Tribunal de EE. UU. exige aviso previo antes de deportar migrantes a terceros países
La decisión se basa en las garantías establecidas por la legislación estadounidense para impedir que una persona sea enviada a un país donde su vida pueda estar en peligro o donde exista riesgo de tortura. La política forma parte de la estrategia de la Administración Trump para acelerar las deportaciones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. El Gobierno estadounidense ha defendido esta práctica argumentando que algunos países de origen se niegan a recibir a sus ciudadanos deportados
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó parcialmente este viernes una decisión de una instancia inferior que impone restricciones a la política del Gobierno de Donald Trump para deportar a migrantes indocumentados hacia países distintos a los de su nacionalidad.
El panel, integrado por tres jueces, determinó que los migrantes que puedan ser expulsados hacia un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo y con suficiente antelación sobre el destino previsto. Esto les permitiría plantear objeciones en caso de considerar que podrían enfrentar persecución, tortura u otros riesgos graves.
La decisión se basa en las garantías establecidas por la legislación estadounidense para impedir que una persona sea enviada a un país donde su vida pueda estar en peligro o donde exista riesgo de tortura.
“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel, que adoptó la decisión de manera unánime.
El magistrado cuestionó además la aplicación de la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al considerar que podría dejar sin acceso efectivo a esas protecciones a numerosos migrantes enviados a terceros países sin conocer previamente su destino.
La política forma parte de la estrategia de la Administración Trump para acelerar las deportaciones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.
En los últimos meses, centenares de migrantes, incluidos ciudadanos latinoamericanos, han sido enviados a países africanos distintos a sus lugares de origen.
El Gobierno estadounidense ha defendido esta práctica argumentando que algunos países de origen se niegan a recibir a sus ciudadanos deportados, lo que dificulta la ejecución de las órdenes de expulsión.
La decisión judicial supone un nuevo obstáculo para la aplicación de esta política, al establecer que los afectados deben contar con información suficiente sobre su posible destino y una oportunidad real para presentar objeciones relacionadas con riesgos de persecución o tortura.
El caso podría llegar a la Corte Suprema
Se espera que el Gobierno de Trump recurra la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos, actualmente integrada por una mayoría de jueces conservadores.
Las deportaciones constituyen uno de los principales ejes de la política migratoria de Trump, quien durante su campaña presidencial prometió expulsar a millones de migrantes indocumentados y, tras regresar a la Casa Blanca, impulsó distintas medidas para acelerar los procedimientos de deportación.
El fallo del tribunal de apelaciones no elimina la posibilidad de deportar a migrantes hacia terceros países, pero establece requisitos relacionados con el aviso previo y la posibilidad de impugnar el destino cuando existan alegaciones de persecución o tortura.