Oposición birmana denuncia la muerte de 88 personas en bombardeos del Ejército este mes
El Gobierno de Unidad Nacional de Birmania denunció 239 ataques aéreos entre el 8 y el 23 de agosto. Según la oposición, los bombardeos dejaron 88 civiles muertos, incluidos 12 menores, y 157 heridos. Las denuncias ocurren mientras millones de personas enfrentan inundaciones y la Unión Europea anunció nueva ayuda humanitaria
Un total de 88 personas, entre ellas 12 menores de edad, murieron este mes en Birmania (Myanmar) durante ataques aéreos atribuidos al Ejército, según denunció este miércoles el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), la principal estructura opositora democrática del país.
De acuerdo con un comunicado del NUG, entre el 8 y el 23 de agosto la junta militar encabezada por Min Aung Hlaing habría realizado 239 ataques aéreos en 11 regiones, mientras millones de personas enfrentaban las consecuencias de graves inundaciones.
La oposición señaló que, además de los 88 fallecidos, los bombardeos dejaron 157 personas heridas, entre ellas 22 niños y adolescentes.
Sagaing concentra el mayor número de víctimas
La región central de Sagaing, considerada un bastión rebelde y donde las inundaciones han dejado cerca de 80.000 damnificados, figura entre las zonas más afectadas.
Según el NUG, 37 personas murieron y 59 resultaron heridas en esa región. Los ataques también destruyeron dos centros de salud y una escuela.
En el estado occidental de Rakáin, fronterizo con Bangladés, se contabilizaron 27 fallecidos y 46 heridos, mientras que en la región central de Magway se reportaron 11 muertos y 24 lesionados.
El Gobierno de Unidad Nacional calificó los ataques como presuntos crímenes de guerra y acusó a la junta militar de continuar bombardeando zonas donde la población civil enfrenta los efectos de las inundaciones.
UE anuncia nueva ayuda humanitaria
Las denuncias se producen mientras la Unión Europea (UE) anunció este mes una partida adicional de 10,5 millones de euros destinada a atender la crisis humanitaria en Birmania, agravada por el conflicto armado y las inundaciones.
Grupos opositores han solicitado que estos recursos no sean canalizados a través del Gobierno militar, al que acusan de obstaculizar las labores de rescate y de detener a trabajadores humanitarios, además de confiscar medicamentos y alimentos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también denunció un deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos en el país, con ataques atribuidos tanto al Ejército como a grupos que disputan el control territorial.
Las acusaciones ocurren en medio de la transición política impulsada por la junta militar tras el golpe de Estado de 2021, proceso que busca obtener reconocimiento internacional.