Adriano Ruiz Guillén | Transitar con la ilegitimidad: el precio ético y pragmático de conquistar la democracia desde adentro
Es necesario e indispensable reflexionar profundamente; quizás incómoda para las conciencias puristas, pero urgente para quienes no estamos dispuestos a entregarle el país al autoritarismo. Venimos a hablar de la Venezuela posible, de la herida abierta en nuestras instituciones y, sobre todo, del camino real —no del ideal, sino del tácticamente viable— para desmontar un Estado de facto que aprendió a utilizar las herramientas formales de la democracia para imponerse y perpetuarse.
Para comprender la magnitud de nuestro desafío, debemos mirar de frente el origen de esta descomposición e ilegitimidad institucional. Su hito de partida se remonta al 2 de diciembre de 2007, cuando la sociedad venezolana acudió a las urnas y rechazó la reforma constitucional impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez.
Aquel “No” popular debió haber sido un límite infranqueable. Sin embargo, el poder optó por la vía del desacato indirecto: lo que el pueblo negó en el referéndum fue introducido progresivamente mediante decretos ley —como la creación de la Milicia Bolivariana fuera del marco constitucional del estamento militar— y, más adelante, a través de la imposición de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Fue ese órgano ilegítimo el que convocó las elecciones presidenciales que viciaron de origen el mandato de Nicolás Maduro, consolidando el esquema de un gobierno de facto.
Frente a un régimen que opera con apariencia de legalidad pero en total desapego democrático, la pregunta clave no es cómo mantener una postura teórica inmaculada, sino ¿cómo combatir a un adversario que controla las reglas, los jueces y la cancha?
Durante años nos atrapó el dilema paralizante “Paradoja de la Participación”, de si participar en procesos diseñados por un poder ilegítimo equivalía a convalidarlo. Sin embargo, la experiencia demuestra que los regímenes autoritarios no se desploman por la simple abstención moral de la ciudadanía. La participación en terrenos viciados no es un acto de capitulación; es “pragmatismo subversivo”. Implica disputar cada espacio para tensionar al régimen hasta romper su narrativa de control.
Ese fue el sentido profundo de las elecciones primarias del 22 de Octubre de 2023, donde la oposición definió su liderazgo en la figura de María Corina Machado y del hito electoral del 28 de julio de 2024 donde se eligió a Edmundo González como presidente. Participación electoral que realizamos aun sabiendo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y demás órganos del poder público respondían a los intereses de la cúpula, la ciudadanía acudió masivamente a votar, logrando una victoria histórica de un 70% frente a un 30%.
Cuando ese mismo día a las 11:00 p.m. el CNE pretendió desconocer la voluntad popular y las Fuerzas Armadas guardaron un silencio cómplice, quedó al descubierto la naturaleza del régimen, pero también una lección crucial para la dirigencia, no haber escuchado la necesidad de tener un plan “B”, no bastaba con sacar los votos si no existía la fuerza y la articulación para cobrar el triunfo ante un poder decidido a no entregar el mando "ni por las buenas ni por las malas".
Para romper el cerco institucional no podemos esperar la llegada de organismos inmaculados. Es un imperativo político transitar por lo ilegítimo para poder transformar la realidad. Mesas de diálogo, nombramientos transitorios de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o designaciones en el Poder Electoral nacerán, inevitablemente, en contextos grises y mediante negociaciones con actores viciados. Denegar este camino por pretender una pureza procedimental es condenar al país a la parálisis. “La ética de la infiltración” no busca legitimar la corrupción del sistema, sino utilizar las rajaduras del propio régimen para sembrar las semillas de la restitución democrática.
Llegamos aquí al núcleo de este esfuerzo: “El Imperativo ético contra el personalismo”. Quienes sean escogidos para ocupar responsabilidades en estos organismos de transición deben asumir una verdad ineludible: son piezas transitorias, ejecutores de un encargo histórico con fecha de caducidad.
Su tarea no es aferrarse al cargo ni construirse una plataforma de poder personal. Su labor es puramente instrumental: abrir el camino, estabilizar el terreno y convocar a corto plazo a elecciones verdaderamente libres, transparentes y competitivas.
Entender y asumir este carácter estrictamente provisional es la prueba de fuego de cualquier dirigente. Quien sea designado para una instancia de transición y pretenda luego perpetuarse, atornillarse o convertir su rol temporal en una trinchera para ambiciones personales, no estará sirviendo al cambio: se habrá convertido en un nuevo obstáculo para la democracia, repitiendo los mismos vicios del régimen que se pretendía desmontar.
El ego, el mesianismo y la tentación de declararse "lo mejor de lo mejor" tienen que dar paso a una profunda humildad republicana. Los actores de la transición deben ser puentes, no estatuas; facilitadores del regreso de la soberanía popular, nunca dueños del poder.
La legitimidad plena de Venezuela no nacerá de nombramientos provisionales ni de pactos de cúpula; nacerá el día en que las ciudadanas y ciudadanos elijan soberanamente a sus gobernantes en urnas transparentes. Solo a partir de ese instante los poderes elegidos legítimamente podrán convocar a los concursos públicos, legales y constitucionales que reconstruyan definitivamente la institucionalidad del país.
Participar en lo ilegítimo exige pragmatismo para avanzar, pero sobre todo exigencia ética para no extraviarse. Transitamos por el barro no para quedarnos en él, sino para cruzarlo. Asumamos este compromiso con la claridad de que la verdadera victoria no es ocupar un espacio en la transición, sino tener la grandeza de cederlo tan pronto la libertad del voto popular así lo ordene.
Dr. Adriano Ruiz 06 11 2026.
