Amin Rivas Hernández | Violación del articulo 50 

La estrategia inusual del régimen en Venezuela, tras su intento fallido de usurpar la victoria electoral de Edmundo González, ha sido el aislamiento. Esto ha llevado a la ruptura de relaciones diplomáticas con varios países de la región que no reconocen y denuncian el fraude electoral. Esta situación repercute en miles de migrantes que buscan una mejor calidad de vida en dichas naciones.

Las sedes consulares tienen la misión de asistir y proteger a sus ciudadanos, orientarlos en situaciones de emergencia y facilitar los trámites administrativos necesarios, como la expedición del pasaporte, certificados de vida y otros documentos esenciales para su estancia en el extranjero.

Sin embargo, se han transformado en una extensión más del régimen, con algunas excepciones, para establecer medidas que entorpecen lo que deberían ser trámites normales de un ciudadano en su consulado. Esto resulta en dificultades para la estancia legal en esos países, al carecer de los documentos requeridos. Por lo tanto, frecuentemente, el venezolano al visitar un consulado no experimenta el confort y la seguridad que debería proporcionar el estar en territorio venezolano.

Poseemos uno de los pasaportes más caros del mundo, lo que restringe el acceso a este documento esencial para numerosos migrantes. Aunque se ha agilizado el tiempo de emisión, la accesibilidad sigue disminuyendo debido a su elevado costo. La conciencia internacional sobre esta problemática ha llevado a que se omitan muchos de los requisitos previamente exigidos a los ciudadanos, mientras persista la situación política en Venezuela.

La política del régimen hacia los migrantes forzados ha alcanzado niveles inauditos, tomando decisiones que perjudican al ciudadano y olvidando el propósito de la función consular. Aunque romper relaciones diplomáticas y consulares es un derecho soberano de los países, y Venezuela no es la excepción, una cosa es terminar dichas relaciones y otra muy distinta es cesar los servicios y asistencia que se deben proporcionar a los ciudadanos en el extranjero.

El régimen debería haber recurrido a la figura del país amigo para que, mediante un consulado aliado, se continuará ofreciendo los servicios y asistencia esenciales, como la entrega de pasaportes ya emitidos, el único documento con validez internacional esencial para la identificación en el extranjero. Sin embargo, resulta insensible e inhumano obligar a un migrante, que generalmente no tiene una situación económica ideal, a regresar a Caracas solo para retirar su pasaporte. Después de todo, ¿cuánto costará el pasaporte? ¿Es seguro entrar y salir del país conociendo las prácticas del régimen? No es nada fácil.

La otra medida tomada por el régimen, que describe claramente su aversión a la migración forzada, es dar la orden arbitraria, ilegal e inconstitucional de "impedir la entrada del nacional a su propio país, con un pasaporte vencido..."

El artículo 50 de la Constitución de la República reza "Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional... Ausentarse de la República y volver...LOS VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS PUEDEN INGRESAR AL PAÍS SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA. NINGÚN ACTO DEL PODER PÚBLICO PODRÁ ESTABLECER LA PENA DE EXTRAÑAMIENTO DEL TERRITORIO NACIONAL CONTRA VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS.

Este artículo desacredita la normativa que infringe los derechos de los venezolanos, impuesta coercitivamente por el régimen con medidas inaceptables que, hasta el momento, no han sido justificadas en su origen. Independientemente de sus razones, estas no pueden prevalecer sobre la Constitución.

No puede impedirse el ingreso al país, por tener el pasaporte vencido. El pasaporte solo es un documento para su identificación, que permite la entrada a otra nación, siendo la cédula de identidad el único medio válido de identificación en el territorio nacional.

La situación se agrava con la "obligatoriedad" de solicitar un "permiso o salvoconducto" en el Consulado, previo cumplimiento de ciertos requisitos. Pero debe estar claro, que es ilegal y arbitrario exigir "un permiso" a los venezolanos para entrar al país, ya que no se necesita ninguna autorización y así lo establece la Constitución.

Lo más cercano a una justificación la da el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y el SAIME, cuando supuestamente detectaron muchas "Falsificaciones del Documento de viaje", que la obligaron a implementar esas medidas...

El régimen suspende las relaciones diplomáticas y consulares con Argentina, Uruguay, Costa Rica, Perú, Panamá, Chile y República Dominicana después que esos países manifestaron su rechazo a la descarada pretensión del intento de fraude electoral, esta situación agrava la situación de los nacionales en el exterior y desvela una clara Estrategia Aislacionista o Política del Avestruz, de espalda a los principios del Pacto del Futuro de la ONU.

Amin Rivas Hernandez, el 13 de octubre en los Países Bajos.

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