Venezolanos reciben ultimátum para impugnar su deportación desde EE. UU. bajo Ley de enemigos extranjeros
ICE notifica a migrantes que tienen solo 12 horas para declarar su intención de apelar y 24 horas adicionales para presentar documentos legales contra su deportación. Aunque la Corte Suprema todavía no resolvió el debate de fondo sobre la legalidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros contra migrantes venezolanos, los fallos recientes ralentizan las deportaciones
El gobierno de Donald Trump impulsó una medida que afecta directamente a cientos de inmigrantes bajo custodia federal. En virtud de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, los migrantes que reciban una notificación de deportación tendrían plazos extremadamente breves para defenderse.
Esta dinámica, basada en la urgencia, generó serias críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y desató una serie de decisiones judiciales en todo Estados Unidos.
Según documentos recientemente revelados, las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificaron a los migrantes detenidos que tienen “no menos de 12 horas” para expresar su intención de presentar una petición de hábeas corpus que impugne su deportación.
Esto, según explicaron en ABC News, lo afirmó Carlos Cisneros, director asistente de la oficina de campo del ICE, en una declaración jurada presentada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas.
Esta disposición establece:
Un lapso no menor a 12 horas para que los migrantes indiquen su deseo de presentar una petición judicial contra su expulsión.
Una vez expresada la intención, un período no menor a 24 horas para presentar efectivamente dicha petición.
En caso de no manifestar ninguna intención de apelar, el ICE quedaría habilitado para proceder con la deportación inmediata.
El funcionario aseguró que los migrantes reciben la notificación en inglés, pero que agentes del ICE se encargan de leerla y explicarla en un idioma que los detenidos comprendan. “Los oficiales del ICE están acostumbrados a tratar con extranjeros que no entienden inglés”, manifestó Cisneros.
La medida se dirigió, en particular, contra venezolanos detenidos en el centro de detención El Valle, en Texas. A comienzos de abril, un juez federal había ordenado bloquear temporalmente las deportaciones de migrantes de Venezuela desde esa instalación.
El mes pasado, el gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta legislativa del siglo XVIII, para justificar la deportación masiva de presuntos integrantes de bandas criminales.
Aunque los documentos oficiales se entregan en inglés, ICE afirma que agentes los explican verbalmente en el idioma del detenido, según declaración judicial del director asistente Carlos Cisneros
Bajo este argumento:
Fueron deportados dos vuelos de migrantes hacia la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador.
Se acusó a la organización venezolana Tren de Aragua de ser un “Estado criminal híbrido” que estaría “invadiendo” Estados Unidos.
Un funcionario del ICE reconoció que muchos de los hombres expulsados el 15 de marzo no tenían antecedentes penales en territorio estadounidense, aunque sostuvo que esa falta de registros agravaba el riesgo potencial que representaban.
La American Civil Liberties Union (ACLU) cuestionó duramente los procedimientos, al considerar que los migrantes no recibían el debido proceso. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, afirmó que “el gobierno no puede sostener de manera plausible que 12 horas constituyan un aviso suficiente” para preparar una defensa adecuada.
La estrategia gubernamental enfrentó obstáculos legales en diversos tribunales federales, donde los jueces pusieron límites a las deportaciones aceleradas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Aunque la Corte Suprema todavía no resolvió el debate de fondo sobre la legalidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros contra migrantes venezolanos, ya que Estados Unidos no mantiene un conflicto bélico con el país sudamericano, los fallos recientes ralentizan las deportaciones.
Mientras tanto, los migrantes detenidos y sus defensores legales continuarán con la presentación de peticiones para frenar las expulsiones, al tiempo que las cortes evalúan si el Ejecutivo tiene autoridad para usar una legislación de 1798 en el actual contexto migratorio.
La situación permanece abierta, pero los fallos judiciales impusieron una pausa crítica en el camino hacia deportaciones ultrarrápidas, lo que permite que los afectados tengan la posibilidad de defenderse antes de ser enviados a prisiones como el Cecot, en El Salvador.