Revocatoria del TPS para venezolanos genera preocupación y críticas a la legitimidad del gobierno de Maduro

La reciente revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos ha suscitado gran preocupación, ya que pone en riesgo a más de 600.000 personas de una posible deportación. La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) ha expresado que esta medida, anunciada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es “muy grave”.
La decisión de Noem anula una extensión previamente decretada de 18 meses al TPS, que había sido otorgada por el expresidente Joe Biden antes de finalizar su mandato. Según Veppex, este paso no solo afecta a los venezolanos que buscan protección, sino que también "legitima y beneficia" a la administración de Nicolás Maduro. La organización argumenta que la anulación del TPS sugiere que la situación en Venezuela es manejable y que Maduro es el presidente legítimo, a pesar de las acusaciones de fraude electoral.
En un comunicado, Veppex afirmó: “Revocar el TPS para los venezolanos no solo ilegaliza a un número importante de personas, sino que legitima un régimen que se ha mantenido en el poder mediante la corrupción”. La organización con sede en Miami instó también a los congresistas republicanos de Florida —Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar—, así como al senador Marco Rubio, a intervenir en esta situación y aclarar a Noem que los beneficiarios del TPS no son delincuentes asociados con la banda del Tren de Aragua.
El comunicado de Veppex enfatizó la importancia de distinguir entre criminales y la comunidad venezolana: “Aplaudimos que a los criminales se les expulse de territorio estadounidense, pero rechazamos que quieran convertir a todos los inmigrantes venezolanos en delincuentes. Venezuela no es un país seguro, ni siquiera para los que viven dentro de su territorio”.
La revocación del TPS se produce en el contexto de acciones anteriores por parte de la administración de Donald Trump, que eliminó el parole humanitario para migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, iniciando un clima de incertidumbre para los inmigrantes de estos países.
Este desarrollo amplia la crisis humanitaria, dejando a miles en una situación de vulnerabilidad y generando un debate sobre la responsabilidad Estados Unidos en el manejo de la inmigración y la situación de derechos humanos en Venezuela.