Nueva ley fiscal de Trump impone cobro por solicitar asilo, TPS y permiso de trabajo
La legislación contempla un gasto sin precedentes en seguridad interior, centrado en el control migratorio. El texto fue aprobado en la Cámara de Representantes este jueves y pasará ahora al escritorio del presidente Trump. La ley establece un nuevo impuesto del 1 % sobre las remesas enviadas al extranjero
El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves una nueva ley fiscal y presupuestaria que destinará miles de millones de dólares a reforzar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, incluyendo un aumento drástico en detenciones, deportaciones y construcción de infraestructura fronteriza.
Impulsada por la mayoría republicana en ambas cámaras, la legislación contempla un gasto sin precedentes en seguridad interior, centrado en el control migratorio. Críticos del proyecto han advertido que su implementación tendrá efectos «caóticos» sobre las comunidades migrantes y la economía estadounidense.
El texto fue aprobado en la Cámara de Representantes este jueves y pasará ahora al escritorio del presidente Trump, quien planea firmarlo en un acto oficial este viernes 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia.
La ley asigna cerca de 170,000 millones de dólares para los próximos cuatro años. Entre los principales objetivos: Contratación de 20,000 nuevos agentes para el ICE y la CBP, Construcción de nuevos centros de detención y Desarrollo de tecnologías de vigilancia, incluyendo herramientas de inteligencia artificial.
Más de $46,500 millones serán invertidos directamente en la construcción y expansión del muro fronterizo.
Se estima que el número de migrantes detenidos podría pasar de 50,000 a más de 200,000 en todo el país, según proyecciones del centro conservador CATO Institute. A su vez, el American Immigration Council (AIC) calcula que podría haber hasta 116,000 arrestos diarios de personas sin ciudadanía.
La magnitud de estas medidas no solo socavará la seguridad pública, sino que desatará caos en numerosas comunidades”, advirtió Nancy Gupta, directora del AIC.
Un análisis del Economic Policy Institute señala que una política de deportaciones masivas, con el objetivo de expulsar hasta un millón de personas al año, tendría consecuencias graves para el mercado laboral. Al menos 6 millones de empleos estarían en riesgo, entre ellos 3.3 millones ocupados por migrantes y otros 2.6 millones por ciudadanos estadounidenses que dependen directa o indirectamente de su mano de obra.
Además, la ley establece un nuevo impuesto del 1 % sobre las remesas enviadas al extranjero, lo que afectará a millones de familias fuera del país. En 2023, EE.UU. fue el mayor emisor mundial de remesas, con más de $85,800 millones, según el Migration Policy Institute.
La legislación también elimina el acceso a ciertos beneficios fiscales para familias con miembros indocumentados, incluyendo el crédito fiscal por hijos. Asimismo, se reducen los fondos federales de Medicaid para estados que brindan servicios médicos a migrantes sin estatus legal y se restringe el acceso a seguros de salud subsidiados, incluso para algunos migrantes con estatus legal como visas de trabajo o TPS.
El presupuesto contempla también un aumento de tarifas en trámites migratorios clave: $100 dólares por solicitar asilo (anteriormente gratuito), $550 dólares por permiso de trabajo, con solo seis meses de validez, $100 anuales para quienes tienen una solicitud de asilo pendiente., $900 dólares para apelar decisiones de jueces migratorios (antes $110), $500 dólares para solicitar Estatus de Protección Temporal (TPS).
Estas medidas endurecen aún más el acceso a vías legales de permanencia en el país y representan un obstáculo significativo para quienes huyen de situaciones de persecución o violencia en sus países de origen.