Una segunda ejecutiva bancaria es imputada en investigación contra el Tren de Aragua en Chile
El grupo criminal estaría siendo investigado por presunto lavado de activos por un monto cercano a los 85 millones de dólares. En un comunicado, BancoEstado calificó los hechos como de “la mayor gravedad”. La investigación, denominada “Operación Tokio” por la Policía de Investigaciones de Chile
El fiscal Héctor Barros informó que la investigación contra una red vinculada al Tren de Aragua en Chile incluye ahora la imputación de una segunda funcionaria de una entidad financiera, que se desempeñaba en el BancoEstado. Este nuevo antecedente se suma al caso de un ejecutivo venezolano que trabajaba en una sucursal del Banco Santander en Santiago.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el grupo criminal estaría siendo investigado por presunto lavado de activos por un monto cercano a los 85 millones de dólares, entre los años 2022 y 2025. Estos fondos habrían sido enviados fuera del país mediante distintas cuentas bancarias y tendrían su origen en delitos como extorsión, secuestros, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y contrabando.
Según detalló el fiscal Barros durante la audiencia de formalización, la información sobre la presunta vinculación de la funcionaria del BancoEstado fue aportada en la propia instancia judicial, tanto por la defensa como por la imputada, quienes señalaron su rol dentro de la institución.
En un comunicado, BancoEstado calificó los hechos como de “la mayor gravedad” y precisó que la trabajadora identificada como Rossana Blanco Blanco, venezolana, estaba contratada por un a través de un proveedor externo para labores de apoyo entre enero de 2023 y junio de 2026. La entidad añadió que, tras ser requerida por el Ministerio Público y la policía, procedió al congelamiento de cuentas, el alzamiento del secreto bancario solicitado y la desactivación de accesos y credenciales.
La investigación, denominada “Operación Tokio” por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), se originó a partir de una serie de diligencias que incluyeron el análisis de dispositivos electrónicos vinculados a otros hechos criminales. En total, 19 personas fueron detenidas en el marco del operativo realizado el pasado 2 de junio.
Las autoridades sostienen que la organización habría utilizado cuentas bancarias y empresas de fachada para mover y blanquear dinero dentro y fuera del país. Entre estas se mencionan sociedades creadas en corto tiempo y con movimientos financieros significativos en pocos meses, lo que ha levantado alertas sobre su posible uso para actividades ilícitas.
La Fiscalía continúa ampliando la investigación para determinar el alcance total de la red, el origen exacto de los fondos y la eventual participación de otros actores dentro del sistema financiero chileno.