Venezolanos con TPS aún enfrentan deportaciones pese a fallo judicial
A pesar de este revés para el Gobierno, el fallo no cambia inmediatamente la situación de los beneficiarios. Organizaciones que representan a los migrantes beneficiados han advertido que la comunidad sigue en riesgo de detención y deportación. Mientras tanto, defensores de políticas migratorias han insistido en que el Congreso tiene la facultad de otorgar un estatus más permanente
Un fallo reciente de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Estados Unidos ha declarado que la administración del presidente Donald Trump actuó ilegalmente al tratar de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a unos 600.000 venezolanos residentes en el país.
La decisión judicial respalda un fallo previo de un tribunal inferior que determinó que la eliminación del TPS por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, **Kristi Noem, excedió su autoridad bajo la ley federal.
El panel de tres jueces sostuvo que el estatuto aprobado por el Congreso no autoriza terminar unilateralmente las designaciones de TPS mientras siguen vigentes. La resolución también criticó el razonamiento de la administración, señalando que parte de los argumentos presentados carecían de fundamento legal adecuado.
A pesar de este revés para el Gobierno, el fallo no cambia inmediatamente la situación de los beneficiarios, porque en octubre pasado la Corte Suprema permitió que la terminación del TPS siguiera adelante mientras se resuelven las apelaciones en el Noveno Circuito. Esa orden de la máxima corte mantiene en efecto la medida de rescisión de Noem, aunque el litigio continúa activo.
Organizaciones que representan a los migrantes beneficiados han advertido que la comunidad sigue en riesgo de detención y deportación mientras persiste la discrepancia entre las decisiones judiciales y la autorización temporal de la Corte Suprema. Los abogados defensores del TPS señalan que la incertidumbre legal ha dejado a muchas familias venezolanas en una situación precaria, pese a la sentencia favorable en apelación.
El caso, presentado bajo el nombre National TPS Alliance v. Noem, ha generado un intenso debate sobre el alcance de las facultades ejecutivas en materia migratoria y el papel del Poder Judicial para limitar decisiones administrativas que afectan a amplios grupos de inmigrantes.
Mientras tanto, defensores de políticas migratorias han insistido en que el Congreso tiene la facultad de otorgar un estatus más permanente o legislar una solución definitiva para los venezolanos que han vivido años en Estados Unidos bajo protección temporal.