Trump busca cerrar caso de deportaciones de venezolanos a El Salvador
El Gobierno de Trump solicita a una corte que archive el caso por desacato relacionado con la expulsión de migrantes venezolanos a una macrocárcel en El Salvador. La ACLU advierte sobre las implicaciones de esta decisión.
El Gobierno de Donald Trump ha solicitado este martes a una corte de apelaciones que cierre el caso por el presunto desacato que habría cometido la Administración al expulsar a migrantes venezolanos a El Salvador en 2025. La defensa argumenta que el juez, James Boasberg, se extralimitó en sus funciones al ordenar la suspensión de la expulsión de ciudadanos venezolanos.
Este conflicto legal se remonta a marzo del año pasado, cuando el Departamento de Seguridad Nacional ejecutó la expulsión forzosa de venezolanos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una macrocárcel creada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para combatir las pandillas, ignorando la orden del juez federal Boasberg.
En abril de 2025, Boasberg concluyó que había indicios razonables de que funcionarios de la Administración habían incumplido deliberadamente su orden, abriendo la puerta a una investigación sobre los responsables del desacato. Sin embargo, el Departamento de Justicia apeló en diciembre la decisión de investigar.
El Gobierno alegó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien fue destituida en marzo, actuó bajo asesoría legal al desobedecer la orden judicial. En la audiencia de este martes, el abogado del Gobierno, Brett Shumate, argumentó que Boasberg invadió competencias del Departamento de Justicia, afirmando que corresponde a un fiscal determinar si hay pruebas de desacato y quiénes son los responsables.
Shumate criticó la postura del juez, acusándolo de adoptar una "actitud antagónica" hacia la Administración. Sin embargo, varios jueces del tribunal sugirieron que el Gobierno podría estar utilizando a Noem como un "chivo expiatorio" para invocar el privilegio ejecutivo y eludir la responsabilidad en el caso.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a los venezolanos deportados, instó a la corte a permitir que Boasberg continúe la investigación. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, advirtió que cerrar las pesquisas enviaría un mensaje peligroso: que el Ejecutivo puede desobedecer órdenes judiciales y actuar sin rendir cuentas por sus acciones, como las deportaciones que calificó de "atroces".