Carlos J. Sarmiento Sosa | El Táchira convoca a la República
El manifiesto "El Táchira convoca a Venezuela", que un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha hecho público, formula una interpelación que excede por completo los límites de una región. Desde un estado fronterizo, productor y decisivo para la vida económica del país, se dirige a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, a las organizaciones políticas y sociales, a la Fuerza Armada, a los cuerpos de seguridad, a los comunicadores y a la comunidad internacional. Su planteamiento esencial es claro: Venezuela no requiere solamente estabilización económica; requiere volver a ser República.
Esa idea merece atención. Después de años de destrucción institucional, empobrecimiento, pérdida del valor de la moneda y de la calidad de vida, despojo patrimonial, ruptura familiar y éxodo, ninguna recuperación será duradera si se limita a administrar la emergencia. La estabilidad será insuficiente si no conduce a instituciones legítimas, Estado de Derecho, libertad, seguridad jurídica, participación ciudadana y rendición de cuentas.
El documento propone una ruta de sentido común democrático: soberanía popular, información, participación, control, rendición de cuentas, confianza y legitimidad. La secuencia no es ornamental ni retórica. Advierte que los acuerdos económicos, las concesiones, los contratos estratégicos y los arreglos de poder no pueden colocarse por encima de los derechos de los ciudadanos ni sustituir la fuente originaria de legitimidad: la voluntad popular expresada mediante el voto.
Por eso, el primer eje del manifiesto es el mandato del 28 de julio de 2024. El texto sostiene que, frente a la ausencia de resultados desagregados publicados por el Consejo Nacional Electoral, las actas preservadas por los testigos y examinadas por el Centro Carter atribuyeron una amplia mayoría a Edmundo González Urrutia. A partir de allí, la iniciativa lo reconoce como presidente electo y plantea que la transición debe encauzarse por la vía constitucional que haga efectivo ese mandato.
Más allá de las posiciones políticas que esta afirmación pueda suscitar, el principio que plantea es ineludible: una transición democrática no puede quedar desligada del sufragio, aunque el tutelaje afirme lo contrario. Las circunstancias excepcionales pueden explicar administraciones provisionales o medidas urgentes, e incluso interinato, pero nunca deberían normalizar una sustitución indefinida de la soberanía popular. El poder de transición debe tener un propósito preciso: restablecer el orden constitucional y devolver a los ciudadanos la capacidad efectiva de decidir su destino.
El segundo eje se refiere a la seguridad pública y a la autoridad civil. El manifiesto llama a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad a actuar con fidelidad a la Constitución, a la Nación y a los derechos ciudadanos. La obediencia jerárquica tiene límites: ninguna orden manifiestamente contraria a la Constitución, la ley o los derechos humanos puede convertirse en refugio para quien la ejecuta. La obediencia debida murió en Nuremberg.
La reinstitucionalización exige también restituir el monopolio legítimo de la fuerza a las instituciones constitucionales, poner fin a cualquier delegación de funciones públicas en grupos armados civiles y someter las responsabilidades por delitos o graves violaciones a una justicia independiente, con debido proceso. No se trata de alentar represalias colectivas ni aupar resentimientos. Se trata de afirmar que la responsabilidad debe ser individual y que la paz democrática solo será posible si descansa sobre verdad, justicia y garantías de no repetición.
El texto acierta igualmente al proponer capacidad técnica para la reconstrucción, sin que esa capacidad sustituya a las instituciones. Un Consejo Nacional de Transición y Reconstrucción, plural y consultivo, podría aportar conocimiento en energía, economía, deuda, activos de la República, salud, educación, infraestructura, Administración Pública y reinstitucionalización electoral. Pero las decisiones sobre restituciones, indemnizaciones, contratos y bienes públicos deben seguir correspondiendo a los órganos constitucionalmente competentes. Los expertos deben ayudar a reconstruir el Estado, no reemplazarlo.
En materia energética y patrimonial, la exigencia de transparencia es particularmente pertinente. Venezuela necesita inversión, capital, tecnología, mercados y cooperación internacional. Pero requiere, al mismo tiempo, reglas claras, competencia, seguridad jurídica y control público. Si se celebran acuerdos relativos a recursos de la Nación, los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se recibe, dónde se depositan los fondos, quién los administra, bajo qué autoridad se dispone de ellos y qué auditorías verifican su destino.
La inversión no es enemiga de la soberanía. Lo que lesiona la soberanía es la opacidad. Un país confiable para la inversión nacional y extranjera no es un país donde todo se negocia en secreto, sino uno donde existen normas previsibles, instituciones capaces y contratos públicos sometidos a control. La defensa del patrimonio nacional no exige cerrar las puertas al mundo; exige abrir las cuentas a la ciudadanía.
El manifiesto vincula esa exigencia con una agenda económica y social concreta: salario suficiente, estabilidad de precios, recuperación del bolívar, disciplina fiscal, autonomía y credibilidad del Banco Central de Venezuela, información económica confiable, empleo formal, protección social y defensa de la producción nacional. Es una advertencia necesaria: un aumento nominal no mejora la vida de trabajadores, jubilados y pensionados si la inflación destruye, pocos días después, su poder adquisitivo.
La recuperación material tampoco será completa sin justicia. Venezuela necesita un Poder Judicial autónomo, independiente e imparcial; una renovación institucional fundada en mérito, transparencia y escrutinio ciudadano; la revisión individualizada de las causas de los presos políticos; el cese de la tortura; la restitución de derechos; y condiciones para el regreso seguro de quienes salieron del país por razones políticas. También necesita examinar jurídicamente las expropiaciones, estatizaciones, confiscaciones y demás afectaciones patrimoniales, compensando a quienes haya que compensar y protegiendo, a la vez, los derechos de los terceros de buena fe.
El llamado al pluralismo es otro de los puntos más valiosos. La regla debe ser universal: todo liderazgo democrático ha de poder expresarse, organizarse y participar sin amenaza, persecución ni coerción. Esa regla debe alcanzar a María Corina Machado, a periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y dirigentes; pero también debe impedir que la pertenencia al PSUV o a organizaciones aliadas se convierta, por sí sola, en una categoría de culpabilidad. La responsabilidad es individual. La democracia no se reconstruye reemplazando exclusión por exclusión.
El diálogo, por tanto, solo será útil si conserva un carácter excepcional, instrumental y temporal, y si produce resultados verificables: una ruta electoral, reinstitucionalización, un Consejo Nacional Electoral confiable, actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país, observación internacional, garantías políticas y civiles, y un calendario integral de renovación electoral.
La ciudadanía tiene derecho a conocer la agenda, los avances, los compromisos y los mecanismos de verificación. La transparencia no impide el acuerdo; es la condición para que el acuerdo sea legítimo.
Finalmente, el documento recuerda que la reconstrucción también compromete a la diáspora y a los países de acogida. La aplicación de las leyes migratorias no exime a ningún Estado del deber de respetar la dignidad humana, el debido proceso, la unidad familiar y la evaluación individual de las necesidades de protección. Los venezolanos no pueden ser reducidos a una estadística ni estigmatizados por su nacionalidad. El retorno, cuando ocurra, debe ser voluntario, seguro, digno y sostenible.
El Táchira convoca a Venezuela a no confundir transición con un simple cambio de administradores. La transición democrática solo habrá cumplido su propósito cuando el poder vuelva a estar limitado por la Constitución, cuando las instituciones rindan cuentas, cuando la justicia sea independiente, cuando la ciudadanía pueda controlar a quienes gobiernan y cuando perder una elección signifique entregar el poder en paz. Esa es, en el fondo, la República que el manifiesto reclama: una Venezuela donde la dignidad humana esté por encima de cualquier arreglo de poder.
El manifiesto andino no debe quedarse en el tintero. Es una invitación a cantar en una sola voz el “Gloria al bravo pueblo”.