Alfonso Hernández Ortiz | Un mes después, Venezuela sigue esperando entre los escombros

Mientras los damnificados intentan reconstruir sus vidas, Caracas responde con anuncios y Washington celebra el negocio petrolero.

Ha pasado un mes desde que el terremoto golpeó a Venezuela, pero para quienes perdieron a sus seres queridos, sus viviendas o aquello que construyeron durante toda una vida, la tragedia sigue presente. He mantenido una conversación constante con mis primos que viven en La Guaira y, a través de ellos, he podido conocer lo que ocurre cuando las cámaras comienzan a retirarse y las noticias pasan a ocuparse de otros temas. Me hablan del cansancio, de la incertidumbre, de niños que preguntan cuándo volverán a la escuela, de madres que duermen con sus hijos en espacios improvisados y de padres que perdieron, junto con sus casas, las herramientas y los pequeños negocios con los que sostenían a sus familias. Ninguno está pidiendo privilegios, solo necesitan protección, respuestas claras y una oportunidad real para comenzar de nuevo.

En mi familia, el dolor dejó de ser una noticia distante. Mi primo Rubén Darío logró recuperar los restos de su esposa y de su única hija y pudo darles cristiana sepultura. Eso no borra una pérdida semejante, pero le permitió despedirse y rezar por su descanso eterno. Otras familias todavía esperan una identificación, una información oficial o alguna certeza sobre el destino de los suyos. El terremoto no solo derrumbó edificios, también dejó personas sin documentos, medicinas, empleo y un lugar seguro donde vivir. Hay niños que se asustan con cualquier ruido, adultos mayores que perdieron el hogar donde transcurrió buena parte de su vida y sobrevivientes obligados a enfrentar el duelo mientras resuelven dónde dormir o cómo conseguir alimentos.

Frente a esa realidad apareció, una vez más, la mejor cara de los venezolanos. Mis primos han trabajado como voluntarios en La Guaira, acompañando a los damnificados y colaborando con cuanto tienen a su alcance. Muchas otras personas han cargado cajas, distribuido agua, preparado comida, buscado medicamentos y llegado hasta comunidades donde la asistencia continúa siendo insuficiente. A ese esfuerzo se suman las familias venezolanas en el exterior, que hacen sacrificios para enviar transferencias, pagar alojamientos, comprar medicinas y sostener a sus parientes desde lejos. Ese respaldo ha sido decisivo, pero una emergencia nacional no puede descansar sobre los ahorros de la diáspora ni sobre el agotamiento de quienes ayudan voluntariamente.

La solidaridad también ha recorrido cientos de kilómetros. Mi amigo José Quintero, conocido como “el Picure”, es un motero que desde Cabimas, estado Zulia, ha movilizado insumos junto con su gente hacia las zonas afectadas. Como él, moteros, transportistas, médicos, comerciantes, jóvenes y familias enteras han convertido las carreteras en caminos de apoyo. Muchos nunca aparecerán en un acto oficial ni recibirán reconocimiento alguno, pero gracias a su esfuerzo han llegado alimentos, agua, medicinas y otros artículos indispensables. Ese respaldo, multiplicado por miles de venezolanos dentro y fuera del país, demuestra que todavía existe una nación capaz de tender la mano cuando el dolor golpea con más fuerza.

Ahora corresponde al Gobierno venezolano pasar de los anuncios a una respuesta organizada. El país necesita un plan nacional de reconstrucción que informe cuántas personas murieron, cuántas continúan desaparecidas, qué viviendas quedaron inhabitables, cuáles comunidades carecen de servicios y qué soluciones recibirá cada una. También es necesario explicar cuánto dinero ha ingresado, de dónde proviene, quién lo administra y cómo se está utilizando. Prometer viviendas no es suficiente, hay que precisar dónde se construirán, cuándo estarán listas, cuánto costarán y quién responderá por los retrasos o incumplimientos. Una tragedia de esta magnitud exige dirección técnica, coordinación institucional y rendición de cuentas, no improvisación ni decisiones tomadas sin vigilancia pública.

Washington tampoco puede limitarse a celebrar la producción y refinación del petróleo venezolano. Si Estados Unidos facilita, controla o se beneficia de operaciones vinculadas con esos recursos, debe asumir una responsabilidad concreta en la recuperación de Venezuela. No basta con permitir que las familias sigan dependiendo de las transferencias enviadas desde el exterior, hace falta un plan firme, con montos, responsables, prioridades y plazos para atender la emergencia y reconstruir las zonas afectadas utilizando ingresos que pertenecen al país. Washington debe explicar cuánto dinero se genera, cómo se administra y qué parte será destinada a viviendas, hospitales, escuelas y servicios esenciales. No se trata de ayuda extranjera ni de caridad, se trata de devolver a los venezolanos una parte de la riqueza que sale de su propio territorio.

Ese esfuerzo debe tener una conducción clara. El Ministerio de Vivienda, Protección Civil, las gobernaciones, las alcaldías, la Cruz Roja, las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias deben actuar bajo una coordinación común, con responsabilidades precisas y resultados que puedan ser verificados. Es indispensable crear un registro público de cada aporte recibido, de cada contrato firmado y de cada comunidad atendida. Los miles de dólares de ayuda humanitaria no pueden diluirse entre oficinas, intermediarios o decisiones opacas. Tampoco es aceptable que todavía haya personas durmiendo en carpas, refugios precarios o directamente en la calle. Mientras se construyen soluciones permanentes, deben habilitarse hoteles, posadas, residencias públicas, instalaciones militares, centros educativos y cualquier espacio seguro disponible. Ninguna familia debería permanecer a la intemperie mientras existan lugares que puedan ser utilizados temporalmente.

La reconstrucción comenzará de verdad cuando los damnificados sepan qué ocurrirá con sus vidas, cuando la ayuda deje de depender de contactos o afinidades políticas y cuando cada recurso pueda seguirse desde su origen hasta su destino. Caracas debe asumir el deber de proteger a su pueblo, y Washington debe comprender que no puede separar el negocio petrolero de la tragedia de la nación propietaria de esos recursos. Cada barril venezolano debería contribuir a levantar una casa, recuperar una escuela, equipar un hospital o devolver estabilidad a una familia. No podremos devolver la vida a quienes murieron ni borrar las pérdidas, pero sí podemos evitar que el abandono prolongue el sufrimiento. La tierra dejó de moverse hace un mes, ahora corresponde mover las instituciones, abrir las cuentas, fijar los plazos y comenzar a reconstruir. Porque después de sobrevivir al terremoto, ningún venezolano debería verse obligado a sobrevivir también a la indiferencia, la opacidad y el olvido.

Alfonso Hernández Ortiz
Politólogo - Abogado
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales