Represión en Cuba: Activistas forzados a desnudarse y amenazados

Mario Víctor Liquí Rodríguez y su esposa, Margarita Barceló Prohías, vivieron una experiencia aterradora que pone de manifiesto la brutalidad del régimen cubano. Según la denuncia de la organización Justicia 11J, ambos fueron interceptados por hombres en un automóvil negro y trasladados a una zona apartada de Casablanca, donde fueron obligados a desnudarse y fotografiados sin su consentimiento.

La organización detalla que los activistas fueron amenazados para que abandonaran sus actividades disidentes. "Ambos fueron obligados a desnudarse completamente, fotografiados o grabados desnudos y amenazados", señala Justicia 11J, que subraya que los hombres los dejaron en el lugar y se llevaron el teléfono celular de Liquí Rodríguez.

Pero este caso no es un hecho aislado. Justicia 11J recordó que el activista José Díaz Silva había denunciado previamente que el ex preso político Mario Alberto Hernández Leyva también fue desnudado y fotografiado durante una acción represiva. Estos episodios han sido calificados como de "extrema gravedad", ya que la desnudez forzada y la obtención de imágenes íntimas sin consentimiento son formas de violencia y coerción.

La organización exigió que se identifique a los responsables y se investigue el uso del material obtenido durante el procedimiento. "Es imprescindible identificar a los responsables y determinar el destino y uso del material obtenido, así como del teléfono y la información privada de las víctimas", enfatizó Justicia 11J.

Liquí Rodríguez, de 32 años, no es nuevo en el radar del régimen. Como delegado del Movimiento Democracia y promotor de Cuba Decide, ha sido detenido y amenazado en múltiples ocasiones. En octubre de 2025, fue arrestado violentamente en su hogar tras colocar carteles en contra del régimen, según denunció el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (Iclep).

El activista cumplió además tres años de prisión política por delitos relacionados con la Seguridad del Estado, daños a la propiedad estatal y "propaganda subversiva". Este nuevo ataque a Liquí Rodríguez y Barceló Prohías se inscribe en un patrón de intimidación que ha sido ampliamente documentado.

La organización de asesoría legal Cubalex reveló que el abandono de opositores en lugares despoblados ha sido una táctica recurrente de la Seguridad del Estado para intimidar a disidentes. En su informe más reciente, documentaron 280 eventos represivos en agosto, que incluyeron 543 incidentes de hostigamiento contra al menos 187 víctimas.

El contexto es alarmante: el aparato estatal prioriza el control coercitivo sobre la garantía de la vida y la seguridad de sus ciudadanos. En medio de una profunda crisis en el acceso a servicios públicos y alimentación, el Estado cubano criminaliza la libertad de expresión y protesta. ¿Hasta dónde llegará la represión en la isla?