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Udef sitúa a familia chavista Amaro Chacón como pagadores de comisiones a red de Zapatero

La familia, relacionada con negocios de hidrocarburos y actividades de Petróleos de Venezuela S.A., habría realizado pagos y transferencias a través de Inteligencia Prospectiva SL hacia destinos vinculados con el exmandatario español y exsecretario general del Psoe. La Fiscalía sostiene que los fondos investigados tendrían origen en presuntos hechos de malversación cometidos en Venezuela, específicamente relacionados con recursos de los programas Clap y operaciones de venta de oro del Banco de Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional española vinculó a la familia venezolana Amaro Chacón, administradora de la empresa Inteligencia Prospectiva SL, con presuntos pagos de comisiones ilegales dirigidos a una supuesta red relacionada con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue imputado este martes por delitos de tráfico de influencias y otros delitos conexos.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por OKDiario, la familia, relacionada con negocios de hidrocarburos y actividades de Petróleos de Venezuela S.A., habría realizado pagos y transferencias a través de Inteligencia Prospectiva SL hacia destinos vinculados con el exmandatario español y exsecretario general del Psoe.

Según datos del Registro Mercantil, la sociedad Inteligencia Prospectiva SL está administrada por Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La empresa tiene sede en el Paseo de la Habana, en Madrid, y, según las mismas fuentes, también figuraba entre los clientes de Whathefav SL, la agencia de marketing atribuida a las hijas de Rodríguez Zapatero.

El juez José Luis Calama ordenó el registro de las oficinas de Inteligencia Prospectiva SL, así como del despacho del expresidente español ubicado en la calle Ferraz de Madrid y de la empresa Softgestor SL.

La compañía de los Amaro Chacón, cuya actividad principal declarada es la consultoría de gestión empresarial, cerró 2024 con una facturación de 34.936,15 euros y pérdidas por 316.867,43 euros. Además, solo registraba un empleado fijo.

En el expediente judicial, el magistrado sostiene que la firma sería una “sociedad instrumental cuya función es introducir fondos en España y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, encargado de la investigación del caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales, citó a declarar como imputado a Rodríguez Zapatero para el próximo 2 de junio.

Investigación sobre Plus Ultra

En diciembre pasado, en el marco de esta causa, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez; el CEO Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que posteriormente remitió el caso a la Audiencia Nacional.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto uso irregular de los 53 millones de euros otorgados a Plus Ultra por el Consejo de Ministros español en marzo de 2021.

Según la denuncia, parte de esos recursos habría sido utilizada para devolver préstamos concedidos por sociedades presuntamente vinculadas a una trama criminal internacional.

La causa, presentada contra siete personas por presunto blanqueo de capitales, apunta a una supuesta organización con operaciones en Francia, Suiza y España. De acuerdo con la Audiencia Nacional, la red estaría integrada por ciudadanos extranjeros nacionalizados españoles y al menos un abogado español, presuntamente dedicados a actividades de lavado de dinero.

La Fiscalía sostiene que los fondos investigados tendrían origen en presuntos hechos de malversación cometidos en Venezuela, específicamente relacionados con recursos de los programas CLAP y operaciones de venta de oro del Banco de Venezuela.

Además, el Ministerio Público español indicó que Plus Ultra habría figurado como beneficiaria de contratos de préstamo con tres sociedades señaladas dentro de la organización investigada, y que las devoluciones de esos fondos se realizaron poco después de recibir la ayuda pública española, mediante transferencias hacia cuentas extranjeras asociadas a la presunta red criminal.

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