Un juez federal bloquea temporalmente la prohibición de financiamiento para tratamientos trans menores por parte de Trump

En una decisión significativa, un juez federal del distrito de Maryland ha detenido de manera temporal la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe el financiamiento federal a proveedores de salud que ofrezcan tratamientos a personas trans menores de 19 años. La decisión del juez Brendan Hurson se produjo el pasado jueves, en respuesta a una demanda colectiva presentada por personas trans y sus familias.
Los demandantes argumentaron que la directiva de Trump es ilegal, ya que el presidente no tiene la autoridad para retener fondos federales que han sido aprobados por el Congreso. Además, señalaron que esta prohibición representa una violación de la Quinta Enmienda de la Constitución.
El abogado principal de la Unión Estad Estad por las Libertades Civiles (ACLU), Joshua Block, destacó la grave preocupación que la directiva ha generado: “La orden ha sembrado miedo entre los jóvenes trans y ha causado confusión entre los proveedores de servicios de salud”. Block también enfatizó que los proveedores que habían suspendido la atención médica para sus pacientes trans deben saber que pueden reanudar sus servicios sin temor a perder financiación federal. “Deben actuar según su mejor criterio y continuar brindando atención”, agregó.
La orden ejecutiva firmada por Trump establece específicamente que el gasto federal no puede destinarse a cubrir atención médica relacionada con la transición de personas trans. Esto incluye tratamientos tales como bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo para menores de 19 años.
Esta medida se había enfrentado a fuertes críticas desde su anuncio, con numerosos activistas y organizaciones de derechos humanos advirtiendo sobre el impacto negativo que tendría en la salud y el bienestar de los jóvenes trans. Con el bloqueo temporal impuesto por Hurson, se abre la puerta a un panorama donde los tratamientos médicos continuarán estando disponibles mientras se resuelva el litigio.
La situación legal sigue desarrollándose y se esperan más actualizaciones a medida que avanza el proceso judicial. Los grupos de defensa de los derechos LGTBI han visto este fallo como una victoria preliminar en su lucha por la protección de derechos y acceso a la atención médica adecuada para todos, independientemente de su identidad de género.