Viuda de Ronald Ojeda pidió investigar la responsabilidad de Chile en el asesinato

A un año del secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, desaparecido el pasado 21 de febrero de 2024 y localizado muerto enterrado bajo una losa de un metro y medio de cemento en un campamento irregular en la comuna de Maipú 10 días después en Chile, el caso continúa siendo foco de tensiones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Gabriel Boric.
El caso ha sido catalogado por el Ministerio Público chileno y el Gobierno de Boric como un crimen por encargo, y un testigo protegido aseguró incluso que la orden de asesinar al malogrado disidente venezolano habría sido solicitada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, asunto que terminó por romper las febles relaciones bilaterales entre ambos países.
Este jueves, el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, recordó que el exmilitar se encontraba con asilo político en Chile y aseguró que su viuda pidió a la Fiscalía chilena investigar si “por negligencia, desidia, mala fe o simple descuido” las autoridades chilenas le entregaron su ubicación a las venezolanas, tras un acuerdo de cooperación bilateral que firmó en Caracas en enero de 2024 el exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva acusado de violación por una subalterna.
“La familia cree que pudo haber habido negligencia en el tratamiento de sus datos de asilo. Es una de las distintas líneas de investigación que la Fiscalía está obligada a profundizar", dijo en conversación con EFE.
Según Manríquez, el crimen de Ojeda fue un mensaje “para manifestarle a todos los jóvenes disidentes que nadie estaba a salvo en ninguna parte, que iban a ser ejecutados allá donde estuvieran".
"El crimen de Ojeda no tiene precedentes en Chile, se llevó a cabo con una sofisticación desconocida hasta ahora”, destacó Manríquez.
Uno de los primeros en ser detenidos fue un adolescente venezolano en Chile identificado como A.C., quien declaró que fue el encargado de grabar el secuestro de Ojeda junto a Maickel Villegas, desde un Chevrolet Sail blanco.
Otros miembros cuya participación estaría acreditada son los que llevaron a cabo el plagio disfrazados de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), desde el departamento de Ojeda en la comuna de Independencia: José Carlos Valverde, Johnny “Mudo” López y Walter Rodríguez.
El primero de ellos fue captado por cámaras de seguridad recibiendo el Nissan Versa en el que se movilizaron de manos de Edgar Benítez, quien sería un facilitador de autos de “Los Piratas”. Valverde habría sido el conductor del vehículo, según una nota de Emol, y también es señalado por otros secuestros extorsivos.
Walter Rodríguez logró ser identificado tras hallarse su huella digital en el teléfono robado a Ojeda y gracias también a las cámaras de seguridad del edificio, al igual que “El Mudo” López.
Todos ellos eran miembros de la célula “Los Piratas” de Aragua, que terminó de ser desbaratada en enero pasado por la policía en un megaoperativo en diversas comunas capitalinas. Otros 19 sujetos fueron formalizados, entre ellos el grupo encargado de sepultar su cuerpo.
Por ahora, también hay criollos detenidos fuera de Chile cuyos pedidos de extradición ya están en curso: Rafael “el Turko” Gámez Salas, Carlos “Bobby” Gómez, líder de “Los Piratas” apresado en Colombia, y Dayonis “Boti” Orozco, también detenido en Colombia.
Sin embargo, según Manríquez aún falta por determinar “quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por este crimen”, puesto que forma parte de “un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos, en cuya planificación e incluso ejecución pudieran haber participado agentes estatales (venezolanos) altamente preparados".