Alfonso Hernández Ortiz | El efecto camaleón de los hermanos Rodríguez

Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, concedió una entrevista al diario español El País en un momento particularmente sensible para Venezuela, marcado por la reconfiguración del poder tras la salida de Nicolás Maduro y por un esfuerzo visible de proyectar una nueva etapa política centrada en la estabilidad, el diálogo y la apertura.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante no está en lo que se dice de forma explícita, sino en lo que se intenta producir en términos de percepción. Porque en contextos de poder, lo decisivo no es el contenido del discurso, sino su capacidad para reorganizar la interpretación de la realidad y redefinir aquello que la sociedad está dispuesta a aceptar como cambio. En ese sentido, la entrevista no es un intercambio espontáneo, sino una pieza cuidadosamente construida para instalar la idea de un nuevo momento político en Venezuela, más racional, más pragmático y aparentemente más normal, aun cuando no exista una transformación estructural que respalde ese relato.

Para comprender esta operación conviene partir de una premisa básica: el poder no solo se ejerce a través de decisiones o instituciones, también se ejerce construyendo sentido, moldeando percepciones y fijando los marcos desde los cuales se interpreta la realidad. Es en ese punto donde aparece lo que denomino el efecto camaleón, es decir, la capacidad de un sistema político de ajustar su lenguaje, su tono y su apariencia sin modificar las bases que realmente lo sostienen, generando así una percepción de cambio que no se corresponde con una transformación efectiva.

Desde el realismo político, esto no constituye una anomalía. Hans Morgenthau advertía que los actores no se transforman por convicción moral, sino que adaptan su comportamiento para preservar el poder. A su vez, Antonio Gramsci señalaba que el poder no se sostiene únicamente por la fuerza, sino también por su capacidad de construir hegemonía, es decir, de producir un relato que haga ver esa continuidad como legítima.

Lo que se observa, por tanto, no es solo comunicación política, sino un intento deliberado de reconfigurar el relato dominante en un contexto que exige explicaciones sin admitir rupturas. La salida de Maduro tras una acción externa no implicó una transformación del sistema, pero sí abrió una grieta narrativa que obligó al poder a reposicionarse. En ese espacio emerge una secuencia reconocible: primero un nuevo lenguaje centrado en el diálogo, la apertura y la autocrítica; luego la insinuación de una nueva etapa política; y finalmente, la permanencia de los mismos actores y de las mismas lógicas de decisión.

La dinámica puede entenderse con una imagen simple: se cambia la fachada, se ajusta el tono, se ordena el mensaje, pero la estructura permanece intacta. Algo similar ocurre en la relación con Estados Unidos, donde el discurso se mueve en dos planos simultáneos. Hacia adentro reafirma soberanía e independencia; hacia afuera habilita la cooperación económica, la inversión y el petróleo. No hay contradicción en ese movimiento, hay cálculo. Se dice lo necesario para sostener cohesión interna y se hace lo necesario para garantizar viabilidad externa.

Sin embargo, ese enfoque tiene límites evidentes. Douglass North planteó con claridad que no existe desarrollo sostenible sin instituciones sólidas, reglas claras y mecanismos de cumplimiento confiables. En ausencia de esas condiciones, cualquier estabilidad es necesariamente frágil y transitoria.

El diálogo político se inscribe en esa misma lógica. Se presenta como apertura, pero en la práctica opera como un mecanismo de administración del conflicto dentro de márgenes definidos por el propio poder. Se habla de inclusión, pero bajo condiciones previamente establecidas, lo que indica que no hay una redistribución real del poder, sino una gestión más eficiente del mismo.

La Ley de Amnistía refuerza esta lectura. En el plano formal se presenta como reconciliación, pero en la práctica funciona de manera selectiva, definiendo quién puede integrarse al nuevo marco político y quién queda excluido. En ese contexto, el caso de María Corina Machado deja de ser un hecho aislado para convertirse en un indicador del funcionamiento del sistema.

No se trata de una simple controversia jurídica, sino de una decisión política que expone una contradicción difícil de sostener. Se sanciona a quienes en el pasado recurrieron al apoyo internacional, mientras se legitima y se gestiona la relación con actores externos cuando estos resultan funcionales al poder. Incluso se reconoce y se recibe con honores a quienes intervinieron directamente, mientras se persigue a quienes buscaron ese mismo apoyo como vía de salida.

Esta asimetría no responde a principios jurídicos consistentes, sino a una lógica de control político en la que lo determinante no es la acción en sí misma, sino quién la ejecuta y en qué medida afecta la estabilidad del sistema. En consecuencia, cuando la relación con actores externos fortalece al poder, se valida; cuando lo desafía, se criminaliza. En el fondo, no es el derecho el que ordena estas decisiones, sino la lógica política del poder.

A esto se suma un elemento igualmente problemático: la reconstrucción del relato sin una asunción real de responsabilidades. Se reconocen errores sin consecuencias, se habla de corrupción sin responsables claros y se reivindican derechos mientras se cuestiona a quienes los ejercen, configurando un discurso que corrige el lenguaje, pero evita abordar el fondo.

Si se observa el conjunto, el patrón resulta claro. No estamos frente a una transformación del sistema político venezolano, sino ante una adaptación estratégica del mismo, en la que el poder ajusta su narrativa y modula su discurso para responder a nuevas condiciones sin alterar sus estructuras.

Y es precisamente allí donde radica el punto más delicado, no en la existencia de esta estrategia, sino en su potencial eficacia. Porque quienes hoy apelan a la moderación, al diálogo y a la convivencia no son actores nuevos ni externos, sino los mismos que han ocupado posiciones centrales en el ejercicio del poder durante años y que ahora intentan reinterpretar su propio recorrido.

Por eso, más allá del cambio de tono, la pregunta relevante no es si el discurso ha cambiado, sino si lo ha hecho el poder. Y la respuesta, a la luz de los hechos, parece clara: mientras no se modifiquen las reglas, las instituciones y la forma en que se toman y ejecutan las decisiones, no puede hablarse de una transformación real, sino de una adaptación funcional.

En consecuencia, el desafío no está en interpretar el lenguaje del poder, sino en contrastarlo con la realidad de sus decisiones. Porque, en última instancia, los sistemas políticos no cambian por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y aunque hoy los hermanos Rodríguez adopten un tono más moderado, utilicen un lenguaje más técnico y se presenten bajo formas más compatibles con estándares democráticos, hay algo que no se diluye en el cambio de discurso: el peso de su trayectoria y su responsabilidad en el deterioro institucional del país.

El camaleón puede cambiar de color, pero no deja de ser lo que es.

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Alfonso Hernández Ortiz
Politólogo, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales