Rodrigo Paz elimina subsidio al diésel en medio de crisis económica
El presidente boliviano anunció la eliminación de la subvención al diésel tras obtener un crédito del FMI. La medida, que ha generado rechazo en algunos sectores, busca estabilizar la economía y destinar recursos a infraestructura.
En un giro drástico que marcará el rumbo económico de Bolivia, Rodrigo Paz anunció la eliminación de toda subvención al diésel, una decisión que llega tras la aprobación de un crédito de 1.900 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). "No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben", afirmó el presidente en un mensaje transmitido por televisión nacional el pasado viernes 19 de septiembre de 2026.
Este movimiento no es solo una respuesta a la crisis económica que arrastra el país, sino un compromiso del gobierno centroderechista de Paz para reducir el déficit fiscal y cumplir con las exigencias del FMI. El mandatario subrayó que el costo del diésel se alineará con el precio de compra internacional, un cambio que se anticipaba desde enero, pero que ahora se materializa en un contexto de urgencia económica.
Paz, quien asumió el poder en noviembre del año anterior, se enfrenta a la herencia de una crisis económica que él atribuye a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. En diciembre de 2025, el precio del litro de gasolina y diésel se duplicó, y el diésel volvió a incrementarse en agosto, alcanzando los 18 bolivianos —casi 2 dólares—. La situación ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas para asegurar la estabilidad económica.
Además de la eliminación del subsidio, el presidente anunció que los recursos que antes se destinaban a esta subvención se redirigirán a la construcción de infraestructura pública, incluyendo escuelas y hospitales. "Subvención o futuro", sentenció Paz, planteando una elección entre mantener un subsidio que le cuesta al estado unos 55 millones de dólares por semana y asegurar un futuro más estable para el país.
En un intento por mitigar el impacto social de esta decisión, el gobierno también anunció un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) para 2,9 millones de personas y la asignación de 800 millones de bolivianos (81,6 millones de dólares) en créditos preferenciales para transportistas, gremios y comerciantes. Sin embargo, la medida ha encontrado resistencia en varios sectores, incluyendo campesinos y chóferes, quienes ya han anunciado protestas en defensa de algún tipo de subsidio.
El futuro de esta política económica se presenta incierto. ¿Logrará el presidente Paz estabilizar la economía boliviana sin desatar un descontento social aún mayor?