin la participación de la sociedad civil, deja en evidencia cómo los derechos y la contraloría ciudadana quedan relegados a un segundo o tercer plano, priorizando el consenso cupular para la gobernabilidad decidido obviamente, según estrategias preconcebidas y ya diseñadas por la administración Trump.

​Asimismo, todo este ejercicio se desarrolla en un contexto donde la Constitución de la República parece haber sido totalmente apartada y congelada. Es imperativo señalar que, a todas luces, este esquema es completamente ilegal, ya que ningún artículo de la Constitución respalda el esquema administrativo y de poder que se está llevando a cabo durante esta transición.

Ninguna de las acciones, pronunciamientos o lineamientos que se desarrollan en el país enmarca dentro del contexto constitucional, invalidando el ejercicio de quienes hoy dicen representar o actúan por mandato. El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas y la anulación práctica de la Carta Magna han dejado un vacío institucionalizado donde las leyes fundamentales carecen de valor.

​Ante esta arquitectura geopolítica, y con este tipo de prácticas, surge la interrogante medular que interpela éticamente el futuro del país:

​¿Es sostenible ni éticamente aceptable un esquema donde actores políticos internos y externos, de las más diversas tendencias y con cuotas desproporcionadas de poder, asuman la conducción unilateral del país mientras la sociedad civil venezolana queda sistemáticamente excluida de los espacios de decisión, contraloría y observancia?

​La interrogante medular que debe formularse en este punto crítico no es solo quién detiene las llaves de Miraflores o quién firma las licencias petroleras en el Departamento del Tesoro. La verdadera pregunta que define el futuro nacional es el peligroso aislamiento al que se está sometiendo a la ciudadanía. Se está estructurando una arquitectura de transición negociada por arriba, donde factores del régimen, factores de la geopolítica internacional e incluso actores de oposición toman decisiones vinculantes sin mecanismos reales de representación ni contraloría social

No es factible ni legítimo a mediano plazo pretender que la búsqueda de soluciones para las etapas venideras se haga al margen de la sociedad civil. Mantener al ciudadano común reducido a la condición de mero espectador de los acuerdos entre élites gubernamentales y el gobierno americano anula el principio fundamental de la soberanía.

Sin la participación activa de los gremios, las universidades, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad organizada en la fiscalización de lo pactado, cualquier solución de estabilidad será meramente cosmética y vulnerable al colapso.

Perspectivas para el futuro próximo

​De cara a lo que resta de 2026 y el horizonte de 2027, el escenario proyecta una transición tutelada y pragmática. Para unos necesaria y para otros no.

En esta primera fase, la prioridad absoluta de la geopolítica de Washington y de la administración de Rodríguez será la reapertura económica, la regularización de concesiones de recursos y el alivio de presiones inmediatas.

Sin embargo, esta estabilidad de facto será efímera si no se abre un canal institucional donde la legitimidad representada por Machado y González y, sobre todo, la capacidad de contraloría de la sociedad civil, tengan particpacion e incidencia real.

Ningún plan de reconstrucción nacional puede tener éxito si la observancia de la gestión pública y la exigencia de derechos democráticos quedan sofocadas bajo el pretexto del pragmatismo económico.

El futuro de Venezuela no se puede dirimir únicamente en despachos corporativos o mesas de negociación reservadas; requiere, de manera inaplazable, la reincorporación de la ciudadanía al centro de la toma de decisiones.

Es inaudito que los representantes de la partidocracia en Venezuela sigan liderizando y motorizando instancias donde se teje la red de la transición y se construyen las bases de la transformación. la mayoría de ellos son corresponsables del desastre y debacle del país.

Me atrevo a decir que éramos presos de la dictadura ahora somos prisioneros de guerra donde el ganador pone las reglas en nuestro maltratado país y para completar se nos persigue en el exterior, específicamente en los Estados unidos de norte América para encarcelarnos, vejarnos y deportarnos a la celda 51.

Se llevaron a Maduro y dicen que su ausencia es temporal, nos pusieron Delsy Rodriguez en la presidencia y a la oposición que rechaza el 85% de la población, para que nos gobiernen y manejen la transición. ¿Acaso no es una bofetada y una ofensa escandalosa, dolorosa e inolvidable que recibimos los venezolanos?