Tribunales de EE. UU. presionan al Gobierno por información sobre cárcel migratoria en Florida
Jueces han exigido al Gobierno federal y al estatal mayor transparencia sobre su funcionamiento. La jueza Kathleen Williams solicitó a las autoridades revelar los acuerdos legales y operativos entre el Departamento de Seguridad Nacional. Desde su apertura, se han documentado al menos 1.000 detenciones, con seis hospitalizaciones
Dos tribunales federales en el sur de Florida han intensificado el escrutinio sobre el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, el polémico recinto que funciona desde inicios de julio en un aeropuerto abandonado en plena reserva natural de los Everglades.
Jueces han exigido al Gobierno federal y al estatal mayor transparencia sobre su funcionamiento, en medio de demandas separadas promovidas por organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos migratorios.
La jueza Kathleen Williams solicitó a las autoridades revelar los acuerdos legales y operativos entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el estado de Florida. Además, pidió la presentación del estudio de impacto ambiental más reciente del sitio, que preocupa por su ubicación en una zona de alto valor ecológico y presencia de especies protegidas.
Paralelamente, el juez Rodolfo A. Ruiz II autorizó a los demandantes, encabezados por la Aclu y otros grupos de derechos civiles, a exigir al Gobierno detalles sobre las competencias y jerarquías bajo las cuales se administra el recinto. Las organizaciones aseguran que ni el Gobierno estatal ni el federal asumen formalmente la responsabilidad sobre el lugar, lo que les permite eludir obligaciones legales tanto en materia migratoria como ambiental.
“El centro funciona como un limbo legal, donde no queda claro quién está al mando ni bajo qué normas operan las detenciones”, advirtió la Aclu, que denunció que los migrantes se encuentran incomunicados y sin acceso adecuado a asistencia legal o judicial.
El gobernador Ron DeSantis confirmó recientemente que desde el recinto ya se están ejecutando vuelos de deportación, lo que elevó la preocupación de los activistas, quienes advierten sobre un posible crecimiento acelerado del complejo. Actualmente con capacidad para albergar a 2.000 personas, las autoridades estatales han anunciado planes de expansión para duplicar ese número.
Desde su apertura, se han documentado al menos 1.000 detenciones, con seis hospitalizaciones, según los reportes de las organizaciones. Las protestas frente al lugar han ido en aumento. Familias de detenidos y activistas califican el centro como un “campo de concentración moderno” y exigen su cierre inmediato.