Nicolás Petro admite recepción de dinero de narcotraficante para la campaña electoral de su padre

El caso del hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, sacó a flote el origen de recursos empleados en la campaña electoral del 2022, donde al parecer, se usó dinero proveniente de personas no muy bien vistas ante la ley.
Así lo informó el fiscal del caso, Mario Burgos, quien dijo en una audiencia pública que, como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia, Petro Burgos aportó información relevante que la Fiscalía desconocía sobre hechos que conoce y son de preocupación para el país.
“En realidad, de dicho dinero, una parte ingresó a sus arcas y otra a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego”, manifestó el fiscal.
Burgos detalló que en el acuerdo de colaboración, Petro Burgos corrobora y ratifica la teoría del caso de la Fiscalía sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos que resultaron respaldados con suficientes pruebas legalmente obtenidas.
Nicolás también admitió que sí recibió altas sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra, un narcotraficante conocido como “El hombre Marlboro”, como reveló a la prensa en marzo pasado su exesposa, Daysuris Vásquez, también detenida y procesada por lavado de activos y violación de datos personales.
Los nombres de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca y Óscar Camacho, empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, también salieron a relucir. Al parecer, también le entregaron dinero a Petro Burgos para la campaña.
“Una parte de este dinero lo utilizó el mismo Nicolás Petro Burgos y su esposa (de entonces) para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y poder blanquear los dineros. Otra parte de ese dinero fue invertido en la campaña presidencial del año 2022”, agregó el fiscal Burgos.
El funcionario también aseguró que la campaña presidencial pudo haber superado los topes permitidos por la ley y una parte de ese capital no se reportó ante las autoridades electorales.