Refugiados venezolanos en Colombia denuncian que la embajada nacional puede ser un centro de contrainteligencia
Los refugiados venezolanos en Colombia han expresado su creciente temor tras un ataque sicarial ocurrido el 13 de octubre en el norte de Bogotá, donde resultaron heridos los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche. Este incidente ha encendido alertas sobre la posible implicación del gobierno de Nicolás Maduro y la organización criminal Tren de Aragua según reporta la revista Semana.
El ataque ha incrementado la sensación de vulnerabilidad entre los venezolanos en Colombia, quienes consideran que las amenazas del régimen chavista están concretándose.
Activistas como la exdiputada Gaby Arellano han denunciado una sistemática estrategia de intimidación que podría estar siendo coordinada desde el gobierno venezolano, en especial por el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Las amenazas han causado que muchos refugiados sientan que no cuentan con suficientes garantías de protección, especialmente después del atentado contra Velásquez y Peche, quienes aún se recuperan en un centro médico.
Peche, que recientemente obtuvo la nacionalidad colombiana, y Velásquez, en proceso de solicitar refugio, son símbolos de la inseguridad que viven los migrantes.
Los tiempos de espera para la obtención de refugio han aumentado, lo que ha exacerbado la inquietud entre los solicitantes. Arellano señaló que el prolongado proceso de respuesta por parte de la Cancillería ha dejado a muchos en una situación de incertidumbre. El tiempo de espera, que anteriormente era de aproximadamente ocho meses, se ha alargado considerablemente, y muchos no reciben respuestas de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare).
La percepción de desprotección también ha llevado a varios líderes opositores que se encontraban en Colombia a optar por salir del país.
Además, han surgido denuncias sobre el posible papel de la Embajada de Venezuela en Colombia como un centro de contrainteligencia que recopila información sobre opositores en el país. Arellano afirmó que el embajador, Carlos Eduardo Martínez, proviene de las Fuerzas Militares venezolanas y la embajada no garantiza la seguridad de los venezolanos.
A pesar de las amenazas y la creciente inquietud, las autoridades colombianas han sido criticadas por su lentitud en la respuesta. Arellano cuestionó la falta de acción del presidente Gustavo Petro, acusándolo de complacencia hacia el régimen de Maduro.
Esta situación se agrava con denuncias de intimidación y amenazas que han comenzado a recibir varios refugiados desde hace meses, aumentando con los ataques recientes. Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, también denunció que su asistente fue amenazada por hombres venezolanos, lo que refleja un patrón de hostigamiento sistemático.
