Nueva York prohíbe cooperación de policías locales con ICE en casos migratorios civiles
La gobernadora Kathy Hochul defendió la medida y afirmó que la policía debe concentrarse en delitos locales y no en deportaciones. La nueva normativa busca impedir que ICE utilice a cuerpos policiales locales para ejecutar políticas federales de deportación. Autoridades policiales de Nueva York advierten que involucrar a agentes locales en asuntos migratorios civiles puede afectar la confianza de las comunidades
El estado de Nueva York prohibió por ley la cooperación entre los cuerpos de policía locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en procedimientos migratorios civiles, una medida que busca limitar la participación de las autoridades locales en la política federal de deportaciones del Gobierno de Donald Trump.
La gobernadora demócrata, Kathy Hochul, señaló que la nueva legislación, denominada Policía local, crímenes locales, impide que ICE utilice a las fuerzas policiales estatales y locales para ejecutar su agenda migratoria, salvo cuando exista un delito.
Hochul sostuvo que los cuerpos policiales deben concentrarse en responder ante delitos y no participar en acciones migratorias civiles.
"Estamos menos seguros"
El jefe de Policía de Albany, Brendan Cox, respaldó la separación entre las funciones policiales locales y la aplicación de las normas migratorias civiles.
Cox advirtió que la confianza de los residentes puede verse afectada cuando las fuerzas locales participan en operaciones migratorias federales. Según explicó, esa pérdida de confianza puede provocar que víctimas y testigos de delitos eviten acudir a la Policía.
El jefe policial afirmó además que, desde que inició su carrera en 1994, el cuerpo de Albany nunca se había dedicado a investigar casos migratorios civiles.
Otros responsables policiales también cuestionaron los acuerdos de cooperación federal conocidos como 287(g), que permiten determinadas funciones migratorias a agentes estatales y locales.
Excepciones y aplicación de la ley
Hochul aseguró que la normativa ha prevalecido ante demandas presentadas en tribunales y afirmó que 60 de los 62 condados del estado ya cumplen en la práctica con sus disposiciones.
La gobernadora también desafió a las autoridades locales que pretendan cuestionar la legislación.
Entre las excepciones figura el condado de Nassau, donde las autoridades locales mantienen una postura diferente frente a la cooperación con las autoridades migratorias federales.
La medida se produce en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la Administración Trump y de las diferencias entre el Gobierno federal y varios estados y ciudades sobre el papel de las policías locales en las deportaciones.