ONU denuncia aumento de la represión política y violaciones de derechos humanos en Nicaragua
Al menos 546 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y alrededor de 76 están aún detenidos de manera arbitraria.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este lunes sobre el continuo deterioro de la situación política en Nicaragua y subrayó un grave clima de represión. Según la oficina, desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y alrededor de 76 están aún detenidos de manera arbitraria.
La alta comisionada adjunta para derechos humanos, Nada al Nashif, presentó un actualización de la situación, destacando que las autoridades están impulsando reformas destinadas a concentrar más poder en la Presidencia y a criminalizar la disidencia.
Entre los expatriados, 135 fueron expulsados solamente en septiembre. Al Nashif destacó que muchos de estos individuos están actualmente en un estado precario en el extranjero, a menudo sin estado definido y con sus activos confiscados. Según ella, el gobierno se niega a renovar los pasaportes de estos nicaragüenses en el extranjero, eliminando efectivamente su identidad legal y cortando su conexión con la patria.
Además, Al Nashif denunció detenciones arbitrarias de varios oponentes políticos, líderes indígenas, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos. En los últimos días de noviembre, señaló que al menos 30 personas, incluyendo tres niños, fueron detenidas arbitrariamente.
Citó información recibida por su oficina que revela violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas y condiciones de detención deplorables, así como torturas físicas y psicológicas, incluyendo privación de sueño y negación de atención médica.
La adjunta Al Nashif mencionó los casos de abusos individuales, incluyendo a Angélica Chavarría, pareja del general retirado Humberto Ortega, quien falleció en septiembre mientras estaba detenido. Ambos están desaparecidos.
En lo que respecta a las preocupantes reformas legales, Al Nashif hizo referencia a las que expanden los poderes del Estado para perseguir supuestos delitos cometidos incluso fuera de Nicaragua. Estas leyes, que consideran las actividades en redes sociales como posibles amenazas a la "estabilidad social", allanan el camino para mayor persecución política y la erosión de los derechos fundamentales, enfatizó.
Instó a la liberación inmediata de todas aquellas personas privadas de libertad de forma arbitraria y pidió el final de las desapariciones forzadas y los casos de tortura y maltrato.
Según Al Nashif, la crisis de los derechos humanos en Nicaragua "se está profundizando", y agregó que es esencial que el país regrese a una senda democrática y establezca un diálogo constructivo para ese objetivo.